El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en la primavera un Proyecto de Ley de parejas de hecho que ha sido recientemente objeto de debate en el Parlamento Andaluz, y que está ahora siguiendo los trámites conducentes a su eventual aprobación. Dada la gravedad del asunto, los obispos de Andalucía sentimos el deber de hacer la siguiente declaración sobre el texto del Proyecto, con el objeto de iluminar la conciencia cristiana y favorecer la reflexión ciudadana sobre este tema.

1.            El Proyecto considera a las “parejas de hecho” como “nuevos modelos familiares” y las equipara al matrimonio, del que en verdad surge y brota la familia en sentido propio de la expresión. Así mismo, considera también como “núcleo familiar” a las reuniones de personas del mismo sexo. A este respecto una primera perplejidad brota del hecho de que la Junta de Andalucía legisle sobre estas materias cuando carece de competencias en Derecho de Familia de acuerdo con nuestro orden constitucional. Por otra parte, nuestro actual ordenamiento jurídico ofrece cauces para que los poderes públicos puedan atender consecuencias que se derivan de situaciones de convivencia sin recurrir para su remedio a legislaciones que tratan de equiparar estas situaciones al matrimonio. Además, el reconocimiento de “parejas de hecho” por razón de relación sexual discrimina injusta y negativamente otras formas de agrupamiento de personas por razones de consanguinidad, de servicio estable y prolongado, y otras análogas, en las que determinadas personas se ayudan mutuamente y comparten cargas que sin esa ayuda recaerían sobre la sociedad.

2.            El Proyecto de ley incurre en una flagrante contradicción. A estas uniones se las llama “parejas de hecho” precisamente porque carecen de la estabilidad, las obligaciones y la dimensión pública que tiene el matrimonio. Y sin embargo, el Proyecto pretende otorgar a tal realidad “fáctica”, sin voluntad explícita de permanencia y de responsabilidad pública,, el reconocimiento legal, con efectos jurídicos y sociales equiparables a los del matrimonio.

3.            El Proyecto presenta un concepto equivocado de libertad. Lejos de ampliar la libertad, como supuestamente pretende, la coarta, al promover una determinada visión del ser humano y de las relaciones interpersonales, visión que además es errónea, y es considerada errónea por la mayoría de los ciudadanos. Esa concepción falsa de la libertad tiende a disolver la familia fundada en el matrimonio, siendo ésta objeto de discriminación y minusvalorización al ser equiparada a otros tipos de “unidades de convivencia” que carecen de las notas esenciales del matrimonio. El matrimonio es expresión de la libertad del hombre y de la mujer para entregarse mutuamente de forma fiel, exclusiva y definitiva, de un modo públicamente reconocido, con apertura a la vida y con el compromiso de educar a los hijos. El matrimonio ha sido a lo largo de los siglos uno de los factores de mayor progreso social de nuestro pueblo. Ha proporcionado a los hijos una estabilidad educativa y una formación coherente y armónica de la personalidad que ha garantizado el crecimiento y el desarrollo humano de nuestra sociedad.

4.            El matrimonio es un bien constitutivo de la persona humana, y por tanto, uno de los derechos humanos fundamentales, anteriores al poder político, que no tiene autoridad para crearlos ni para destruirlos. Sólo debe reconocerlos para hacer más fácil y ventajosos su disfrute y para protegerlos. Cuando el Proyecto de ley busca equiparar las parejas de hecho al matrimonio, incluyendo en ellas a las de personas del mismo sexo, no reconoce un derecho, sino que está creando artificialmente derechos. De este modo, se cae en peligro de que sea el Estado quien, en función de sus intereses políticos, cree arbitrariamente supuestos derechos o destruya los que genuinamente lo son, minando el fundamento de todos los derechos al hacer que éstos procedan de la voluntad de quien legisla sin una radicación real en la verdad de la persona humana.

5.            Así mismo, el matrimonio es la mejor garantía frente a eventuales pretensiones abusivas de las diferentes formas de poder, y el lugar esencial para crecer y educar en el verdadero sentido de la libertad y de la responsabilidad social. El matrimonio es la gran escuela del amor y de la solidaridad. Equiparar al matrimonio otras formas de convivencia, en las que no se exige la misma generosidad y entrega personal no favorece la calidad educativa de la familia.

6.            El Proyecto discrimina y pone en peligro la protección al matrimonio y a la familia, constitucionalmente reconocida en España, porque es discriminatorio e injusto tratar de forma igual a desiguales. No es posible equiparar la realidad del compromiso público de un matrimonio, con los derechos y obligaciones que contraen ante la sociedad, a la mera unión de hecho de dos personas que no asumen las mismas responsabilidades. De este modo, la equiparación del matrimonio a otras formas de convivencia constituye un acto de manifiesta ingratitud e injusticia hacia el bien social que proporciona el matrimonio. No es legítimo extender los derechos específicos reconocidos hasta ahora al matrimonio y a la familia, célula primordial de la sociedad, a otras unidades alternativas de convivencia para responder a exigencias e intereses individuales, ni sancionar jurídicamente opciones que se presentan indebidamente como conquistas de la libertad.

7.            El Proyecto de ley contiene, además, un aspecto de particular gravedad al no realizar la debida distinción entre parejas de hecho heterosexuales y homosexuales. Las parejas de hecho entre personas del mismo sexo poseen la particularidad de que no pueden aportar a la sociedad lo que aporta la complementariedad varón-mujer, esto es, la sucesión generacional, por lo que equiparar tales parejas al matrimonio agudiza aún más la injusticia y el agravio de determinados grupos de presión sin considerar adecuadamente el perjuicio y la injusticia hacia el matrimonio y la familia que tal protección supone. El Proyecto pretende dar pasos hacia el reconocimiento público de ciertas opciones de actuación sexual. Tal reconocimiento entra en colisión con los derechos de los padres para educar a sus hijos, derechos (acompañados de los correspondientes deberes) que precisan de la ayuda y de la protección de toda la comunidad política.

La equiparación legal de “las parejas de hecho” al matrimonio puede suponer incluso un grave ataque contra la libertad religiosa y de conciencia. No es propio de las Administraciones públicas promover una visión de la sexualidad o de la vida que choca frontalmente con las legítimas convicciones religiosas de los padres, que son quienes tienen legítimamente el derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones.

8.            Otro aspecto de especial relevancia es el referente a las adopciones o “acogimientos familiares” de los que habla el Proyecto. Éste no distingue la acogida por parte de parejas heterosexuales y homosexuales, considerando tal distinción como irrelevante.

A esto hay que decir, en primer lugar, que a los niños tutelados por parejas de hecho heterosexuales se les niega el derecho a vivir la paternidad y la maternidad con garantían de estabilidad y exclusividad. Esas garantías sólo las ofrece el matrimonio, referente social cierto del bien humano imprescindible para educar a los niños en el sentido de sus sexualidad. Relativizar el matrimonio supone volatilizar la educación de la sexualidad y trasmutar su sentido.

Además, los niños que creciesen al amparo de una pareja homosexual se verían privados del valor pedagógico y socializador que supone la complementariedad natural de los sexos, viéndose sometidos a un experimento psicológico de consecuencias imprevisibles para su desarrollo personal. Así mismo se vería alterado su derecho a vivir la verdad sexuada y descubrir la corporeidad como parte inseparable de la persona humana.

El Proyecto, por tanto, vulnera el bien común al ignorar el necesario respeto al principio del “bien superior del niño”, expresado en la “Convención sobre los Derechos del Niño” de las Naciones Unidas. Algunos juristas aluden ya a la posibilidad, en el futuro, de que los niños que muestren los perjuicios de los que son víctimas puedan demandar al Estado que permitió tal violación legal de sus derechos.

9.            Al realizar las reflexiones precedentes no ignoramos que existan situaciones particulares que los poderes públicos deben atender. No juzgamos ni condenamos personas que optan por determinadas formas de vida en común. Lo que rechazamos es que la fórmula jurídica para remediar tales situaciones sea la equiparación de estas uniones de hecho al matrimonio.

A los poderes públicos y legislativos les corresponde encontrar las fórmulas adecuadas que no supongan una discriminación e injusticia con respecto al matrimonio y a la familia. A este respecto, los parlamentarios católicos tienen la responsabilidad de colaborar en la resolución justa de las situaciones particulares. Ello no obsta a su obligación de oponerse a cualquier legislación que, por ir en contra del bien común y de la verdad del hombre, sería propiamente inicua.

10.          Finalmente, al realizar estas consideraciones no ignoramos ni las dificultades del lenguaje que hemos empleado para que sea entendido por la cultura dominante, ni las que existen en nuestra todavía joven democracia para debatir pública, racional y libremente sobre el bien humano.

Sevilla, 8 de noviembre de 2002

En relación con la noticia aparecida en los medios de comunicación en la que las autoridades sanitarias de nuestra Comunidad Autónoma mostraban su intención de autorizar la experimentación con células madre obtenidas de embriones congelados, o bien generados por óvulos y espermatozoides donados para tal fin, incluso no descartando la posibilidad de su obtención mediante la transferencia de un núcleo celular en un ovocito, es decir, la clonación, los Obispos de Andalucía queremos manifestar los siguiente:

1.-   En primer lugar, apoyamos todos los progresos científicos que ayuden a mejorar las condiciones de vida del ser humano desde el primer instante de su concepción hasta el momento de su muerte natural. En este sentido, no cabe sino congratularse por los múltiples avances de las ciencias biomédicas durante las últimas décadas, que han permitido logros significativos en la lucha contra la enfermedad y han hecho posible un notable incremento de la esperanza de vida y una mejora de las condiciones de esa vida de una parte importante de la humanidad.

Ahora bien, estas cotas de bienestar obtenidas no pueden fundamentar la reivindicación de una libertad sin límites en la investigación científica basándose en los objetivos que se pretenden alcanzar. No todo lo que es científicamente posible es moralmente lícito, como prueban algunas horribles experiencias del siglo XX. Una ciencia sin conciencia conduce a la destrucción del hombre.

2.-   A este respecto, hay que subrayar que los embriones son seres humanos vivos en constante desarrollo y poseedores desde su concepción de una identidad genética propia y permanente. Por tanto, tienen derecho a ser respetados, independientemente de su etapa de desarrollo, y a no ser usados como material biológico de investigación, ya que su crecimiento es coordinado, continuo y gradual.

En este sentido, el Papa Juan Pablo II ha manifestado en repetidas ocasiones el respeto incondicional que moralmente se debe tener con los embriones humanos y que se basa en la dignidad propia de todo ser humano desde el momento de su concepción, sin que nunca pueda ser instrumentalizada en función de razonamientos utilitaristas, sea cual sea su estado de desarrollo (cf. Evangelium Vital nº 60; cf. Discurso al XVIII Congreso Internacional de la Sociedad de Transplantes, 28-8-2000).

3.-   Por otro lado, las investigaciones biológicas más recientes evidencian la existencia de células estaminales aisladas de tejidos diferenciados del feto y del adulto que pueden ser cultivadas “in Vitro” e inducidas a diferenciarse en fenotipos celulares distintos del tejido de procedencia. En otras palabras, existen en los tejidos humanos células madres con la misma capacidad que las embrionarias y más fáciles y seguras de manipular, pues no tienden a diferenciarse espontánea e incontroladamente como las embrionarias, que pueden incluso dar lugar a tumores focales constituidos por células heterogéneas (teratomas). Además, el avance de esta otra línea de investigación evitaría la aberración que supone destruir vidas humanas en desarrollo argumentando finalidades científicas o terapéuticas.

4.-   Por todo ello, pedimos a las autoridades sanitarias que encaucen los recursos públicos hacia campos de investigación que respondan a las exigencias éticas y antropológicas que debe respetar la investigación biomédica en su lucha contra la enfermedad y por la mejora de las condiciones de vida de cada persona y de todos los hombres.

Sevilla, 8 de noviembre de 2002

Durante los días 15, 16 y 17 del próximo mes de Noviembre se celebrará en Sevilla el III Congreso Andaluz de la Educación Católica, cuyo tema central versará sobre La calidad educativa, compromiso para la educación cristiana. Este Congreso, programado por el Consejo Interdiocesano para la educación católica en Andalucía, desea acoger entre sus participantes a los padres, a los profesores y a los jóvenes.

La calidad educativa, tema del Congreso
Al elegir como tema de estudio y debate La calidad educativa, compromiso para la educación cristiana, el Congreso se sitúa en el corazón de una de las preocupaciones más sentidas hoy por la sociedad española. La Iglesia participa de esta preocupación y desea contribuir al verdadero progreso de la educación en Andalucía. Superada, en términos estadísticos, la etapa de la escolarización, queda aún por conseguir que la educación – y no sólo la enseñanza – sea de calidad, que ayude a superar las lagunas culturales y sociales que pesan sobre muchos niños y jóvenes. La calidad educativa es, pues, una necesidad social.
Deseamos una calidad educativa que tenga en cuenta al educando concreto en su realidad personal, social y cultural; que promueva y desarrolle en él todos los valores que dignifican a la persona; que atienda, respete y eduque todas sus dimensiones históricas y transcendentes; que lo forme como ciudadano comprometido con la sociedad y coherente con sus convicciones religiosas y morales; que asume la construcción de un mundo mejor basado en la solidaridad, el respeto y la convivencia; que sea constructor de paz y de libertad. En resumen, que cada uno pueda alcanzar su plenitud humana conforme a su propia y esencial identidad. La clave de este proyecto educativo está en el hombre – el educando -, cuyo misterio queda esclarecido en el ministerio de Cristo, el Hombre nuevo (Cf GS, 22).
Desde estas convicciones, hacemos un llamamiento a cuantos asumen la educación cristiana como opción pedagógica capaz de hacer efectiva la calidad educativa en toda su realidad extensiva e intensiva.

Compromiso de los educadores cristianos
Nos dirigimos, en primer lugar, a los padres cristianos, alentándoles para no hacer dejación de sus deberes como educadores. Les urgimos que tomen una postura activa, ejerciendo sus derechos constitucionales, para garantizar una calidad educativa que forma a sus hijos en los valores morales y cristianos que corresponden a la convicción religiosa que profesan. Es necesario superar la indiferencia de muchos padres ante el proceso educativo de sus hijos. Esta despreocupación de hoy puede convertirse en grito de dolor y lamento del mañana. La asistencia y participación en el Congreso puede servir de estímulo para despertar la conciencia educadora de quienes son los primeros y principales educadores de los hijos.
Nuestra atención se dirige también, y de manera especial, a todos los profesores cristianos. A ellos les manifestamos nuestro reconocimiento por su dedicación y testimonio de fe en el ámbito de la educación. Sabemos de las dificultades que encuentran en el desempeño de su función. Les animamos para que sean verdaderos testigos de los valores cristianos que ha de inspirar su labor educadora. Pablo VI destacaba la importancia del testimonio con estas palabras: “…el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan es porque dan testimonio” (EN 15). El compromiso educador nacido y arraigado en la fe es la mejor aportación que un profesor cristiano puede dar al conjunto de la sociedad. La asistencia a este Congreso ayudará, sin duda, a compartir la ilusión y el esfuerzo a favor de la calidad de la educación. Les invitamos a todos a participar.

Al servicio de nuestro pueblo
El Congreso se celebra en Andalucía y para Andalucía. La educación es un factor imprescindible de promoción y desarrollo humano para los individuos y los pueblos. Es el nuestro un pueblo que necesita y agradece la iniciativa del Congreso. La crisis de los valores, que afecta a toda la sociedad, es también en Andalucía una preocupación importante. La educación cristiana es un cauce de fortalecimiento de la propia identidad y una plataforma para un diálogo serio y respetuoso con otras posiciones ante la vida. Juan Pablo II pide a los jóvenes que sean centinelas de la mañana en esta aurora del nuevo milenio (NMI, 9). Es, pues, necesario que renazca la esperanza, brille la alegría y aflore el optimismo, actitudes todas que nuestros jóvenes han de forjar en su proceso educativo.
Ponemos bajo la protección de la Virgen María, nuestra Madre y Maestra, la celebración de este tercer Congreso Andaluz de Educación Católica para que dé los frutos deseados para el progreso de la educación en Andalucía.

                                                                                                                Sevilla, 4 de octubre de 2002

Consternados por la dramática noticia de la muerte criminal de D. Manuel Giménez Abad, presidente del Partido Popular en Aragón y senador, asesinado por ETA en la tarde del día de ayer, los Obispos del Sur de España reunidos en la Casa Diocesana de Aguadulce (Almería) en sesión ordinaria, al inicio de la reunión han elevado oraciones a Dios pidiendo la misericordia para D. Manuel Giménez Abad, el consuelo y la fortaleza para sus familiares y amigos, y el don de la paz para la sociedad.
Una vez más, los Obispos condenan el crimen contra la vida, manifestando el valor sagrado de la persona humana, y reafirmando que el camino del terrorismo sólo lleva a la destrucción y a la muerte. Viven en el error quienes esperan algún provecho de la muerte de seres inocentes.
Hacemos nuestras las palabras del Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal, pronunciadas en la última Asamblea Plenaria celebrada en Madrid del 23 al 27 del pasado mes de abril: “Nos duele hasta el fondo del alma el tremendo flagelo del terrorismo, que tanta sangre ha costado de nuevo en estos meses y que sigue amenazando un bien tan sagrado como la vida de las personas, de modo que son muchos hermanos nuestros los que viven sometidos al amedrantamiento y al chantaje, algo que, en cierto modo, notamos y padecemos todos los españoles. Nos duelen la muerte y el sufrimiento de tantas víctimas de la violencia en sus múltiples formas”.
Tenemos muy presentes a todas las víctimas del terrorismo y pedimos a Dios, con insistencia, que nadie en España utilice el crimen como método de defensa de las ideas políticas. El derecho a la vida de toda persona humana es la condición para lograr una convivencia justa y pacífica. Es urgente educar y reivindicar este derecho en todos los ámbitos de la sociedad y de la opinión pública.
Finalmente, al mismo tiempo que deseamos ardientemente la desaparición definitiva del terrorismo, reiteramos el contenido de la nota publicada en el día de ayer por la Conferencia Episcopal Española.

                                                                                         Aguadulde (Almería), 7 de mayo de 2001

Durante la sesión de la tarde de hoy, los Obispos del Sur de España, reunidos en Asamblea Ordinaria, hemos sido informados del nuevo y cobarde atentado perpetrado en Sevilla y que ha costado la vida al coronel médico Dr. Antonio Muñoz Cariñanos.
Consternados por el más radical desprecio a la vida humana que suponen estos actos terroristas porque anteponen los intereses de poder o de cualquier otro tipo a la vida de las personas, los obispos andaluces manifestamos el más absoluto rechazo y condena al pecado que supone toda acción violenta contra la vida. Los atentados terroristas son la expresión máxima contra la libertad personal y social.
Después de elevar una oración al Señor por el eterno descanso de esta nueva víctima del terrorismo y además de pedir a Dios por la entereza de sus familiares, hemos suplicado también por la conversión de los asesinos.
Invitamos a la sociedad andaluza a mantener con temple y constancia las posturas personales y colectivas que manifiesten con toda claridad el pleno rechazo a estos detestables comportamientos por parte de quienes matan y por parte de quienes le apoyan, encubren o justifican.
Así mismo, pedimos al Señor que ilumine y fortalezca a quienes, desde la familia y desde cualquier instancia de la sociedad trabajan con esfuerzo y constancia en la promoción y defensa de la verdad y de la justicia como base de la libertad en la necesaria civilización del amor.

                                                                                                     Granada, 16 de octubre de 2000

El día 12 de marzo el pueblo español decidirá en las urnas el estilo de gobierno que ha de regir los destinos de España en los próximos cuatro años. Los hombres y mujeres de Andalucía ejerceremos también el derecho al voto manifestando nuestra voluntar política para la siguiente legislatura.
No cabe duda que las elecciones democráticas suponen un avance en el camino hacia las libertades legítimas y constituyen un signo de participación del pueblo en la ordenación de la sociedad y del bien común. Por eso, ante las próximas elecciones generales y autonómicas, debemos alegrarnos por la estabilidad de nuestro sistema democrático. Al mismo tiempo es deber nuestro contribuir al recto ejercicio de la responsabilidad social procurando que las motivaciones y los objetivos del voto nazcan de la rectitud de intención y tiendan a la consecución del bien de los ciudadanos.
Es muy importante, pues, revisar los propios criterios electorales mediante el conocimiento posible de los diversos programas políticos para apoyar a quienes garanticen el servicio al pueblo desde un limpio ejercicio de la acción política. A la elección política le corresponde el recto ejercicio de la justicia en los diferentes campos de la vida social, la defensa de la auténtica libertad de las personas y de los grupos, la más equitativa promoción del bienestar social, la construcción y defensa de la paz verdadera, la adecuada atención a todos los ciudadanos, especialmente a los incluidos en las nuevas bolsas de pobreza y marginación, y a los inmigrantes que escapan de la miseria o de la inseguridad personal y buscan entre nosotros los recursos necesarios para vivir con dignidad.
No se alcanza el progreso mientras se permitan injustas diferencias sociales en el acceso a los recursos necesarios, mientras persistan discriminaciones arbitrarias por cualquier causa, y cuando se pretenden o consientan actuaciones discordantes con los valores fundamentales, o comportamientos que conculcan los derechos inalienables de las personas y de la sociedad. Por ello, ante la posibilidad de contribuir con nuestro voto a la configuración de un estilo concreto de gobierno, debemos conceder nuestra confianza a quienes prometan, con mayores garantías, el pleno respeto a la dignidad de toda persona desde su concepción hasta su muerte natural; el respecto a la verdad del matrimonio y de la familia; el acceso de todos al trabajo y a la merecida participación de los bienes que de él se derivan, la promoción de la libre iniciativa social necesaria en los sistemas democráticos; la salvaguarda de la plena libertad educativa; el rigor en el cumplimiento de las exigencia éticas que deben regir los medios de comunicación social; la debida prudencia en las manifestaciones públicas que pueden herir la sensibilidad de las personas e influir negativamente en la educación de la generaciones más jóvenes; y el decoro en el tratamiento de cuanto se relaciona con la vida, con la fe y con las instituciones fundamentales de los ciudadanos.
Puesto que todos somos responsables de la constante renovación y del crecimiento de nuestro pueblo, invitamos a cuidar el ejercicio del voto evitando la abstención, la obediencia a campañas demagógicas, la comodidad del voto rutinario, y el posible egoísmo de buscar el apoyo a los propios intereses personales, de grupo o de partido por encima del bien común.
A quienes manifiestan su vocación e interés por la dedicación al difícil y digno arte de la política, les agradecemos la disponibilidad al servicio de la recta ordenación de la convivencia, del verdadero progreso y del legítimo prestigio de nuestro Pueblo en el concierto de las naciones y en la ayuda a los pueblos más necesitados. Al mismo tiempo les rogamos que extremen los cuidados en los discursos y en las expresiones habladas y escritas, para que la verdad y el respeto mutuo, la búsqueda del bien común y la ecuanimidad presidan las intervenciones durante la campaña electoral, así como las manifestaciones posteriores en el ejercicio del gobierno y de la oposición.
Para todos pedimos al Señor luz, capacidad de servicio al bien común, voluntad de compromiso coherente, y confianza en la capacidad de los hombres para conocer la verdad y adherirse libremente a ella.

22 de febrero de 2000