El proceso de regularización de personas inmigrantes es “un acto de justicia social”. En estos términos se ha referido Miguel Carbajo, director de Cáritas Diocesana de Sevilla, a la medida que se está poniendo en marcha para que más de 550.000 personas consigan una autorización de residencia y trabajo en España. Una disposición que se inició con la iniciativa legislativa popular que han refrendado en torno a 710.000 españoles (la ley establece medio millón de firmas), una cifra sin precedentes en la historia democrática española.
En declaraciones al programa ‘Iglesia Noticia’ de COPE Sevilla, Carbajo recordó que la Iglesia se ha implicado de forma activa en esta iniciativa “fundamentada en la Doctrina Social de la Iglesia y también en el Evangelio”. Además de Cáritas, desde el primer momento han respaldado esta acción entidades eclesiales como la CONFER, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. “Creo que es un momento muy importante de reconocer la dignidad de muchísimas personas que están en una situación de exclusión evidente”, ha afirmado.
“Reflexiones muy interesadas y absolutamente tendenciosas”
Sobre la polémica que ha suscitado la puesta en marcha de este proceso, el director de Cáritas Diocesana ha señalado voces contrarias a la medida, fundamentadas en “un planteamiento yo creo que erróneo, desde el punto de vista social, sobre cómo acercarse a estas personas”. En esta línea, afirma que se están haciendo reflexiones que califica como “inadecuadas, incorrectas, muy interesadas y absolutamente tendenciosas”.
Ha aclarado que los requisitos que deben cumplir las personas que quieran sumarse a esta medida de regularización son “relativamente sencillos”: Haber entrado en España antes del 1 de enero de 2026, carecer de antecedentes penales de manera certificada (en los últimos cinco años de residencia), aportar el informe de vulnerabilidad, o cualquier situación reconocida de vulnerabilidad y tener el pasaporte. En este último punto advierte que se admite también el pasaporte caducado, ya que hay muchos países en los que es difícil acceder a una renovación del mismo.
‘Regularizados’, no nacionales
El director de Cáritas Diocesana de Sevilla adelanta que “estas personas no pasarán a ser ciudadanos españoles a todos los efectos”. Se les reconocerá una autorización de residencia, pasando a ser ‘regularizados’, a tener una autorización de residencia y trabajo. Carbajo apunta que esta autorización les permitirá residir y trabajar, pero no otros derechos que se han publicado de forma errónea. Es el caso del derecho al voto: “No tiene ningún fundamento, porque no podrán votar. Es uno de los bulos más habituales, ya que para poder votar necesitas tener la nacionalidad”, añade. En el caso de las elecciones municipales, se precisa un convenio con el país de origen y un tiempo de residencia superior a los cinco años.
Miguel Carbajo subraya que los derechos de participación social van a estar mermados, “pero al menos se van a subsanar muchos problemas de acceso a la educación y a una sanidad más o menos plena, pero el derecho al voto -reitera- no es factible antes de que consigan la nacionalidad”. La ley, además, establece un tiempo de regularización en nuestro país y superar los exámenes. “El de conocimiento sociocultural que elabora el Instituto Cervantes no es tan fácil”, comenta Carbajo en ‘Iglesia Noticia’.
Respuestas a cuestiones polémicas
Cáritas de Sevilla ha dispuesto una amplia documentación aclaratoria de este proceso, que ha enviado a las parroquias y templos de la Archidiócesis y ha compartido por sus perfiles en redes sociales. Entre ella, un argumentario con preguntas frecuentes y aclaraciones a las cuestiones, muchas de ellas equivocadas, que más polémica han levantado.
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