La entidad de la Iglesia denuncia la falta de colaboración con las entidades del Tercer Sector de la Consejería.
Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas Andalucía: “Los mayores no quieren irse y Cáritas no los va a echar, nadie los ha tenido en cuenta a la hora de tomar esta decisión por parte de la Junta”.
Cáritas Regional de Andalucía pide a la Junta que reconsidere la decisión de suprimir el concierto de 14 plazas que mantiene hasta el momento con la residencia de mayores San Pablo de Córdoba. La entidad afirma que esta decisión se ha tomado sin tener en cuenta a los residentes, a Cáritas y a los trabajadores del centro.
El Hogar Residencia San Pablo de Córdoba lleva en funcionamiento desde 2009 con un total de 40 plazas, y está gestionado con fondos propios de Cáritas Diocesana de Córdoba y el concierto de la Junta de Andalucía de 14 plazas. El centro atiende a mayores de 60 años en situación de exclusión social grave; personas que no poseen recursos o tienen ingresos muy escasos. La residencia San Pablo fue la primera y única de estas características en la provincia de Córdoba.
De esta forma, y ante la decisión de la Consejería de eliminar el concierto de las 14 plazas que mantiene con la residencia, Cáritas Regional denuncia una decisión irresponsable, y realizada de forma unilateral, sin pensar en las consecuencias de la misma.
Los mayores no quieren irse
La eliminación del concierto causa un enorme perjuicio a los residentes que serán reasignados a otros centros. Ante esto, el presidente de la Cáritas andaluza, Mariano Pérez de Ayala, afirma que no será la entidad quien los eche de allí y que corresponde a la misma Consejería ejecutar sus decisiones. “Estas personas merecen que se las tenga en cuenta, ellos no quieren irse y nosotros no los vamos a echar”, comenta.
Incertidumbre de continuidad
Asimismo, Pérez de Ayala ha añadido que esta medida “supone además un grave peligro para la continuidad de la residencia”, ya que los centros de mayores gestionados por Cáritas atienden principalmente a personas sin recursos o ingresos muy precarios. “Hacemos una labor social y cubrimos necesidades que debería paliar la Administración. Si además nos retiran las escasas ayudas públicas se pone en riesgo la atención a este colectivo”.
Con respecto a la Consejería Igualdad, políticas Sociales y Conciliación, dirigida por Ciudadanos, Cáritas Andalucía insta a tomar medidas con coherencia y responsabilidad, puesto que mantienen un discurso en el que dicen apostar por el fomento de la colaboración público-privada que luego “brilla por su ausencia cuando se toman este tipo de decisiones”.
