Entidades de Iglesia celebran el inicio de un proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes
- Lo consideran un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería al ofrecer respuestas a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias
- Se trata de un refrendo al compromiso de más de 900 organizaciones que llevan cuatro años trabajando por la aprobación de la ILP
La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española celebran el anuncio de un proceso que lleve a la regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en nuestro país. Consideran esta medida como un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aún a costa de mantenerles en situación irregular.
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Este Grupo Eclesial de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) considera que la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias.
El reglamento de extranjería ha supuesto un avance en algunas cuestiones, pero está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos. Por ello, este grupo eclesial ha solicitado en reiteradas ocasiones que incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria.
El Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, constituye un paso positivo y necesario para garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes. Sin embargo, deja fuera a numerosos colectivos vulnerables que nuestras entidades acompañan cotidianamente y que han sido objeto reiterado de las demandas que como entidades eclesiales han hecho en estos años de trabajo por la ILP regularización:
- Personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo
por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia. - Personas indocumentadas, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a
trámites excesivamente rígidos. - Personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad
crónica. - Trabajadoras y trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato
formal previo debido a la lentitud de la administración. - Solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos
periodos de irregularidad. - Familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no
podrán ser regularizadas.
Las entidades eclesiales han trabajado en un proceso participativo que llegó a concitar a más
de 900 organizaciones de toda índole y recabó más de 600.000 firmas para la tramitación de
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Desde el año 2023 las cuatro entidades han participado
en multitud de reuniones con actores políticos y sociales exponiendo la preocupación
compartida y constatada en el día a día de la labor de acompañamiento que realizan entidades
eclesiales por la relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social.
El 68% en exclusión social
Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en nuestro país. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social. Según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Una cifra que no para de crecer desde 2019.
En este día las entidades eclesiales ponen el énfasis en la inmensa labor de diálogo que se ha
llevado a cabo y en la amplia aprobación que tuvo la toma en consideración de la iniciativa el
9 de abril de 2024 en el Congreso de los Diputados. Esta regularización extraordinaria ha sido
demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad
política, ética y social. Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa
e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión.
