Cáritas Diocesana de Tenerife ha abierto un recurso alojativo para personas en situación de exclusión residencial extrema en el municipio de Arona, que da cobertura a hombres y mujeres de entre
18 y 65 años que se encuentren en situación de exclusión y vulnerabilidad. El acto de apertura oficial contó con la presencia, entre otros, del obispo, Bernardo Álvarez; el director de la entidad católica, Juan Rognoni; el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; la consejera de Acción Social de la institución insular, Marián Franquet; el director general de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Javier Bermúdez; y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arona, Raquel García.
El proyecto “Santo Hermano Pedro” es un recurso de baja exigencia que, además de dar cobertura a las necesidades humanas de seguridad y protección física y psicológica, entre las que se encuentra la alimentación, la higiene y el alojamiento, ofrece también atención socioeducativa de un equipo multidisciplinar compuesto por cinco profesionales de la educación social y una trabajadora social. De esta forma, Cáritas Diocesana de Tenerife garantiza la cobertura desde un enfoque integral, tal y como establece el Modelo de Acción Social (MAS) de la institución.
Acompañamiento integral
El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, destacó que la puesta en marcha de este centro responde a una “necesidad” del colectivo de personas en situación de sin hogar del sur de la Isla. “Proyectos como este hacen visibles en nuestra comunidad las obras de misericordia”, agregó Rognoni, quien subrayó que el equipo técnico trabajará con los participantes a través de un “proceso de acompañamiento” para que puedan salir de la exclusión lo antes posible y reinsertarse en la sociedad.
“Contamos con el aval de nuestra experiencia de más de 30 años trabajando por los más vulnerables, pero en nuestra labor también es clave la colaboración entre administraciones para paliar problemas como el sinhogarismo en Canarias”, espetó el director de Cáritas Diocesana.
Por su parte, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, indicó que se siente orgulloso, “como cristiano y como creyente”, de ver cómo en proyectos como este está “la Iglesia más comprometida”, de la que “tenemos mucho que aprender las administraciones”.
Garantía de derechos
Mientras, el director general de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Javier Bermúdez, aseguró que servicios como este son “garantía de ciudadanía”. “Las entidades del Tercer Sector son colaboradoras necesarias en el concierto social”, denotó Bermúdez, quien dejó claro que “Cáritas nos deja cada día un legado impagable”.
En la misma línea se manifestó la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arona, Raquel García, quien subrayó la necesidad de “una mayor cooperación entre las diferentes administraciones para que el conjunto de la comarca Sur cuente con un escudo social potente y compartido, en el que se involucren los diferentes municipios para dar soluciones a problemas que son comunes: aquellos que sufren las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad”.
Por último, el obispo, Bernardo Álvarez, señaló que “el objetivo de este tipo de recursos es que las personas que se encuentran en él logren salir lo antes posible, porque eso significará que han superado esas etapas complicadas de su vida”. “En épocas como la actual, la Iglesia ha demostrado que está con los más vulnerables, los últimos y no atendidos de los que hablaba nuestro Señor”.
El recurso se encuentra ubicado en el municipio de Arona, y está financiado por el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Cuenta con un total de 20 plazas y ofrece sus servicios las 24 horas del día, los 365 días del año.
La pandemia mundial por la incidencia de la Covid-19 está teniendo una especial repercusión sobre los colectivos más vulnerables. Quizá el más afectado es el de las personas en situación de sin hogar, cuya cifra ha aumentado sensiblemente en el Archipiélago en los últimos años.
Y es que dormir en la calle o pernoctar en espacios inadecuados, los pone en alto riesgo de transmisión y dificulta su acceso a los espacios de higiene y aislamiento. A esta situación se añade que es un colectivo que suele contar con el agravante de problemáticas previas de salud. Por ello, si contraen el coronavirus tienen más probabilidades de enfermar gravemente y fallecer.
Experiencia
Ante esta situación, Cáritas Diocesana de Tenerife, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el trabajo con este colectivo, ha apostado siempre por la atención a estas personas habilitando más de 100 plazas distribuidas en 7 recursos alojativos con cobertura las 24 horas del día.
Cuatro de estos recursos (proyectos “Guajara”, “Lázaro”, “Santo Hermano Pedro” y “María Blanca”) atienden a personas en situación de sin hogar del área metropolitana, Norte y Sur de la isla de Tenerife, siendo el enfoque de la intervención el acompañamiento hacia la inclusión social desde una visión integral. No en vano, la situación de estar sin hogar es una situación de alta exclusión social, circunstancia que se puede definir como un conjunto de características de índole multifactorial y de larga trayectoria que requiere de una intervención altamente especializada.
En este sentido, estos recursos ofrecen servicio 24 horas para la cobertura de necesidades básicas, tales como alimentación, higiene, medicación, transporte y ropero, además de la atención socioeducativa que ofrece un equipo multidisciplinar. El requisito de entrada, además de encontrarse en situación de sinhogarismo, es el de manifestar un compromiso hacia la intervención socioeducativa.
Además, Cáritas Diocesana de Tenerife cuenta con otros tres recursos para este colectivo, como son el proyecto “Café y Calor”, un recurso alojativo de baja exigencia con cobertura nocturna; el proyecto “Atacaite”, destinado a familias monomarentales (mujeres solas con hijos a cargo) en situación de exclusión social; y el proyecto “Ciprés”, dirigido específicamente a mujeres en situación de sin hogar.
La realidad del sinhogarismo en las Islas es amplia y diversa, pero se caracteriza por la falta de una red de apoyo y de acceso a una vivienda digna y adecuada de las personas que se encuentran en dicha situación.
Por eso, desde Cáritas Diocesana denunciamos que la administración pública, en todos sus ámbitos, es la “garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y en última instancia la que debe establecer políticas públicas que garanticen el acceso a la salud, a una buena administración y a la vivienda, entre otras”. Para ello, consideramos que “la creación o la apuesta por equipos técnicos y recursos especializados que minimicen daños y desde donde se puedan iniciar procesos de intervención que prevengan situaciones de cronificación, no debe ser una opción sino una obligación”.
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