Cáritas lleva muchos años acompañando a mujeres víctimas de todo tipo de violencias. En 2022, nuestra red diocesana acompañó a través de diferentes programas especializados en todo el territorio a un total de 3.700 mujeres en situaciones de violencia machista. De ese total, 626 eran víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja, 10 sufrían otro tipo de violencias, mientras que las 3.064 restantes se encontraban en contextos de prostitución. De ellas, 892 eran víctimas de explotación sexual, mientras que 258 presentaban algún indicio de trata.
Durante los procesos de acompañamiento, Cáritas ha detectado que los tiempos de recuperación son cada vez más largos. Una de las causas de esta situación es las graves dificultades del acceso a la vivienda. “A las graves secuelas en su salud física y mental, se suma la escasez de vivienda social y los precios desorbitados de alquiler, tanto de pisos como habitaciones, hace cada vez más imposible que las mujeres que se encuentran en el circuito de recuperación puedan hacer el salto a una vida libre y autónoma”, explica Noelia de Pablo, responsable del programa de mujer, prostitución y trata de Cáritas Española.
Esta lentitud de los procesos, tiene a su vez incidencia en los proyectos, ya que al ser más difícil la movilidad, hay un colapso del sistema, lo que conlleva una mayor desprotección y acompañamiento.
Según los últimos datos publicados por Cáritas, con motivo del Día de Personas sin Hogar, dos de cada diez personas en situación de sinhogarismo -atendidas en 2022- eran mujeres. “Esta realidad va en aumento año tras año. Es importante que todos tomemos conciencia sobre las experiencias de violencia y abuso físico y emocional que viven en muchas ocasiones estas mujeres tanto en la infancia y/o en la edad adulta con los traumas emocionales asociados que estas heridas causan en ellas y en sus hijos”, indicó Noelia de Pablo.
A través de sus proyectos y programas, la red de Cáritas advierte además sobre las enormes desigualdades y elevada dependencia económica que sufren las mujeres, sobre todo las más mayores. “Estas situaciones se reflejan, por ejemplo, en las pensiones de viudedad y las pensiones no contributivas que afectan en su mayoría a las mujeres en edades más avanzadas, cuestión íntimamente relacionada con la histórica desigualdad en el acceso al empleo y la inexistencia de un sistema de cuidados”, subraya Noelia de Pablo.
Cáritas también detecta situaciones de gran vulnerabilidad entre las mujeres víctimas de violencia machista, sobre todo por la falta de redes de apoyo y de autonomía económica por contar con trabajos precarios y la necesidad de conciliación por el cuidado de menores.
Compromiso social y político
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo, 25 de noviembre, Cáritas se une al llamamiento del Papa Francisco de acabar con la violencia contra la mujer. “Cuánta violencia contra las mujeres. Basta. Herir a una mujer es ultrajar a Dios, que tomó la humanidad de una mujer”, aseguró el Santo Padre durante su homilía en la Solemnidad de la Madre de Dios, el 1 de enero de 2022.
Cáritas además insta a que las Administraciones públicas, responsables políticos, agentes económicos y sociales, la comunidad cristiana y la sociedad en su conjunto tomen conciencia de esta lacra social.
Por ello, en sus propuestas políticas presentadas en junio a los partidos políticos urge la “protección efectiva de las víctimas de violencia machista”. A través de este documento, Cáritas recomienda ampliar el concepto de violencia de género -previsto en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre- a todas las formas de violencia machista. Además, solicita unificar a nivel estatal los criterios y flexibilizar los procedimientos de acreditación de la condición de víctima para garantizar así el acceso efectivo a derechos de todas las mujeres que sufren violencia machista en cualquier ámbito de su vida con independencia del territorio y de su situación administrativa.
“La normativa estatal contempla un concepto restrictivo de violencia machista lo que limita su ámbito de aplicación y protección. A nivel autonómico, además existe diversidad en relación con el concepto y el proceso de acreditación de la condición de víctima lo que provoca diferencias en función del territorio en el acceso a derechos (vivienda, empleo …), medidas de protección o a prestaciones sociales”, asegura Raquel Benito del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.
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