El IX Informe de la Fundación del Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA) sobre Exclusión y Desarrollo Social en Canarias, que se ha presentado este jueves en La Laguna, deja constancia de un aumento preocupante de la exclusión social severa en las Islas, según han aclarado posteriormente a este diario desde el organismo creado en su momento por Cáritas. “Este informe es una herramienta para acercarnos a la realidad desde la mirada de las personas más vulnerables. Un esfuerzo necesario para hablar de empleo más allá de la tasa de paro, para hablar de exclusión social más allá de la pobreza económica”, aclara Daniel Rodríguez de Blas, técnico del Equipo de Estudios y de la Fundación FOESSA de Cáritas Española, quien subraya que la exclusión se ha ensanchado, implicando que el 29,1% de los habitantes de la comunidad autónoma, algo más de 630.000 personas, se encuentran en una situación de “desventaja importante”.

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Más grave es el aumento del grupo de los más frágiles aumenta un 15% de las situaciones de exclusión severa, alcanzando a más de 300.000 personas, es decir, que las personas en situaciones más críticas ya representan casi la mitad de las personas presentes en el espacio de la exclusión social.

Es preciso subrayar que los niveles de pobreza monetaria y desigualdad son altos y persistentes para muchas familias canarias. No obstante, aunque en los últimos años se ha reducido la distancia con España, las tasas de pobreza siguen siendo en el Archipiélago superiores a las registradas en el conjunto del estado y afectan, en su versión más severa, a cerca de 425 mil canarios (19,6% en Canarias por 11,3% en España).

Las medidas de distanciamiento social para combatir la pandemia han traído consigo una digitalización que se está revelando como un nuevo factor de exclusión: la brecha digital, que afecta al 30% de los hogares canarios y, en mayor medida, a los hogares en exclusión severa, pues un 44% de estos hogares no tienen acceso al mundo digital.

Según los datos recogidos en el informe, esta crisis está “feminizando” aún más el espacio de la exclusión, pues en 2021 la brecha entre los hogares encabezados por hombres y los encabezados por mujeres se ha incrementado notablemente y como resultado, el 28% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer se encuentra en situación de exclusión frente al 22% donde la figura sustentadora es un hombre.

La segunda brecha hace referencia al origen. Los datos concluyen que ser extranjero en el Archipiélago Canario supone una enorme desventaja, pues cerca de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero (47%) se encuentra en situación de exclusión; esto significa casi el doble de exclusión que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, lo que dibuja una nueva línea de exclusión en esta “sociedad fracturada”.

Estos son perfiles que la Fundación FOESSA lleva tiempo dibujando como colectivos desfavorecidos, pero en esta ocasión hay que sumar uno novedoso: ser joven, pues uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años están afectados por procesos de exclusión social (33%), lo que les impide dibujar proyectos de vida para hacer la transición a la vida adulta.

Otro colectivo que acumula mayores factores de vulnerabilidad es el de las familias con hijos. La tasa de exclusión entre los hogares con niños, niñas o adolescentes es del 35% frente al 17% cuando sólo hay adultos. Por tanto, tener hijos o hijas está penalizado y las necesidades derivadas de la crianza lastran a las familias y a sus condiciones de vida.

Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo, lo que genera más trabajadores pobres y niveles más bajos de realización personal y social.

Durante esta crisis, la precariedad se ha triplicado en Canarias y alcanza casi 130.000 hogares (15%) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave.

En estos momentos, que el sustentador se encuentre en paro de larga duración es una realidad que alcanza a más de 50.000 familias y el desempleo total familiar casi se ha duplicado, y hoy existen en Canarias más de 120.000 núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro.

Además del empleo, la vivienda y la salud son otros grandes motores de la exclusión en las Islas. Más de 180 mil hogares (21%) han abandonado tratamientos médicos o han dejado de comprar medicinas por problemas económicos, una realidad que se dispara entre los hogares en situación de exclusión que afecta a más de la mitad (56%).

Pero es la salud mental una de las grandes revelaciones de esta crisis pues sufrir algún trastorno o enfermedad de salud mental, se ha multiplicado por cuatro y ahora alcanza al 19% de la población canaria (más de 400.000 personas).

En el ámbito de la vivienda, la dificultad en el pago es la casuística que más se repite. La combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 165 mil familias (19%), una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza severa.

Existe, por tanto, un problema grave de acceso a derechos humanos como la salud o la vivienda. Esta dificultad aparece vinculada con el limitado acceso a unos ingresos que los aseguren y que dependen de un mercado laboral que expulsa y precariza a las personas trabajadoras.

Aunque todavía existe un amplio margen de mejora frente a esta situación, el informe determina que es necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con las siguientes propuestas básicas que sugiere Cáritas regional del Archipiélago canario:

1.- Reimpulsar el modelo de políticas públicas sociales en su conjunto. La magnitud de la exclusión severa en Canarias demanda un continuo proceso de adaptación, transversalidad e integralidad tanto del modelo de trabajo social como del modo de organización de las políticas públicas.

2.- Mejorar los canales de acceso y la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio de la protección social. Solo el 15% de las personas en situación de pobreza severa en Canarias percibe actualmente esta ayuda.

3.- Poner en marcha políticas integrales y transversales frente a la exclusión residencial. 75.000 familias sufrieron retrasos o no tuvieron dinero suficiente para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el alquiler o la hipoteca.

4.- Disponer de políticas públicas que pongan los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Sin olvidar que es preciso mantener las puertas no digitales abiertas, de forma que el proceso de adaptación de las personas más excluidas de la digitalización, no les deje fuera.

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