Las diócesis e instituciones religiosas españolas siguen dando pasos en su compromiso para la protección a menores y personas vulnerables. En cumplimiento de lo establecido por la Santa Sede, todas las diócesis españolas tienen establecidos, desde antes del 1 de junio de 2020, protocolos y oficinas para la protección y presentación de denuncias por abusos cometidos.
Además de las 60 oficinas en el ámbito de la Iglesia diocesana (de carácter diocesano, interdiocesano y lugares de acogida), las congregaciones religiosas han abierto 142 oficinas pertenecientes a 121 congregaciones. En total, la Iglesia en España ha abierto en estos dos años 202 oficinas preparadas para la recepción de denuncias de actos cometidos en el pasado.
En este sentido, las diócesis y las congregaciones religiosas están desarrollando, poniendo en vigor y formando a sus miembros en procesos comunes para la protección de menores, protocolos para los centros educativos y formación para profesores y alumnos para la detección y prevención.
Estas oficinas se encargan también del establecimiento de protocolos de actuación y formación para la protección y la prevención.
La Conferencia Episcopal encargó en febrero de 2022, una auditoría independiente a Cremades & Calvo-Sotelo acerca de los informes e investigaciones realizados sobre los casos de abusos a menores cometidos por algunos miembros de la Iglesia. El encargo realizado a este grupo de trabajo de Cremades tiene tres objetivos fundamentales: por un lado, el estudio de los datos sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia con el objetivo de realizar un mapa lo más preciso posible sobre esta realidad; por otro lado, la auditoría y revisión del conjunto de medidas de prevención y procedimientos de actuación adoptados por la Iglesia Católica; y, en tercer lugar, la propuesta de medidas de mejora relacionadas con la prevención y los procedimientos organizativos y de actuación en relación a los abusos.
Para dar luz
“La Iglesia en España ha estado y estará siempre con las víctimas, con las personas que sufren, para que nunca caigan en los márgenes de la sociedad. Esta misión forma parte del núcleo esencial de nuestra fe”, ha expresado el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan José Omella. En consecuencia, a través de la página web Para dar luz “se pretenden seguir dando pasos en favor de la dignidad de todas las personas que han sufrido y del bien de la sociedad”.
Este nuevo cauce de comunicación y denuncia es complementario al trabajo que ya se viene realizando en las oficinas diocesanas.
Menores y personas vulnerables
Los obispos españoles, en las distintas Asambleas Plenarias, han ido trazando, siguiendo las directrices de la Santa Sede, unas líneas comunes de trabajo que luego se han concretado en las oficinas diocesanas y metropolitanas de denuncias.
Acogida, escucha, prevención y formación son las claves de la Iglesia en España ante los casos de abusos. La Iglesia Católica asume el compromiso de cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio, la protección de todos los menores y adultos vulnerables, creando comunidades seguras donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso.
Protocolo marco de prevención
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado el pasado noviembre el Protocolo marco de prevención y actuación en caso de abusos y, de forma suplementaria, unas Líneas Guía para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores que se aplicaría de manera conjunta en todas la diócesis.
El protocolo tiene tres partes. Una, toma conciencia de cómo actuar ante los hechos que se dan o las denuncias que puedan provocar. Otra, exige una profundización del mismo para saber distinguir y discernir y, por último, la tercera parte, trata de cómo diseñar la formación para prevenir.
Objetivos del protocolo
Entre los objetivos del protocolo, figura la prevención y la protección. El segundo, protocolizar el modo de actuación empezando por la detección, como la denuncia, procurando que la intervención sea inmediata y ajustada a las leyes civiles y canónicas. Además, se tratará de forma individual tanto a quien denuncia y a su familia, como al denunciado y su entorno. En tercer lugar, se propone encontrar caminos de reparación ante el daño causado. Y, por último, ayudar a que el victimario asuma su rehabilitación y se tomen decisiones para evitar que esté en contacto habitual con niños.
La Iglesia debe ser el referente de los derechos de la dignidad y de la vida humana, del respeto mutuo, de la convivencia y de todo lo que aleja al ser humano de serlo. Este protocolo constituye la base para que, sobre él, se pueda adecuar o modificar la realidad que se vive en cada lugar.
Creación de la oficina para denuncias en Sevilla
El arzobispo de Sevilla y los obispos de Huelva, Cádiz y Ceuta crearon en febrero de 2020, la Oficina para la recepción y tramitación de denuncias sobre posibles abusos sexuales en el ámbito de sus respectivas diócesis.
La creación de esta Oficina tiene como finalidad facilitar y asegurar que las noticias o las denuncias sobre posibles actos realizados por clérigos, miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica, que pudieran ser constitutivos de delitos relacionados con abusos sexuales, sean “tratadas en tiempo y forma, de acuerdo con la disciplina canónica y civil, respetando los derechos de todas las partes implicadas”. Además, atenderá las denuncias por acciones u omisiones de obispos y otras personas equiparables, dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles, canónicas, administrativas o penales contra un clérigo o religioso.
Las denuncias se podrán realizar en la sede de la Oficina en Sevilla o ante el vicario judicial de las diócesis de Huelva o Cádiz y Ceuta. Por otra parte, se prevé un acompañamiento a las víctimas, que corresponderá a cada diócesis.
Esta estancia depende de Vicaría General de la diócesis, contará con varios miembros, nombrados por el arzobispo de Sevilla, con el consentimiento de los Obispos de las mencionadas diócesis. El delegado episcopal es Ángel Failde y tendrá como adjunto un notario eclesiástico, cargo para el que ha sido designado Ramón Herrero. Además, la letrada Mercedes Fernández ha sido nombrada directora de esta instancia conjunta y Karen Mendoza, portavoz de la Oficina, oficio que ejercerá en coordinación con el delegado diocesano de Medios de Comunicación.
Al respecto, las noticias o denuncias sobre los posibles abusos sexuales a menores y a personas vulnerables se podrán realizar en la sede de la Oficina en Sevilla, previa cita telefónica al 954 505 505, ext 810, o a través del correo electrónico: tribunal.acogida@archisevilla.org.
Noticias relacionadas
La protección de menores, un compromiso de la Iglesia en España
Ver este artículo en la web de la diócesis
