Ante la situación social y política en España, los obispos reunidos en asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, compartimos la preocupación que suscitan la actual polarización ideológica, la crispación social y los episodios de desencuentro. Inspirados en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, fieles a nuestra misión que nos invita a ofrecer una orientación moral, iluminar las conciencias e impulsar la búsqueda de soluciones a los desafíos del momento actual, queremos compartir con el Pueblo de Dios y la sociedad española, la siguiente reflexión:
Benedicto XVI, citando el Concilio Vaticano II, afirma que “la Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende de ninguna manera mezclarse en la política de los Estados. No obstante, tiene una misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia en favor de una sociedad a medida del hombre, de su dignidad y de su vocación” (Caritas in Veritate 9). Como afirma el Evangelio, “la verdad os hará libres” (Jn 8,32).
El papa Francisco, con la imagen del poliedro, nos habla de “una sociedad donde las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente… porque de todos se puede aprender algo, nadie es inservible, nadie es prescindible” (Fratelli Tutti 215). Así se nos anima a vivir la comunión en la diversidad. Esto conlleva fomentar la cultura del encuentro, es decir, buscar puntos de contacto, tender puentes, y proyectar algo que incluya a todos (cfr. FT 216).
Nuestra Conferencia Episcopal, en el documento titulado Orientaciones morales ante la situación actual de España, aprobado en 2006, afirmaba que es “absolutamente necesario que sea perfectamente respetado el recto funcionamiento de las diferentes instituciones. Para la garantía de la libertad y de la justicia, es especialmente importante que se respete escrupulosamente la autonomía del Poder Judicial y la libertad de los jueces” (n. 61).
Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad. Estos principios han de realizarse en el marco del ordenamiento jurídico propio del Estado de Derecho que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978, que culminó la Transición. Nuestra Carta Magna consagra la separación de poderes y la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, al tiempo que garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, recogido en su art. 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español (cfr. art. 138).
La Buena Noticia de Jesucristo nos llama a ser hijos del mismo Padre que fundamenta la fraternidad (cfr. Mt 23,8-9). Esto nos compromete a todos a actuar en conciencia por la verdad y el bien del prójimo, a trabajar con esperanza en favor del encuentro en la convivencia pacífica y el respeto mutuo, excluyendo toda violencia, cultivando el perdón cristiano y la reconciliación, y estimulando el ejercicio de la caridad social y política.
Elevamos nuestra oración al Señor para que acreciente en nosotros la convicción de que la concordia y la comunión siguen siendo posibles.
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