Queridos hermanos y hermanas:
En las próximas semanas las Cortes van a debatir el proyecto de Ley de Educación, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, después de conocer el texto del referido proyecto, ha dado a conocer una nota en la que informa a la opinión pública sobre las consecuencias que se derivarían, en lo que respecta a los derechos fundamentales, si las Cortes aprueban la ley con su actual contenido.
A juicio de los Obispos, que yo hago mío por entero, el proyecto no responde a los problemas reales que en estos momentos tiene planteados la educación en España, en lo que dice relación a la formación integral de los alumnos. Algunos de sus artículos recortan el derecho primario de los padres a la educación de sus hijos. Recortan también la libertad de enseñanza garantizada por la Constitución y numerosos Tratados y Declaraciones internacionales. Por otra parte, el texto enviado a las Cortes restringe la legítima autonomía de los centros. El criterio de zonificación impide la libre elección de estos por parte de los padres y dificulta el pleno desarrollo de su carácter e ideario propios.
El proyecto de ley considera la educación como una actividad de servicio público y, por tanto, de exclusiva competencia del Estado. Aunque no se dice expresamente, el espíritu que late en el texto es que es el Estado el único educador, olvidando que es a los padres a quienes asiste el derecho primordial, insustituible e inalienable de educar a sus hijos. Lógicamente los centros de iniciativa social, entre ellos los de titularidad religiosa, se entienden como una mera concesión del Estado de carácter subsidiario, pervirtiendo la recta noción de subsidiariedad. La consideración de la iniciativa social en el campo de la educación como subsidiaria de los poderes públicos es impropia de sociedades democráticamente maduras, que conciben el pluralismo educativo como una riqueza y como un medio necesario para garantizar el derecho de las familias a la educación que desean para sus hijos.
Nos preocupa mucho a los Obispos la implantación como asignatura obligatoria de la llamada «Educación para la ciudadanía», que apunta hacia una formación moral impartida por el Estado al margen de la libre elección de los padres. Esta pretensión, a nuestro juicio, vulnera el derecho que les reconoce la Constitución en su artículo 27.3 y también el derecho a la libertad religiosa que consagra el artículo 16.1. Por desgracia, tampoco se garantiza de manera suficiente el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones, a pesar de que más del 80% de las familias solicitan cada año la enseñanza de la religión católica para sus hijos. Por ello, los Obispos reclamamos el cumplimiento del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, en el que se establece como derecho de los padres que la enseñanza religiosa escolar sea considerada como asignatura fundamental, impartida en condiciones equiparables a las demás asignaturas fundamentales.
El proyecto de ley modifica sustancialmente el estatuto de los profesores de Religión, que hasta ahora eran empleados del Estado, nombrados a propuesta de la Iglesia. Si el texto presentado en las Cortes prospera, a partir de ahora serán empleados de la Iglesia, olvidando que prestan sus servicios en centros de titularidad estatal, que son miembros de los claustros a todos los efectos y que el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que es el Estado el empleador de estos profesores.
Los Obispos estamos persuadidos de que hoy más que nunca es necesario un pacto escolar entre todas las fuerzas políticas y sociales, teniendo muy presente el parecer de los padres. La alternancia política no puede tener como efecto casi connatural la mutación de todo el sistema educativo, que necesita estabilidad para la tarea urgente de mejorar la calidad de la enseñanza.
La verdad es que hasta ahora hay pocos motivos para la esperanza, teniendo en cuenta que el Gobierno se ha negado a dialogar con los padres católicos que le han presentado tres millones de firmas. Con todo, sería deseable que los responsables políticos, teniendo como única perspectiva el bien común de la sociedad y de las familias, propiciaran con generosidad y altura de miras el citado pacto escolar, que en esta hora parece absolutamente necesario. Parece también ineludible que en la tramitación parlamentaria del proyecto se introduzcan las modificaciones oportunas que garanticen la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a la educación religiosa y moral de sus hijos.
Sin olvidar el recurso a la oración para que el Señor ilumine a nuestros legisladores, invito a los padres a participar en el debate en curso y a reclamar de nuestros representantes en las Cortes que tengan en cuenta el bien común de la sociedad. Es vuestro derecho y vuestro deber emprender las acciones oportunas, siempre con el debido respeto a las leyes, para defender la libertad de enseñanza y el derecho que os incumbe a educar a vuestros hijos según vuestras convicciones.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición. Feliz domingo.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Obispo de Córdoba
