El Proyecto de Ley de Educación, aprobado como tal en Consejo de Ministros el pasado mes de Julio, constituye un desafío formidable al derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, a la libertad de elección de centro y a la posibilidad de impartir la Religión en la escuela. Está en juego no sólo la calidad de la enseñanza, la autoridad de los docentes y la formación integral de los alumnos, sino la libertad de los padres a elegir para sus hijos el tipo de educación que consideren mejor y el derecho de la sociedad a promover propuestas educativas acordes con sus ideas y sus convicciones.
Desde el punto de vista cristiano y religioso en general, está en peligro la posibilidad del derecho constitucional a recibir en la escuela la enseñanza de la Religión que los padres soliciten libremente para sus hijos.
Si se lleva a la práctica este proyecto tal como está, el Estado quedaría como el único promotor legítimo de centros de enseñanza y el mentor ideológico exclusivo de lo que los niños deben o no deben conocer.
En semejante estado de cosas, es necesario que las familias tomen cartas en este asunto y exijan sus derechos humanos y constitucionales. Los católicos deben tener en cuenta, como enseña el Vaticano II, que “el afán por informar con espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive, es hasta tal punto un deber y una obligación propia de los seglares que nunca podrá ser realizada convenientemente por otros” (AA 13). Y también, que “la tarea de impartir la educación, que compete en primer lugar a la familia, necesita la ayuda de toda la sociedad”. (GE 3).
No me gusta ningún tipo de alarma social, pero el Proyecto de Ley de Educación aprobado por el Consejo de Ministros, la negativa del gobierno a dialogar con los padres católicos que han recogido y presentado tres millones de firmas y la intransigencia de los gobernantes ante la propuesta de la Conferencia Episcopal Española para resolver estas cuestiones mediante un diálogo en el que participen los diversos grupos políticos y sociales me parecen preocupantes en grado sumo.
Como Obispo, no me corresponde apuntar las iniciativas concretas que se deben intentar en este momento tan delicado, pero tengo el deber moral y el derecho de llamar la atención de los padres para que participéis, cada uno según vuestras posibilidades, en el debate y para que emprendáis las acciones que consideréis necesarias y pertinentes, siempre dentro del respeto a nuestra constitución. Todavía tenéis alguna posibilidad de actuación, pues falta el trámite parlamentario para que este proyecto se convierta en Ley. Recordad que está en peligro el derecho a educar a vuestros hijos que os asiste a los padres y la libertad de elegir el tipo de educación que consideréis más acorde con vuestras convicciones.
El comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que se puede consultar en www.conferenciaepiscopal.es, constituye un buen servicio para estar bien informados.
+ Antonio Dorado
Obispo de Málaga
