La LOMLOE ha sido aprobada por el Congreso y va camino de convertirse en la octava ley educativa de la democracia en España, a pesar de las muchas voces que llaman al diálogo antes de su aprobación definitiva. Carmen Velasco, delegada diocesana de Enseñanza, denuncia la forma en la que se ha tramitado esta norma.
¿Por qué éste no es el momento adecuado para tramitar una Ley de Educación?
El filósofo y pedagogo José A. Marina ha dicho en una entrevista reciente que es el momento menos oportuno, porque con la que está cayendo, lo que menos necesita el mundo educativo es meterse
en una ley que nace para morir. ¿Por qué? Porque, por primera vez en la historia de la democracia, no se ha dialogado con nadie, no se ha convocado a la sociedad civil ni a los estamentos educativos.
¿A causa de la pandemia?
Es la manera de trabajar que tiene este gobierno, y la excusa de que “estamos confinados y no nos podemos mover” ha venido muy bien para decir «lo hacemos nosotros todo». Así, volvemos a tener sobre la mesa una ley ideológica que, cuando cambie el partido en el gobierno o cambien los partidos que apoyan a ese gobierno, haya que volver a cambiar la ley. Es muy triste, porque al final el mundo de la educación se ve obligado a «pasar» de la ley y a hacer lo mejor que puede su tarea: educar.
¿Qué derechos y libertades educativos y ciudadanos restringe esta ley en opinión de las voces que se han alzado en su contra?
Es un tema serio, porque con el concepto de «derecho a la educación pública» que aparece recogido en la ley se han «cargado» el derecho a la educación recogido en la Constitución. Lo que hay que garantizar es una plaza en un centro sostenido con fondos públicos. Se “cargan” además el que sean los padres quienes tienen derecho a elegir la educación. Porque es así, y no el Estado (el Estado lo que tiene es que hacer posible que los ciudadanos podamos desarrollar los derechos que están en la Constitución, poniendo los medios para ello). En cada país se han puesto medios distintos para ello. En España se puso el que existan centros concertados y que los padres puedan elegir lo que quieren. Si solo hay lentejas y lentejas, es muy difícil elegir otra cosa. Además, se puede entender (yo lo hago) que esta ley enfrenta a los poderes públicos con las familias, porque no decide la familia sino la administración dónde tiene que ir cada niño. Eso es muy serio. Y luego, no sé por qué, seguimos yendo contra la Educación Especial y la Escuela Diferenciada. Respecto a la primera, es indudable que hay niños que necesitan más apoyo y una atención personalizada. ¿Por qué se la vamos a quitar? Yo estoy por la integración, pero también por la especial, porque cada niño y cada niña necesita una cosa distinta. ¿Y por qué ir contra la diferenciada, cuando en el resto de Europa funciona bien para quien la quiere? Aquí seguimos con lo mismo: «Como a mí no me gusta, no dejo que te guste a ti». La amenaza es «quitemos los conciertos» de este tipo de educación, que no es mayoritaria, pero que hay familias que la eligen y están en su derecho. ¿Por qué esa cerrazón? Creo que en el nombre de una pretendida libertad se está atacando a la libertad de poder elegir dentro del marco que establece la Constitución.
Estas cuestiones afectan no solo a la enseñanza católica…
No, no. Afectan a la enseñanza. Porque aunque parece que es una ley contra la concertada, es una ley orgánica que modifica la anterior, la LOE, de hace 14 años, pero sin intentar mejorarla. Esta ley la corrige pero, desde mi punto de vista, no al alza, sino a la baja. Tenemos un índice de fracaso y abandono escolar alarmante, y en la ley no hay soluciones a esta situación. Y luego otro tema, el perfil de personas que queremos educar. Me ha preocupado mucho que en los preámbulos, eso que casi nadie se lee pero que es muy importante porque resume los objetivos de la ley, aparezca formar trabajadores, en vez de personas. Siempre me ha resultado «peligroso», aunque suene fuerte. Trabajar no es lo que te hace ser persona, y el trabajo depende de la persona que hay tras él. Y educar en unos determinados valores debería ser un derecho de los padres.
¿Está la Iglesia sola en esta reivindicación?
La Iglesia no está sola en esto, porque no es un tema solo de ella. Pero sí que tiene una obligación de ser voz. Se está movilizando mucha gente, colectivos que parecerían tener intereses distintos, pero es que el tema de la educación nos importa a todos. Y como afirmaba hace unos días el card. Omella, la mayoría de la sociedad pide un pacto educativo, que nos posibilite que, como pasa en otros países, cada vez que cambia el gobierno no cambie la ley. Aquí vamos a trompicones, y así no hay manera. Y luego, nos encontramos con que de lo que dice la ley a lo que llega al aula hay mucha diferencia, porque el profesorado impone el sentido común. La nueva ley deja a la asignatura de Religión sin alternativa, y ¿eso supone que los alumnos que la elijan van a tener más horas de clase? Ahí se producen una serie de desencajes de los principios educativos que se dice defender, como pasa con el Español. Si es verdad que eso no lo dice la ley, que lo demuestren; y si se trata de cambiar palabras, que las cambien. Este tema de la Religión está totalmente ideologizado, porque no presenta ningún problema. Como decía Omella al abrir la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española: «defendemos la presencia de la asignatura de Religión. De hecho, en una sociedad tecnocrática en la que un pequeño virus nos ha desbordado, se hace más necesaria que nunca la enseñanza y el cultivo de la filosofía, de la teología y de la espiritualidad». Con esto me quedo.
¿Son esos los verdaderos problemas que tiene la educación?
Nos venden que el día que quitemos la Religión de la escuela y los conciertos educativos, estaremos mejor que Finlandia. Ha sido la tentación también de otros gobiernos, pero es que en este caso, es ya muy descarado. No preguntan. Y cuando dicen que preguntan, no preguntan tampoco. No se sientan a dialogar, a conocer. Es como si estuvieran en la luna. Si se sientan con la gente, y escuchan, conocerán la realidad educativa. Y que miren lo que está funcionando en otros países, para implementarlo.
¿Qué pasos se están dando ante esta ley por la sociedad?
Se ha creado una plataforma donde se reúnen colectivos muy distintos, luchando codo a codo, y se han movilizado personas que incluso no tienen nada que ver profesionalmente con el mundo educativo. Se le está pidiendo al gobierno que no corra tanto en este tema, que se siente, que escuche, que piense, que analice. Que no puede ser que ni la comunidad educativa ni la sociedad civil haya comparecido en trámite parlamentario. Y que la educación se haya convertido en moneda de cambio, como nos muestran; esa sensación de que «quitamos el español de Cataluña y nos aprueban los presupuestos» no puede ser más nefasta. Y esa sensación está.
La Iglesia tampoco está en contra de la escuela pública.
No, no. Ni tampoco lo está la concertada. Además, usamos mal los términos, porque pública es toda escuela sostenida con fondos públicos, sea de titularidad de la Junta, el Ministerio o de otras instituciones. Y para nosotros es fundamental que unos padres puedan elegir entre un centro de titularidad estatal o autonómico, uno de titularidad concertada o uno de titularidad privada. Que podamos elegir. Y hay que intentar acabar con la injusticia de que se «castiga» a los padres que llevan a sus niños a un centro concertado, haciéndoles pagar más por el comedor, el transporte, las actividades extraescolares… En Málaga tenemos casos flagrantes de centros en el mismo barrio atendiendo a las mismas familias, con esas diferencias, por el solo hecho de ser estatales o concertados. Eso no es social ni justo. Por eso, el gran problema que tiene la educación en España es que manda la ideología y no existe un pacto con el que todos suspiramos en el que nos pongamos de acuerdo en esos elementos fundamentales del sistema. Porque aunque la señora ministra diga que no, los hijos son de los padres. Y el derecho a elegir es de ellos.
Ana María Medina
