La crisis inflacionaria que estamos padeciendo afecta a muchas familias en materia de alimentación. Vulnerables y no tan vulnerables. No creo que descubra nada nuevo. Según los últimos estudios de Cáritas, en nuestro país, España, el 23% de la población ha reducido gastos en alimentación por problemas económicos. Recordemos que es un derecho básico. Como la vivienda.
No poder acceder en España, en Málaga concretamente, a una cesta de la compra digna, está deteriorando, incluso emocionalmente, a muchas personas. Hay casas que están reduciendo o eliminando otros gastos, como las actividades extraescolares, para poder afrontar la compra en comida.
Abordar el acceso al legítimo derecho a la alimentación requiere miradas largas. No es cuestión de medidas paliativas e inmediatas. Ni de poner tiritas a una hemorragia con recogidas de alimentos. Por cierto, que quede claro, mi más sincero reconocimiento a quien busca cómo ayudar. Pero es necesario fortalecer una atención integral, planificada y coordinada entre los diferentes sectores implicados públicos y privados. Para evitar, también, que haya quien se aproveche de la buena voluntad de las personas. ¿Acaso no hay excedentes de alimentos? ¿Cómo se coordinaría eficazmente la ayuda, respetando la protección de datos, si no se puede cruzar la información personal?
Desde Cáritas, que como se sabe es Iglesia Católica, se insiste que la cobertura al derecho a la alimentación debe pivotar sobre la dignidad, la autonomía y la libertad de las personas más vulnerables. Por tanto, no todo valdría para cubrir una necesidad tan básica como la alimentación. Dejemos el asistencialismo. En una sociedad de consumo tan feroz como la nuestra, los pobres necesitan elegir libremente qué quieren comprar para cubrir sus necesidades básicas; como decía un padre de familia en exclusión «también nosotros queremos ir al supermercado y comprar lo que necesitamos para alimentar a nuestros hijos».
Artículo publicado en la sección de Opinión del Diario Sur del lunes 28 de noviembre de 2022
