El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos (CDAE) ha sido renovado con el nombramiento de ocho nuevos miembros.
Los nuevos miembros son: José Luis Haurie Vigné, Carlos Perromat Villares, Ignacio Valduérteles Bartos, Julio Cuesta Domínguez, Reyes Muñiz Grijalvo, José Luis Arjona Guajardo-Fajardo, Carlos López Mariano y Francisco Huberto Montes Worboys. Los cargos de la Curia son miembros natos durante el tiempo de su oficio. A los demás miembros se les ha renovado el nombramiento por otro quinquenio.
La composición del CDAE queda como sigue:
Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo
Mons. Santiago Gómez Sierra, obispo auxiliar y vicario general
Teodoro León Muñoz, vicario general
Alberto Benito Peregrina, ecónomo diocesano
Isacio Siguero Muñoz, secretario general y canciller
José Pradilla Ibáñez
Manuel Carrasco Díaz
Juan Bautista Esteban González
Carmen Carretero Espinosa de los Monteros
María de la Paz Carvajal Delgado
Pedro Antonio Romero Candáu
José Luis Haurie Vigné
Carlos Perromat Villares
Ignacio Valduérteles Bartos
Julio Cuesta Domínguez
Reyes Muñiz Grijalvo
José Luis Arjona Guajardo-Fajardo
Carlos López Mariano
Francisco Huberto Montes Worboys.
Colabora con el arzobispo en la administración
El CDAE colabora con el arzobispo en la administración de los bienes temporales de la diócesis, con todas las atribuciones generales que le asigna el Código de Derecho Canónico y las particularidades que determine el arzobispo. El Código, en su canon 493, señala que compete al Consejo, «de acuerdo con las indicaciones recibidas del obispo, hacer cada año el presupuesto de ingresos y gastos para todo el régimen de la diócesis en el año entrante, así como aprobar las cuentas de ingresos y gastos a fin de año».
En el Estatuto de la Curia Diocesana de Sevilla se detallan las atribuciones de este órgano, entre ellas «dar su consentimiento para que el arzobispo y las personas jurídicas sujetas al mismo puedan realizar los actos de administración extraordinaria, así como enajenar o arrendar bienes de la diócesis o de las personas jurídicas que dependen de él, cuando superen la cantidad máxima fijada por la Conferencia Episcopal Española».
