Nuestra tradición secular ha influido probablemente en una forma de encarar todo lo relacionado con el dinero, que está siendo adaptada a unos tiempos, una comunidad y unas necesidades bien distintas de las de hace varias décadas. Hoy día, la economía precisa un personal muy profesionalizado y medios acordes con unas rutinas que la Iglesia ha adoptado también en sus dinámicas de trabajo. Ya no hay pudor a la hora de hablar de dinero, y la transparencia ha llegado para quedarse entre los criterios que gobiernan la organización de diócesis, parroquias, hermandades o comunidades religiosas.
Para concretar proyectos y sacar adelante un programa con evidentes repercusiones sociales, primero hay que saber con qué dinero se cuenta. Y en este campo, la Archidiócesis de Sevilla viene defendiendo cada año, en las presentaciones de sus Informaciones Económicas, una idea que habla, y muy bien, del grado de implicación de los fieles con su Iglesia más cercana, la Iglesia diocesana: “los sevillanos son generosos, año tras año, y eso se comprueba cada vez que surge la necesidad”. Alberto Benito, ecónomo diocesano, precisa que las principales fuentes de ingresos de la diócesis son, en primer lugar, las propias actividades que organiza (visita cultural a la Catedral, lo que se deriva de los colegios y fundaciones diocesanos, etc). Esto comporta en torno al 50 % de los ingresos anuales. La segunda fuente son las aportaciones de los fieles (cifrada en el 26,7 % el año 2024) y, en tercer lugar, la asignación tributaria (en torno al 16 %).
El sevillano es generoso con la Iglesia
En cuanto a esta asignación tributaria, Sevilla se encuentra entre las diócesis que más colaboran, cuantitativa y cualitativamente. Casi la mitad de los sevillanos contribuyen a la Iglesia a través del IRPF, aunque realmente este cómputo va más allá del 50 %, ya que muchas declaraciones son conjuntas y hay quien no la hace porque no llega al mínimo obligatorio. “Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los sevillanos somos muy generosos con la Iglesia”, reitera el responsable de las cuentas diocesanas. También es cierto que no todo lo que los sevillanos aportan con sus declaraciones de la renta se queda en Sevilla, y esto habla igualmente bien de nuestra disponibilidad. De los 14 millones que suele cifrar la Delegación de Hacienda, casi la mitad se consigna en el Fondo Común Interdiocesano que coordina la Conferencia Episcopal, y que sirve para ayudar a diócesis “menos pudientes”. Por tanto, la dependencia de la Archidiócesis de lo que aportan los sevillanos por la vía fiscal no es tan decisivo. Sólo el 16 % del total procede de esta asignación tributaria.
Otro dato que se repite año tras año es la generosidad de los sevillanos en las colectas que se llevan a cabo dentro y fuera de las parroquias. Aquí no está de más añadir que las cuestaciones extraordinarias (por desastres naturales, necesidades sobrevenidas, etc), no van en menoscabo de las colectas previstas al inicio del año, que son doce (Manos Unidas, Óbolo de San Pedro, Misiones…). Aquí también se comprueba la generosidad de los sevillanos. Baste el ejemplo de la colecta que cada Viernes Santo se hace para el mantenimiento de los Santos Lugares: En este caso, lo recaudado en la Archidiócesis hispalense sólo está por detrás de las cantidades aportadas en Madrid y Valencia. Para Alberto Benito todo radica en una especial sensibilidad del sevillano por los más desfavorecidos. “Esto sin contar con la actividad social que emana de las hermandades o las congregaciones religiosas”, añade.
La transparencia, algo innato en los procedimientos diocesanos
La transparencia ya no es algo que haya que imponer en las dinámicas de trabajo de la diócesis. El ecónomo destaca que “tenemos herramientas informáticas que nos permiten una trazabilidad hasta el último euro que llega a la diócesis. Somos capaces -añade- de saber la finalidad última de todo lo que se ingresa”. En este tema ayuda el hecho de que participen muchas personas (entre cinco y siete) en todas las rutinas relacionadas con la economía, con procesos y procedimientos predeterminados. Además, las herramientas informáticas (que van más allá de un mero programa de contabilidad) “nos permiten un diagnóstico y un análisis de necesidades bastante exacto, yendo de lo global al detalle”, apunta.
En la cúspide de esta organización está la Administración Diocesana, con cinco profesionales bajo la dirección del ecónomo, divididas en tres áreas: procesos económicos contables, recursos humanos y obras.
Manuales de buenas prácticas y procedimientos
Además, otro aspecto importante en las dinámicas económicas de la diócesis son los manuales de buenas prácticas y procedimientos. Benito recuerda que “en este campo hemos sido pioneros (hace unos siete años) en la Conferencia Episcopal, dando un paso más allá en la línea de ofrecer una transparencia absoluta”. Al comienzo se fijaron ocho manuales como estándar mínimo para todas las diócesis, en materia de obras, recursos humanos o gestión de inversiones y transparencia, entre otras materias. Sevilla fue muy activa en la elaboración de esos manuales, “y al ser una diócesis grande tenemos necesidad de ir un poco más allá de lo que marcan esos mínimos comunes”. Así, por ejemplo, se fijan con claridad los límites que no se pueden traspasar.
A otro nivel están los consejos económicos parroquiales. En esta área se ha comprobado una rápida y positiva especialización. El ecónomo diocesano precisa que estos organismos siempre han contado con “gente de muy buena voluntad y predisposición a ayudar”, pero en los últimos años se ha observado un mayor nivel profesional y capacitación de sus miembros. “Son indispensables ayudando a los párrocos en un aspecto técnico y necesario, y es que la contabilidad de las parroquias cada vez precisa más especialización”, subraya Alberto Benito. En su desempeño al frente de la Administración Diocesana no se cansa de decir que la economía no es un fin de la Iglesia, “pero es un medio importante”. “Si no tuviésemos recursos no podríamos acometer obras sociales, llevar adelante la importante dimensión pastoral, arreglar parroquias, construir templos nuevos, etc. Tenemos que ser responsables de lo que tenemos”, añade.
Protectorado canónico
En la estructura económica diocesana también ha cobrado un reciente protagonismo el Protectorado Canónico, iniciativa al servicio de hermandades, parroquias y todas las entidades religiosas, a la que cada vez le llegan más temas. No se ocupa únicamente de la rendición de cuentas, como se destacó en sus inicios, y ahora sirve de asesoramiento a todas las entidades eclesiales que la solicitan. Benito reconoce que “en sus inicios hubo quizás cierto recelo, pero cuando ves que los fines son positivos, la gente pierde el miedo que pudiera haber y se da cuenta de que es algo bueno para todos”. En este tema, Sevilla también ha visto imitado el modelo por otras diócesis.
Descendiendo al detalle, no hay el menor problema en informar que un sacerdote en Sevilla cobra hoy mil euros brutos, que con las retenciones se queda en unos 950 euros. Es una cantidad, además, que se ha venido aumentando de forma significativa en los últimos años. Por su parte, los obispos tienen una retribución marcada por la Conferencia Episcopal en 1.250 euros.
¿Cuánto y por qué se gasta en obras?
Las obras son otro ámbito destacado de la Administración Diocesana. Al año se realizan entre 50 y 60 obras de todo tipo, pero hay que saber que para ese período de tiempo llegan peticiones de actuaciones por importe de unos 20 o 25 millones. Desgraciadamente, no se cuenta con ese dinero, por lo que hay que esmerarse en los estudios previos para que las decisiones finales se ajusten a las posibilidades económicas de la diócesis y las propias parroquias. El ecónomo informa que la Archidiócesis dispone cada año de unos cuatro millones y medio, que es lo que llega de la Catedral. A eso hay que añadir una cierta capacidad de endeudamiento con entidades financieras para proyectos concretos. Al final, al año se ejecutan proyectos por importe de ocho o nueve millones de euros. ¿Con qué criterios? Se estudian todas las peticiones, viendo la urgencia y el compromiso de las comunidades parroquiales. Si la obra es urgente y necesaria no hay nada que dudar (pensemos por ejemplo en la Iglesia la que se le está cayendo la cúpula o las bóvedas), pero hay obras que pueden esperar más. Facilita las cosas que la comunidad parroquial adquiera un compromiso para pagar las obras en un 50 o 60 %. Al final son el Consejo Episcopal y el Consejo de Asuntos Económicos los que validan las prioridades y las urgencias en este campo.
En definitiva, nada se deja a la improvisación, y lo que hace décadas se abordaba con indisimulado pudor, ahora se afronta con criterios de transparencia y servicio. Ya no es tabú hablar de dinero en la Iglesia. Al contrario, no hacerlo comprometería un camino trazado hace tiempo de acuerdo con la propia naturaleza de la Iglesia.
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