Hablar mal del dinero o de los bienes de la Iglesia es siempre algo entretenido. Está en nuestro ADN. Y a veces, con razón. No obstante, hay que decir que en los últimos años la Iglesia ha hecho un importante esfuerzo en materia de transparencia para explicar los recursos que tiene y a qué los dedica. Aún así, todo es mejorable.
En febrero del año pasado y a petición del Congreso de los Diputados, el Gobierno hizo publico un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia durante el periodo 1998-2015, donde aparecían un total de 34.976 bienes que podrían estar registrados a través del mecanismo extraordinario de certificación. Este sistema, del que ya tuve ocasión de escribir hace más de 3 años en “El Mundo” (“La Iglesia, ¿nos roba?”) se estableció para poder inscribir en el registro aquellas propiedades que desde hace siglos eran propiedad de instituciones centenarias como lo es la Iglesia o algunas administraciones públicas. De esta forma, el registro de la propiedad adquiría mayor seguridad jurídica. Hasta 1998 no estuvo completamente abierto para los bienes destinados al culto y aunque el registro no es elemento acreditativo de la propiedad sino meramente declarativo, es decir, el hecho de estar registrado no otorga la propiedad pero si la defiende, parecía lógico que la Iglesia inscribiera a su nombre aquellos bienes que históricamente eran suyos.
La publicación de este listado causó cierto ruido mediático por el volumen de los registros y por ser la Iglesia, claro. La polémica venía de lejos y algunos proclamaban que la Iglesia se había apropiado de bienes del pueblo como las grandes catedrales por apenas 30 euros que podía costar el trámite. En el fondo, siempre presente la Mezquita-catedral de Córdoba, que se ha convertido en una auténtica obsesión para algunos. No obstante, junto con el listado, conviene recordar que el Gobierno incluyó un completo informe del Ministerio de Justicia donde se aclaraba que dichas inmatriculaciones se habían realizado conforme a la legalidad vigente. Todo el proceso era perfectamente legal.
Pronto el tema de las inmatriculaciones empezó a formar parte de la agenda de temas ordinarios de las conversaciones entre la Iglesia y el Estado, formándose una comisión “ad hoc” para el estudio de este asunto. En dichas conversaciones ordinarias con el Gobierno y sin que recibiera una sola denuncia por parte de éste, la Iglesia decidió revisar una a una todas las anotaciones contenidas en el listado. Todas las diócesis españolas se pusieron a trabajar y a revisar; un trabajo ciertamente prolijo. Con todo el proceso, lo que quiso dejar la Iglesia claro es que no quería que se le atribuyera ningún bien que no fuera suyo y si hubiera algún error colaboraría para corregirlo.
El pasado lunes la Conferencia Episcopal concluyó el informe y lo entregó al Gobierno coincidiendo con la visita del Presidente Sánchez a la Casa de la Iglesia. Al mismo tiempo, la Iglesia publicó dicho informe completo en su página web. Todo un ejercicio de trasparencia de los que no se dan últimamente y que nos permite poder conocer a todos los ciudadanos los detalles del mismo. De ese estudio, en primer lugar, se deduce que la gran mayoría de dichas inmatriculaciones están correctamente registradas, (Mezquita-Catedral incluida), tal y como como reconoció el Gobierno hace un año y que ahora se ratifica en el acuerdo alcanzado con la Iglesia.
No obstante, en este contexto de cooperación Iglesia-Estado se ha publicado en algunos medios que “la Iglesia admite que un millar de bienes que había inmatriculado no son suyos” y que, por tanto, los tiene que devolver. De esta forma parece que la Iglesia reconoce que ha actuado mal, que se había quedado con bienes que no eran suyos y que el Gobierno le obliga ahora a devolverlos. La información no es correcta ni rigurosa. La verdad es bien diferente y es evidente que quienes lo afirman no se han molestado en revisar el informe. Veamos la realidad. De la revisión del listado efectuada por las diócesis han surgido cerca de 2.500 registros que presentan incidencias, incluidas todas en el informe, una por una. Se trata, por ejemplo, de 111 bienes que figuran por duplicado en los registros, 746 bienes inscritos con anterioridad a 1998 (y que por tanto no procede su inclusión) o 691 bienes que las distintas instituciones adquirieron mediante compraventa, herencia, permuta, etc., es decir, por procedimientos distintos a la certificación. Incluso se incluye un bien en Hoyo de Manzanares que pertenece a la Comunidad judía.
Y entonces, ¿de donde salen ese millar de bienes citados que la Iglesia se apropió y debe devolver? La cuenta es fácil. Son 943. El informe detalla 31 bienes que explícitamente no se han inmatriculado por la Iglesia según esta misma declara, 28 bienes donde se aprecian serios errores dado que dichos bienes, en su mayoría, no existen y 276 bienes que, a día de hoy, no son de las instituciones de la Iglesia, ya sea porque se hubieran vendido, donado a ayuntamientos o que se encuentran sepultados en un pantano como en el caso de Zamora, etc. Desde luego será difícil devolver un bien que no existe, que es de otra persona o que está sumergido; en fin…
Por último, el informe incluye un total de 608 bienes de los que la Iglesia declara que no puede validar el registro por “información insuficiente”. Ello no significa necesariamente que no sean suyos sino que, con los datos disponibles en el listado, no se puede identificar o garantizar la titularidad y por tanto, tendrán que ser objeto de mayor análisis. En este punto, junto con los anteriores, como no puede ser de otra forma, la Iglesia colaborará para aclarar en todo lo posible la titularidad y actuar en consecuencia. Este es el verdadero compromiso y no otro.
Los bienes de la Iglesia están al servicio de toda la sociedad y son efectivamente del pueblo… del pueblo de Dios, del pueblo cristiano. Son bienes destinados en su inmensa mayoría a contribuir de una u otra manera, con los fines de la Iglesia, es decir: el anuncio del Evangelio y de los valores que se derivan de él que construyen nuestra sociedad, la vivencia de la fe de millones de católicos y por supuesto la inmensa labor social y asistencial que realizan las distintas instituciones de la Iglesia. Trabajando de verdad, no en la teoría ni con grandes discursos, sino a través de sus más de 9.000 centros asistenciales por donde pasan cada año más de 4 millones de personas (enfermos, mayores, pobres, mujeres víctimas de violencia, drogodependientes, emigrantes, parados…). Son datos recogidos en la memoria anual de la Iglesia que por cierto, también está publicada en la web de la Conferencia episcopal, después de haber sido verificada por una empresa auditora.
Vivimos en una sociedad con grandísimos retos: el envejecimiento, la crisis de natalidad, las enfermedades mentales, el suicidio, la violencia hacia los más débiles, el acceso a la pornografía de los más pequeños, las nuevas adicciones, el paro especialmente en los jóvenes, la crisis económica, la falta de respeto o el acoso al que piensa distinto de mi o viene de otro país, los populismos irracionales…). Todo esto nos empobrece tremendamente y nos genera una enorme incertidumbre como sociedad.
Más allá de los bienes materiales, la Iglesia pone a disposición de toda la sociedad sus bienes espirituales, que no son pocos. Bienes que están en las raíces de nuestra cultura como la tan denostada, por algunos, “familia tradicional” que ha supuesto un auténtico primer escudo social en las sucesivas crisis económicas que venimos padeciendo, donde las familias se ayudan entre si, los hermanos, los abuelos a los nietos, etc. Sólo hay que salir a la calle para verlo.
Los valores que predica la Iglesia (no solo ella, claro) y que derivan del Evangelio son valores que construyen al hombre y a la sociedad, que le dan razón para vivir en medio de las dificultades y que contribuyen al desarrollo integral de las personas y de la sociedad. Una sociedad basada en el bien común, donde cada persona contribuye de manera generosa en el progreso de todos.
Por eso, con independencia de las creencias que uno tenga y practique, la propia Constitución española considera el hecho religioso desde una perspectiva de laicidad positiva, afirmando la libertad religiosa y alentando las adecuadas relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones (artículo 16 CE). No se trata de que los gobiernos sean católicos o no, se trata más bien de valorar todo el bien qué puede hacer el ámbito religioso, en el plano cultural, formativo y educativo, así como en el ámbito asistencial. Y no solo valorarlo, sino reconocerlo e impulsarlo.
Tal vez, al menos por un momento, deberíamos abandonar algunos prejuicios trasnochados de un pasado cada vez más antiguo y distante y trabajar juntos por el futuro de nuestro país, donde la Iglesia, dentro de la sociedad, puede seguir aportando mucho. Sin privilegios, sin discriminaciones .
Fernando Giménez Barriocanal
Vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española
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