No sé si por educación, confianza o ingenuidad, por defecto, confío en las autoridades. Pero cuando una ministra del Gobierno español llama machistas a los jueces y desde Podemos, partido de coalición en el Gobierno de España, tacha de fachas a los magistrados me saltan las alarmas. Sí. El insulto, aparte de ser intolerable, es absolutamente insostenible e ineficaz ante una situación que tiene como protagonistas indiscutibles a las víctimas que han sufrido una violación.
Conocer a personas que dominan el sistema jurídico español salva de la incomprensible respuesta que dio el Ministerio de Igualdad. Me cuentan que en la Constitución Española hay principios fundamentales de obligado cumplimiento. Ahí está la clave. Entre ellos se encuentran el respeto a la legalidad, la seguridad jurídica o la irretroactividad de las normas con la excepción de la retroactividad de las normas más favorables para el acusado o condenado; por tanto, lo que pasa es que ante la petición de ser juzgado el presunto delincuente o rebajar la pena al condenado, los jueces tienen que aplicar la ley.
Es decir, cuando una norma arranca se aplica a los casos que surgen después de la entrada en vigor, salvo que sea una ley penal que elimine un delito o rebaje unas penas: en ese caso la Constitución Española dice que se puede juzgar con la ley nueva más favorable o que se puede rebajar la condena en la proporción que dicta la nueva ley. Creo que no es tan difícil de entender, salvo que pretendamos tapar, con la descalificación, un debate de fondo que evidencia cómo se legislan delitos tan graves como la agresión sexual. En cualquier caso, esperemos a lo que dice el Tribunal Supremo y los jueces, éstos revisarán de oficio las condenas por delitos sexuales con penas de cárcel en vigor.
Artículo publicado en la sección de OPINIÓN del Diario Sur el lunes 21 de noviembre de 2022
