Cáritas Regional de Andalucía presentó ayer el informe sobre ‘Exclusión y desarrollo social en Andalucía‘. El documento, resultado de una encuesta realizada a más de 600 familias andaluzas, retrata las graves consecuencias de la crisis en nuestra comunidad autónoma.
El acto fue presentado por Francisco José Sánchez, vicepresidente de Cáritas Regional y director de Cáritas Diocesana de Málaga, que agradeció la participación de más de 600 familias que “nos abrieron sus puertas, nos confiaron información valiosa para la investigación e incluso nos compartieron sus sensaciones y emociones en momentos tan difíciles”, comentó.
La investigación, explicó Sánchez, atiende a 3 ejes: el económico, que tiene que ver con los ingresos y el consumo; el político, relacionado con los derechos a la salud, la vivienda, la educación y la participación política; y el relacional, que analiza el conflicto y aislamiento social. Unos ejes que contemplan, a su vez, 37 indicadores que nos permiten situar a la población en cuatro escenarios posibles: la integración plena, la integración precaria, la exclusión moderada y la exclusión severa, “mostrando así una completa radiografía social de Andalucía que tiene en cuenta todos los espacios en lo que una persona puede estar excluida, más allá de los recursos económicos”.
Más de dos millones de personas en exclusión
A continuación, Thomas Ubrich, miembro del Comité técnico de la Fundación FOESSA y del equipo de investigación del informe andaluz, comenzó su intervención destacando el “shock sin precedentes” que la crisis ha provocado en la cohesión social, siendo los grandes damnificados precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas.
“El tsunami que ha supuesto esta crisis –señaló Ubrich- se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena”, de forma que solo el 42% de los hogares andaluces participan con normalidad en la sociedad frente al 49,3% que lo hacía en 2018.
Desde entonces, según la investigación, la exclusión en Andalucía ha aumentado más de un 36%, lo que implica que, en 2021, algo más de 2,2 millones de personas (el 26,3% de la población andaluza) se encuentran en situación de exclusión social. De ellas, la mitad, 1,1 millones de personas, se encuentra en una situación de exclusión severa; y de estas, casi 475 mil personas están en una situación aún más crítica, es ladenominada sociedad expulsada.
El informe revela, además, que la desigualdad y los niveles de pobreza monetaria son altos y persistentes para muchas familias en Andalucía, algo que determina no solo la exclusión, sino que además es fruto de la cronificación de la misma.
Brechas de exclusión
Una de las huellas más significativas de la pandemia ha sido la brecha digital, que afecta a 3 de cada 10 hogares andaluces y a casi la mitad de los hogares en situación de exclusión. La falta de conocimiento y medios tecnológicos ha generado una brecha que afecta a casi la mitad de los hogares que están en situación de exclusión. “Un apagón digital-comentó Ubrich-que conlleva pérdida de oportunidades laborales, formativas, de relaciones o de acceso a derechos como ayudas y prestaciones sociales y que nuevamente afecta a quien más necesita de esas oportunidades”.
El Informe realizado por la Fundación FOESSA constata, además, que la brecha causada por la circunstancia de género, la de nacionalidad extranjera y la de edad, aunque en menor medida, se han hecho más profundas desde el inicio de la crisis.
Así, la desventaja acumulada por razón de género permanece. La exclusión afecta al 37% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer, frente al 22% donde esa figura es un hombre.
Por otro lado, ser extranjeroen Andalucía sigue suponiendo una causa que afecta significativamente a la situación de exclusión. El 72% de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, lo que supone un porcentaje tres veces mayor que entre los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española. Ello dibuja una nueva grieta en una sociedad fracturada.
La edad configura la tercera brechaasentada en nuestra sociedad. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social que les impide dibujar proyectos de vida para transicionar a la vida adulta. “Tenemos una juventud sin empleo o en empleos temporales y precarios y, por tanto, sin posibilidades de emancipación ni de sustentar una vida independiente o a una familia”, apuntó Ubrich.
Otro colectivo que acumula mayores factores de vulnerabilidad es el de las familias con hijos, con una prevalencia de exclusión social mayor frente a las familias sin hijos.
Empleo, salud y vivienda, principales factores de exclusión.
El estudio revela que la consecuencia más visible de esta crisis se ha concentrado en la actividad económica y en el empleo, alcanzando a un mercado de trabajo con importantes tensiones que han derivado en la destrucción de empleo y la paralización de dinámicas laborales.
Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente. La precariedad ha crecido con fuerza y alcanza a casi 320.000 hogares (9,8%)que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave.
Además, se han agravado las causas que dificultan el acceso al derecho al trabajo a una parte de las personas desempleadas, lo que genera una peligrosa tendencia a la cronificación de la situación de desempleo.
Ubrich alertó que, durante la crisis, “más de 200 mil familias tienen comosustentador principal a una persona desempleada de larga duración, más de 500 mil familias tienen a todos sus miembros activos en paro y casi 200 mil familias carecen de algún tipo de ingreso periódico, predecible, que permita una mínima estabilidad”
Jóvenes, adultos entre 45 a 65 años, personas de origen inmigrante y personas en situación de exclusión social son las más perjudicadas por este sistema laboral, que solo les permite el acceso a empleos en sectores no cualificados, en empleos temporales y precarios, con mayor exposición a la enfermedad durante la pandemia y con mayor proporción de despidos.
Además del empleo, la vivienda y la salud son otros grandes motores de la exclusión en Andalucía.
En cuanto a la salud, más de 475 mil hogares (14,7%) sufren falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos.
En relación a la vivienda, el informe revela que la combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 400 mil familias (12,4%), una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza severa.
Ante este escenario, las familias han tenido que desplegar las estrategias necesarias para no verse arrastradas por la crisis. Tres han sido las más repetidas: acudir a ahorros propios, buscar o pedir dinero u otros recursos a familiares o amigos; y la reducción de gastos habituales, sobre todo en alimentación, ropa o calzado.
Tras el dibujo de la sociedad andaluza que presenta el informe de la Fundación FOESSA, Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas Regional y Director de la Diocesana de Sevilla, planteó la urgente necesidad de activar políticas que permitan recuperar los derechos perdidos de miles de andaluces, sobre todo de aquellos que más sufren las consecuencias de las crisis. Según Pérez de Ayala, esta nueva crisis arroja una parte de la población a las situaciones de exclusión; desgraciadamente de ella no se recuperarán jamás, pues los periodos de bonanza económica no consiguen recuperar a una parte de los que caen en esta situación cuando la economía se contrae.
Por esto, el presidente de Cáritas Andalucía reclamó una mayor cobertura de los servicios sociales y su adaptación a la realidad social del siglo XXI. “En una ciudad como Sevilla hay zonas donde se atiende a las personas hasta con tres meses de espera, los profesionales se encuentran sobrepasados y solo se atienden necesidades muy básicas y en unas cuantías irrisorias”, denunció Pérez de Ayala, que también ha manifestado la necesidad urgente de favorecer medidas que mejoren la atención sanitaria y políticas que protejan el derecho a la vivienda y que promuevan el empleo, su estabilidad y unas condiciones dignas del mismo, además ampliar y mejorar la cobertura de ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital, entre otros que permitan a las personas cubrir sus necesidades más básicas y las de sus familias.
“Estas familias, las que engrosan las cifras de la exclusión -concluyó el presidente de la institución- no pueden quedarse solas, no pueden seguir siendo héroes por más tiempo. Necesitan de políticas públicas a la altura de los retos que tenemos por delante y de la solidaridad de toda nuestra sociedad”.
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