El Consejo Diocesano de
El Consejo ve con preocupación, como el texto del Proyecto de Ley apunta a convertir a
El Proyecto de ley cercena, con su articulado, el derecho reconocido en la Constitución de que las familias escojan libremente el centro educativo que desean para sus hijos, así como el derecho de educarlos conforme a sus convicciones morales y religiosas.
No podemos compartir que la educación sea considerada como «un servicio público», pues no es misión del Estado convertirse en el único educador (este sería el significado de servicio público), sino mantener su carácter de subsidiariedad a este respecto. Los educadores de los hijos son los padres, obligación y deber que se imponen a la hora de formar una familia.
No compartimos el criterio de subsidiariedad que se impone a los centros privados concertados o de iniciativa social, en el texto articulado, pues lesiona la libertad de creación de centros reconocida en nuestra Constitución, ni podemos aceptar que no se garantice la continuidad de los conciertos para la iniciativa privada ni el ideario en los colegios regidos por Instituciones de la Iglesia.
No puede ser admisible que el proyecto presentado, no arbitre medidas para remediar el porcentaje de fracaso escolar que actualmente hay en
Se ha podido constatar por el Consejo, que el texto articulado no contiene medidas encaminadas a dignificar al profesorado tanto de centros públicos como de los centros privados, plasmando algunas cuestiones que pudieran ser beneficiosas para el profesorado de los centros públicos, que luego no tienen su reflejo en la memoria educativa que acompaña al proyecto y dejando otras al desarrollo normativo.
El Consejo ve con preocupación la implantación de una nueva asignatura, «educación para la ciudadanía», pues su finalidad y obligatoriedad apunta hacia una formación moral dictada por el Estado, al margen de la potestad que asiste a los padres en cuanto a su libre elección, vulnerando por tanto un mandato constitucional reconocido en el art. 27.3.
No admite el Consejo el tratamiento que se da a la asignatura de Religión que en la práctica queda eliminada del currículo del alumno y en consecuencia tampoco el tratamiento que se da a los profesores de dicha asignatura, al convertirlos de forma unilateral en empleados de la Iglesia, olvidando que prestan sus servicios en Centros Públicos, que forman parte del claustro de los mismos, y que en reiteradas sentencias del Tribunal Supremo ha declarado que la Administración es la empleadora de estos profesores.
Reconocemos que toda esta problemática planteada con el Proyecto de Ley, es producto de la falta de consenso y de diálogo que ha existido a lo largo de su elaboración y debido a las prisas con que se ha llevado a cabo.
Ponemos en conocimiento de la opinión pública que tanto las Organizaciones representativas de Padres, Titulares de Centros y Profesores, siempre han estado abiertas al diálogo, han propugnado un posible Pacto por la Educación que dé estabilidad al Sistema Educativo, y la respuesta que se ha recibido de la Administración, siempre ha sido la información aparecida de los diferentes medios de comunicación que daban cuenta de las modificaciones que se iban produciendo y que sucesivamente iban recortando la libertad de enseñanza y las garantías para el ejercicio del derecho de los padres a la educación de sus hijos.
El Consejo Diocesano de
No obstante lo anterior, el Consejo Diocesano de
