El próximo 28 de mayo los andaluces estamos llamados a elegir a los responsables de la gestión municipal para los siguientes cuatro años. Con este motivo, quiero dirigirme a los católicos de Guadix y a aquellos que quieran escucharme. No tengo la intención de decir por o contra quién votar. Esa decisión política es una responsabilidad que recae en cada ciudadano. Mi intención es recordar algunos principios sobre la vida social y política de la Doctrina Social de la Iglesia, para ayudar, particularmente a los creyentes, a tomar su decisión a la luz de una conciencia debidamente formada.

La construcción de un orden social más justo es una tarea fundamental de la política. Sin embargo, la Iglesia, sobre todo a través de los laicos católicos, no puede ni debe quedarse al margen de este quehacer. Deseamos prestar nuestra contribución, argumentando desde la razón iluminada por la fe, a descubrir lo que es justo, aquí y ahora, para que pueda ser reconocido y después llevado a la práctica. La Iglesia no desea imponer a los que no comparten su fe las propias perspectivas y modos de comportamiento. Sin embargo, tampoco nadie puede exigirnos que releguemos la religión al ámbito privado, sin ninguna incidencia en la vida social, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil y sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Una fe auténtica siempre implica un profundo deseo de dejar el mundo algo mejor después de nuestro paso por la tierra.

La Iglesia manifiesta su estima por la democracia como sistema que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Todos tenemos el derecho y al mismo tiempo el deber de votar con libertad para promover el bien común. Es responsabilidad de todos ejercer el derecho a elegir a nuestros gobernantes, por lo que es necesario no eludir dicha cita electoral y prever con tiempo cómo ejercer el derecho y así cumplir con el deber de votar en los respectivos municipios.

Recordar algunos principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia, puede ayudarnos al discernimiento personal de cara a decidir el voto en la próxima convocatoria electoral. Estos principios son: la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiaridad y la solidaridad.

La dignidad de la persona humana es el fundamento de toda la acción política de cualquier nivel, y debe ser el primer criterio para nuestra elección política. Cada persona es un ser único e irrepetible, creado a imagen y semejanza de Dios (Gén 1,27). Debemos considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida, pero también de los medios necesarios para que pueda vivirla dignamente. En nuestros pueblos y en la ciudad urge acercarnos a todos y servirlos con eficacia cuando llegue el caso, ya se trate de ancianos solos, de jóvenes o adultos en paro, de trabajadores extranjeros, inmigrantes, pobres o marginados. A la administración municipal también es exigible, dentro de sus competencias, el esfuerzo decidido por combatir cuanto atenta contra la vida (aborto o eutanasia), o viola y ofende la dignidad de la persona humana, como son las condiciones infrahumanas de vida que puede sufrir. También, quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser objeto de nuestro respeto y amor.

El bien común es otro elemento de discernimiento que debe orientar nuestra participación en la vida pública. Junto al bien individual, hay un bien relacionado con la vida social de las personas: el bien común. Es el bien de todos nosotros, individuos, familias y grupos intermedios presentes en la sociedad. Trabajar por el bien común es cuidar y utilizar el conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que configura el pueblo o la ciudad. En la sociedad de la globalización el esfuerzo por el bien común ha de abarcar necesariamente a comunidades más amplias que la del propio municipio. Los ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano y a las que la ley encomienda la prestación de los servicios más básicos: atención a situaciones de necesidad, infraestructura urbana y su gestión medioambiental, promoción de la cultura y el deporte, entre otras (Ley de Bases del Régimen Local). Debemos analizar las opciones políticas que mejor promuevan las condiciones sociales que permitan y favorezcan el desarrollo integral de la persona y que, a su vez, respetan las legítimas aspiraciones de los demás grupos. En una sociedad plural, el gobierno debe ser para todos y ello conlleva armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales, no sólo según los intereses de la mayoría, sino buscando el bien efectivo de todos los miembros de la sociedad civil, incluidas las minorías.

El principio de subsidiariedad es especialmente relevante en el ámbito municipal. Respetar la lógica de la subsidiariedad implica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior. La subsidiariedad impone una doble obligación: la de cuidar las estructuras más básicas sin interferir ni manipularlas; y la de suplir y sostener, en caso de necesidad, una adecuada atención a las más débiles de la sociedad en orden al bien común. Los gobernantes municipales, en este caso, deben evitar entorpecer las asociaciones familiares, sociales, culturales o religiosas, privándolas o entrometiéndose en sus legítimas iniciativas; por el contrario, han de promoverlas con libertad y de manera ordenada.

Finalmente, en nuestras opciones políticas debemos tener en cuenta el principio de solidaridad. El desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de todos. Decía S. Pablo VI «El hombre debe encontrar al hombre, las naciones deben encontrarse entre sí como hermanos y hermanas, como hijos de Dios. En esta comprensión y amistad mutuas, en esta comunión sagrada, debemos igualmente comenzar a actuar a una para edificar el porvenir común de la humanidad». Este es el compromiso que debemos exigir y exigirnos. Este deber comporta velar por las personas, pero también por su entorno. La tierra nos precede, nos ha sido dada y debemos cuidarla. Este cuidado significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Es una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Este deber también comporta concretas exigencias para la política municipal.

Los católicos debemos valorar el propósito de aquellos candidatos que, entendiendo su tarea como un servicio al ciudadano, se ofrecen a trabajar por nuestra ciudad y pueblos. La política, a veces tan denigrada, es una de las formas más valiosas de expresar el compromiso cristiano. La caridad no es solo el principio auténtico para las relaciones de amistad, familia y pequeños grupos, sino que también debe regir las relaciones sociales, económicas y políticas.

En la ciudad y los pueblos los candidatos que se presentan a las elecciones municipales y los ciudadanos se conocen de forma directa y personal. Exhorto a valorar la credibilidad de las opciones políticas que se ofrecen en estas elecciones y el espíritu de servicio de quienes las representan; su defensa de la dignidad de la persona en todas las etapas de la vida; su esfuerzo por respetar y promover una sociedad civil participativa; la búsqueda del bien común del conjunto de la sociedad y las políticas en favor del bienestar de la población, especialmente de los más desfavorecidos y del entorno medioambiental.

Animo a la participación electoral como medio para construir una sociedad más justa y fraterna y elevo mi oración al Señor y a la Santísima Virgen para que los gobernantes elegidos contribuyan a una sociedad en la que reine la verdad, la libertad, la justicia y la paz.

+ Francisco Jesús Orozco Mengíbar

Obispo de Guadix