Cáritas Diocesana de Tenerife ha presentado esta mañana en el Cabildo de Tenerife su III Informe sobre Exclusión Residencial Extrema en la Isla, en colaboración con la propia entidad insular. El acto estuvo presidido por la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, quien estuvo acompañada por el secretario general de la institución católica, Ricardo Iglesias. El coordinador de dicho informe y del proyecto de Unidades Móviles de Atención en Calle para personas sin Hogar (UMAC), José Antonio Díez, fue el encargado de exponer los datos principales del mismo.
Según los datos recogidos por Cáritas, en 2022 encontramos un total de 2.261 personas en situación de exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife, la mayor parte de las cuales se localizan en los municipios de Santa Cruz de Tenerife (un 39,14% del total), San Cristóbal de La Laguna (14,64%), Arona (13,31%), Adeje (6,50%) y Puerto de la Cruz, con un 5% del total de casos.
Problemática y temporalidad
En cuanto a la problemática y temporalidad de la misma, el estudio elaborado por Cáritas y el Cabildo establece que casi cuatro de cada diez personas en exclusión residencial extrema llevan entre 13 y 36 meses en esta situación, y más de un 20% superan los diez años en situación de sinhogarismo. No en vano, el sinhogarismo es un fenómeno amplio que afecta desde distintos niveles, con múltiples problemáticas y sin una solución única.
Desde la perspectiva global, existe un reconocimiento de una cuestión generalizada, vinculado a la dificultad de acceso a la vivienda, que dentro del marco europeo se está convirtiendo en un tema principal estructural, que afecta, cada vez con mayor prejuicio, a las distintas capas de la población en general. Especialmente en los niveles de población en situación de exclusión. Con respecto a Canarias, estaríamos hablando de un 29,1% de la población en situación de exclusión social. De este conjunto, un 14% corresponderían a situaciones de exclusión social severa, donde se puede asegurar que en un 88,8% de estos hogares, la concurrencia de condiciones de vivienda insegura e inadecuada determina la situación de exclusión residencial severa.
Estudios anteriores
En el año 2021, Cáritas Diocesana de Tenerife, en colaboración del Cabildo de Tenerife, publicaron el primer estudio “Las personas en exclusión residencial extrema en Tenerife”. En él se aportaba la información recopilada en el segundo semestre de 2020. Y en el año 2022 se publicó el estudio “Exclusión residencial Extrema en Tenerife en tiempos de COVID”. Aportando la información recopilada durante el año 2021. Este documento aporta actualmente la recopilación de información relativa al año 2022.
En esta línea, desde Cáritas venimos denunciando que “la cronificación de las personas sin hogar representa un claro ejemplo de las carencias estructurales de nuestra sociedad y el sistema de protección social, reflejo de un incumplimiento constante y reiterado de los derechos fundamentales de estas personas”, sin encontrar una solución permanente a sus necesidades básicas vinculadas al derecho de acceso a la vivienda. Esta situación se agrava por una serie de factores complejos, como la falta de acceso a servicios de vivienda asequibles, la falta de empleo y apoyo social, así como los desafíos de salud mental y adicciones.
A medida que estas personas enfrentan dificultades constantes para satisfacer sus necesidades básicas, se vuelven cada vez más vulnerables y experimentan una mayor exclusión social. Al igual que en los estudios realizados en 2021 y 2022, el porcentaje de mujeres en esta situación supera el 25%, la mayor parte de las cuales son víctimas de violencia, abusos y agresiones. Por ello, hablamos de una doble discriminación y mayor grado de vulnerabilidad, la propiamente dicha del sinhogarismo y el hecho de ser mujer.
Las mujeres sin hogar a menudo enfrentan la violencia institucional, que se produce a través de políticas, prácticas y actitudes discriminatorias en los sistemas de ayuda y servicios sociales. Esto puede incluir la negación de servicios básicos, la falta de acceso a refugios seguros frente a la violencia de género al contar con problemas de salud mental o adicciones y la falta de apoyo adecuado para salir de la situación de falta de vivienda. Es importante destacar que estas experiencias no son universales y pueden variar según el contexto y la ubicación geográfica. Sin embargo, la falta de vivienda en sí misma aumenta significativamente la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia y dificulta su capacidad para buscar ayuda y protección.
Estigmatización
En cuanto a los diferentes grupos de edad, los mayores rangos se sitúan entre los 26 y 65 años, representando el 71,61%. Otra similitud con los dos estudios anteriores es la edad media de las personas identificadas en el presente estudio, con 45,6 años, en el caso de los hombres y de 35,4 en mujeres. De igual modo, el estudio realizado por Cáritas destaca que el derecho a la salud es fundamental para aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión residencial extrema. Lamentablemente, a menudo se enfrentan a barreras significativas para acceder a servicios de atención médica adecuados. La falta de vivienda y la inestabilidad de su situación dificultan el acceso regular a servicios de salud, lo que puede resultar en problemas de salud no tratados, enfermedades crónicas sin control y una mayor vulnerabilidad a enfermedades infecciosas. Además, las personas sin hogar a menudo enfrentan estigmatización y discriminación en el sistema de salud, lo que puede dificultar aún más su acceso a la atención médica.
Pueden enfrentar barreras como la falta de documentos de identidad, la falta de transporte o la falta de información sobre los servicios disponibles. Estas dificultades hacen que sea crucial brindar servicios de salud específicos, incluyendo atención médica en recursos específicos de atención, incorporar técnicos sanitarios vinculados al SCS a las unidades móviles de acercamiento, y programas de salud mental que aborden las necesidades particulares de esta población vulnerable, especialmente desde la atención de la Patología Dual (presencia simultánea de una patología de salud mental y una adicción), una de las grandes abandonadas por el sistema sanitario.
En cuanto a la procedencia de la persona, el análisis realizado por Cáritas muestra una amplia representación de nacionalidades, como en años anteriores, alcanzando las 71 nacionalidades incluyendo la española, que representa el 62,23% del total, lo que supone un aumento en casi un 5% con respecto al año anterior.
En este sentido, y debido a la falta de capacidad y recursos para hacer frente a la situación que atraviesa el colectivo de personas migrantes, muchas personas se encuentran sin alojamiento adecuado una vez que llegan a las Islas. Algunos de ellos terminan durmiendo en la calle, en plazas públicas o en condiciones muy precarias en campamentos improvisados. Así, la falta de una red de apoyo y de su reconocimiento en acceso a derechos fundamentales, junto con las dificultades para acceder a servicios básicos como comida, agua potable y atención médica, ha generado sumar esta realidad al colectivo de personas sin hogar en Tenerife.
Falta de respuestas
En definitiva, el informe elaborado por Cáritas pone de manifiesto que las personas en situación de exclusión residencial extrema ven negado el ejercicio de su ciudadanía y son privadas del acceso a muchos de sus derechos básicos, como la asistencia sanitaria, la vivienda, la protección social, el empadronamiento o la participación vecinal. Por ello, desde Cáritas seguimos reclamando la implementación de políticas públicas reales de acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía, priorizando en los colectivos más vulnerables. En esta línea, seguimos proponiendo una serie de medidas a nivel regional y local, entre las que se incluyen visibilizar la realidad del sinhogarismo en Tenerife, dar claves a la población para comprender las dinámicas de exclusión residencial sin caer en el victimismo y en el paternalismo; sensibilizar y responsabilizar a la sociedad canaria y crear canales y espacio de acción para que las personas se puedan comprometer con el derecho a una vivienda digna.
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