En la sociedad de lo políticamente correcto y en medio de la dictadura que propicia la cultura de la cancelación opinar tiene alto riesgo y coste. Aunque lo que se busque sea el bien de la persona desde el respeto más exquisito a su identidad y realidad.
La posible aprobación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI despertó un tenso debate que incluso ha afectado a la izquierda. Los obispos españoles también opinaron. Y familias que están viviendo en sus carnes la complejidad de la situación. Recordemos que al final, más allá de la reflexión política o eclesial, el aterrizaje se hace en persona concretas.
La colonización ideológica puede alcanzar fronteras inquietantes. De hecho, fruto de la reflexión impulsada hasta el extremo por la cultura de la ideología de género, la persona es la que sufre a tenor de lo expresado por adolescentes que vivieron consecuencias de la teoría queer o del gender.
Los estudios científicos coinciden en que más del 70% de los menores que piden cambiar de sexo, cuando pasan la adolescencia, no siguen pidiendo el cambio. Y eso preocupa a las familias que apenas reciben información y evaluación. Llama la atención que se haya incrementado el número de adolescentes que piden cambiar de sexo sin presentar disforia de género, sino como manifestación de inestabilidades afectivas propias de la edad.
Las actuaciones médicas que se lleven a cabo en menores, como las impulsadas en la nueva ley del aborto, donde una menor puede abortar sin permiso paterno, nunca deberían ser de carácter irreversible dadas las características propias de la personalidad adolescente.
En fin, todo un reto que no debería ser sentenciado a base de una legislación permisiva.
