Otra de las entidades protagonistas en la defensa de una educación de calidad que incluya tanto el modelo público como el concertado es Escuelas Católicas, una organización que aglutina solo en Andalucía 400 colegios de numerosas instituciones de la Iglesia. Esta cifra representa el 70 % de la educación concertada andaluza, y en ella están empleados 16.000 profesionales y estudian cerca de 260.000 alumnos. Estos números se traducen en que entre el 18 % y el 20 % del alumnado andaluz opta por la enseñanza concertada. Unos datos –no obstante- sensiblemente menores que la media en el resto del país, que supera el 50 %.
Carlos Ruiz, secretario general de Escuelas Católicas Andalucía (ECA), ha sido una de las caras visibles en la denuncia de la LOMLOE, una ley que “considera a la educación concertada subsidiaria de la pública” y que “hurta la posibilidad de que los padres puedan elegir el tipo de centro y el tipo de educación que creen más adecuado para sus hijos”.
¿Cuáles son los principales motivos por los que ECA rechaza la LOMLOE?
En primer lugar, porque fallan las formas. No es el momento más adecuado para tramitar una ley de esta envergadura, en unas circunstancias en la que toda la comunidad educativa está volcada con evitar la propagación de la COVID.
Por otro lado, no se ha contado con el diálogo de los sectores implicados, entre ellos entidades titulares, profesorado, padres, sindicatos, etc. Y el consenso es necesario para aprobar cualquier ley educativa. Al no haber consenso, esta ley va a seguir generando inestabilidad, que es ya la tónica general en nuestro sistema educativo, porque llega un partido y cambia la ley, y el siguiente la vuelve a modificar.
Ante tanta inestabilidad, ¿cree que un Pacto Educativo sería la respuesta definitiva?
Sí, efectivamente, estoy convencido de que es necesario. Sin embargo, de la nueva ley se deduce que no hay intenciones en absoluto de un pacto. Si realmente hubiera esa intención se hubiera notado en las formas, incluyendo las distintas visiones de los partidos, de la comunidad educativa, de los sectores implicados… Eso no se hace de la noche a la mañana, sino que se requiere diálogo, reflexión y, sobre todo, saber ceder por todas las partes. Yo lo veo cada vez más difícil, aunque es más necesario que nunca.
¿Qué quiere decir que la LOMLOE elimina la “demanda social”?
La demanda social es la voluntad de las familias, es decir, en qué colegio quiero que estudie mi hijo. La nueva ley prima el criterio de la Administración Educativa, imponiéndose la voluntad del Estado por encima de la voluntad de las familias, por tanto, se ve privado el derecho de elección de centro.
La consecuencia más inmediata a esto es que la escuela concertada queda como subsidiaria a la pública. En otras palabras: si un día tiene que cerrarse un centro, aunque tenga demanda y las familias llamen a la puerta, se cerrará antes el concertado que el público.
Por otro lado, son muchas las quejas en relación al futuro de los Centros de Educación Especial con la nueva ley.
Con la Ley Celaá se prepara el camino para que a medio o corto plazo los Centros de Educación Especial queden marginados o acaben desapareciendo. Precisamente uno de los colectivos con los que tampoco han contado para elaborar esta ley es con las familias que tienen hijos en situaciones especiales. Se trata de alumnos que tienen necesidades muy concretas y requieren de una atención, formación y educación que solo podemos darle a través de este tipo de centros.
Escuelas Católicas de Andalucía representa el 70 % de la educación concertada en nuestra comunidad autónoma. Con tanta experiencia, ¿Qué aporta este tipo de enseñanza al sistema educativo español?
Muchísimas cosas. Aporta pluralismo, porque en una sociedad democrática tiene que haber distintas opciones como expresión de libertad.
Esto, además, favorece que las familias con menos recursos tengan la posibilidad de elegir. Imagine que si no hubiera concertada habría solo dos tipos de redes: la pública y la privada. Esta última está en manos de una minoría, así que la mayoría de familias se verían abocadas a matricular a sus hijos en la escuela pública. Gracias a los conciertos aquellas personas con menos recursos pueden escoger para sus hijos dos tipos de centros acorde al tipo de educación que quieran.
Por otro parte, los centros concertados suponen un ahorro económico al Estado. De este modo, un puesto escolar de la concertada sale más económico que un puesto en la pública. Sin embargo, hay que matizar, porque ese ahorro se debe a que la Administración no dota con los mismos recursos a la pública que a la concertada. Por esta razón demandamos que se nos financie con las mismas condiciones que la pública. No queremos más, pero tampoco nos conformamos con menos, porque se están creando centros de primera y de segunda categoría.
Pero todos estos argumentos no quieren decir que estén en contra de la enseñanza pública, sino que son dos sistemas necesarios y complementarios.
Exacto. No estamos enfrentados. Creemos que los dos sistemas pueden convivir en paz. De hecho, nosotros defendemos una excelente escuela pública, a la vez que una fuerte enseñanza concertada.
Dicho todo esto, no cree entonces que esta ley responda a los problemas reales de la educación en España.
En absoluto. En mi opinión, hay dos tipos de diálogos: el de la calle –el real- y el de los políticos.
Entre las familias que llevan a su hijo a un centro público y las que lo hacen a un centro concertado hay una convivencia pacífica y respetuosa. En ambos casos se busca lo mismo: un centro que garantice una buena formación académica, una educación en valores, seguridad para el menor…
Sin embargo, el debate que hay sobre la enseñanza a nivel político es ficticio y partidista. Si fuera real se abordarían los problemas reales de nuestro sistema educativo respondiendo a por qué estamos en la cola de los estudios internacionales, por ejemplo. Además, se contaría con la opinión de las familias y de los profesionales de la educación.
Escuelas Católicas
Aunque la historia más reciente de Escuelas Católicas parte de mitad del siglo XX, se puede afirmar que el germen de la institución se remonta a la fundación en 1410 del primer colegio católico, el Colegio Imperial San Vicente Ferrer.
Cinco siglos después, en 1957, se crearía la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) para defender a los centros católicos. Y más tarde, en 1988, se erigiría la patronal de centros católicos ‘Educación y Gestión’. La fusión de ambas instituciones daría lugar en 2005 al nacimiento de la marca Escuelas Católicas, llamada a unir y a servir a todos los titulares de centros católicos con una vocación abierta e integradora.
Por este motivo, la razón de ser de Escuelas Católicas es fortalecer a estos centros, ayudar a las entidades titulares a desarrollar, desde su identidad, su papel evangelizador y educativo. Además, tiene como objetivo liderar la relación con la Administración educativa y otras entidades autonómicas, para defender y explicitar el valor del servicio que presta la enseñanza católica en Andalucía.
A nivel nacional esta realidad integra a cerca de 450 titulares con 2.008 centros educativos y más de 100.000 trabajadores (de los cuales, más de 82.000 son docentes). En sus centros estudian más de un millón doscientos mil alumnos desde Educación Infantil hasta Bachillerato, incluyendo la Formación Profesional y la Educación Especial. De este modo, Escuelas Católicas supone el 15 % del total del sistema educativo y el 60 % de la privada-concertada, lo que la convierte en la organización más representativa del sector.
