Cáritas celebrará el próximo 31 de octubre el Día de las Personas Sin Hogar. Por este motivo, la Regional de Andalucía y la Diocesana de Sevilla han presentado esta mañana en rueda de prensa la Campaña ¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección social que no protege.
Bajo este lema, Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas Andalucía, ha comenzado su intervención destacando el papel que están jugando los sistemas de cuidado y protección actuales, “unos sistemas que no están siendo ni suficientes ni adecuados para proteger a las personas que venimos acompañando”. Por esta razón, la entidad de la Iglesia quiere poner de manifiesto con esta Campaña, la importancia del derecho humano a la protección social en su sentido más amplio, siendo necesarias acciones encaminadas a la superación de estas situaciones de exclusión y a la prevención de las mismas.
Servicios Sociales
De esta forma, Pérez de Ayala ha denunciado que la Administración, además de trabajar en clave asistencial, lo está haciendo con graves déficits que impiden siquiera poder llevar su labor a cabo: “tres de cada cuatro solicitudes de Ingreso Mínimo Vital han sido rechazadas; el procedimiento de la dependencia es interminable; y los procesos para acceder a los Servicios Sociales continúan siendo excesivamente complejos, por lo que muchas personas desisten solicitar ayuda en ellos y lo hacen en entidades del tercer sector que ofrecen respuestas más inmediatas a situaciones que así lo requieren”, ha comentado.
El presidente regional ha añadido además que, en los últimos años, las Cáritas andaluzas constatan escenarios donde el sistema de protección social no ha cumplido su función y que en periodo de pandemia se han acentuado, produciéndose así una vulneración de los derechos de este colectivo, sobre todo en materia de vivienda, salud, formación y empleo, y los servicios sociales.
Entre las carencias más señaladas destaca la escasez de vivienda social; la deficiente atención en la salud mental de estas personas, especialmente preocupante y creciente; la dificultad en el apoyo de altas hospitalarias que requieren de cuidados domiciliarios cuando no existe domicilio. El difícil acceso a programas de búsqueda activa de empleo, o la escasa existencia de empleos protegidos, accediendo ocasionalmente a empleos precarios.
En cuanto a los Servicios Sociales Comunitarios, Pérez de Ayala ha comentado que, desde la irrupción de la pandemia, el acceso a los mismos se ha visto aún más limitado. “La brecha digital, los requisitos exigidos para solicitar una prestación, como estar empadronado o tener una cuenta bancaria, los complejos trámites administrativos y los lentos plazos de resolución, muestran precisamente lo que estamos denunciando, un sistema de protección que no protege, dejando en un laberinto sin salida a personas que quedan poco a poco absolutamente fuera de nuestra sociedad”.
En este contexto, el secretario general de la Cáritas andaluza, Francisco Domouso, ha puesto de manifiesto la necesidad de ofrecer una atención integral que facilite el acceso a una situación normalizada dentro de la sociedad, a través de procesos de acompañamiento que cubran las necesidades de este colectivo, que van más allá del asistencialismo.
Así, Domouso ha dado cuenta de la acción que las Cáritas andaluzas desarrollaron el pasado año a través de cuarenta recursos específicos que pusieron al servicio de este colectivo: ocho proyectos de atención en calle, dos de atención en asentamientos, siete centros de día, tres centros sociales, un comedor social, diez centros residenciales, seis viviendas, un dispositivo de noche permanente y dos dispositivos de emergencia; contando con un total de 440 plazas y atendiendo a 5.500 personas sin hogar.
Una labor realizada por más de 750 voluntarios y voluntarias, el trabajo de 140 personas contratadas y una inversión económica de 4,25 millones de euros para el mantenimiento de la red de centros, servicios y recursos de atención a las situaciones de sinhogarismo. De estos recursos, un 40% procedía de fondos propios de las distintas Cáritas y un 60% de fondos públicos.
Aunque el perfil es bastante heterogéneo, la organización andaluza identifica el rostro de la persona sin hogar a la que atiende con un hombre español, soltero, de entre 36 y 60 años, con estudios primarios y que casi en la mitad de los casos, lleva más de 5 años viviendo en la calle.
462 atendidos en Sevilla
De la misma forma, Pérez de Ayala, también director de Cáritas Diocesana de Sevilla, ha destacado la atención de la entidad en la capital hispalense: 462 personas sin hogar atendidas en 2020. De estas, 419 fueron atendidas a través de cinco proyectos parroquiales de calle, y 43 en Centro Amigo, el recurso residencial de Cáritas que trabaja la recuperación y el desarrollo de habilidades y capacidades para conseguir la inclusión a través de un acompañamiento integral.
Más de 200 voluntarios/asen los proyectos de calle, 36 en Centro Amigo y 20 técnicos trabajaron para poder desarrollar una labor en la que Cáritas Sevilla invirtió 874.000 euros de los que solo el 30% procedía de fondos públicos. El perfil habitual coincide con el andaluz salvo en el lugar de procedencia, ya que han detectado un aumento de las personas sin hogar procedentes de otras nacionalidades.
El director de la Cáritas Diocesana ha puesto de relieve el esfuerzo que muchas Cáritas parroquiales realizan para prevenir el sinhogarismo, detectando de forma constante las necesidades de las personas que atienden, ya que “ante ciertos problemas de salud, la falta de formación, de empleo y, consecuentemente, de ingresos, puede derivar en el impago del alquiler, la hipoteca y los suministros, y llevar a una situación de infravivienda o sin hogar”. Este motivo llevó a la organización de la Iglesia a invertir el pasado año, 836.000 € en gastos relacionados con la vivienda, en torno al 17% de la inversión total en atención primaria, de las que se beneficiaron 7.180 familias.
Un sistema que proteja
Desde el trabajo realizado durante los últimos años con las personas sin hogar, la Cáritas andaluza reclama a la Administración estrategias políticas de atención que promuevan, consoliden y fortalezcan la red de atención existente, teniendo como meta la mejora de la calidad de vida de este colectivo.
En cuanto a los derechos vulnerados a los que hace referencia, la organización de la Iglesia pide la contratación de apoyo administrativo, de trabajadores y educadores sociales, sanitarios y técnicos de los Servicios Sociales para agilizar los procedimientos, disminuir la ratio por profesional garantizar procesos de acompañamiento adecuados. Que se fomente, impulse y se haga seguimiento de mesas/espacios de coordinación autonómicos y locales en los diferentes ámbitos de vulneración de derechos. Un parque público de vivienda social/emergencia, unidades o equipos sociosanitarios de salud mental de calle que contribuyan a la coordinación en los diferentes niveles de la Administración Pública; y un enfoque para personas en situación de exclusión social/residencial.
“Para esto -ha concluido Domouso- es fundamental la implicación y el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los diferentes sistemas de protección social, debe darse un liderazgo y papel preponderante por parte de la Administración como garante de los derechos de la ciudadanía”.
