Guillermo Fernández Maíllo es miembro del equipo de estudios de Cáritas Española y de la Fundación FOESSA que presenta hoy en Málaga su último informe, dentro del programa de actividades de la campaña por el derecho a la alimentación
-Mucho se ha hablado en estos días del informe FOESSA, pero ¿qué es FOESSA?
-Es una fundación que cumple este año su 50 aniversario, y que se dedica básicamente a la generación de estudios sociales. Se crea por parte de la Iglesia Española para conocer cuál es el desarrollo social en nuestro país en aquel momento, porque no había ningún tipo de estudios de ningún tipo de institución. Poco a poco, se ha ido especializando en temas de pobreza y exclusión social en nuestro país. Es la estructura científica de la que se dota Cáritas para conocer la realidad social desde un punto de vista un poco más académico.
-¿Cómo está evolucionando la pobreza y la exclusión social en los últimos años en nuestro país?
-La exclusión social en España va a ser un verdadero problema en el corto plazo porque; tanto la extensión que está teniendo, como la intensidad, como la cronicidad; están siendo de tal medida que va a pasar de ser una situación coyuntural a estructural. Cada vez los problemas sociales se acumulan más rápidamente, en mayor medida y con mayor gravedad en un número muy relevante de familias españolas. En torno al 25% de la población se encontraría en situación de exclusión social, que es un fenómeno mucho más amplio que el concepto de pobreza, pues abarca otros elementos como son el acceso a la sanidad, a la educación o a la participación política… Nos preocupa mucho porque se está generando una fractura social.
-¿Cuál es el perfil de la pobreza?
-El perfil ha cambiado. Antes de la crisis, eran las personas mayores quienes tenían más niveles de pobreza y exclusión. Ahora son cuatro grandes grupos: las familias numerosas; los jóvenes en determinadas situaciones (familias recién formadas, o los que pertenecen a familias afectadas por la exclusión); los inmigrantes, porque han recibido el primer choque de la crisis de forma brutal; y la población gitana, porque después de los enormes esfuerzos que se habían realizado por parte de todos los estamentos y de la propia población gitana para encontrar unas condiciones de vida digna, han bastado 6 o 7 años de crisis para que retrocedan en gran medida según nuestros indicadores de exclusión.
-¿Hay mucha diferencia entre comunidades autónomas?
-Siempre decimos que no es lo mismo nacer pobre en Extremadura o Andalucía que nacer pobre en el País Vasco o Navarra. No sólo por los niveles de riqueza de los que parte cada comunidad, sino por las decisiones políticas que se toman en relación a la protección de la población. Es muy curioso que si estudias los niveles de riqueza de las diferentes comunidades autónomas en España, no se corresponden con los niveles de pobreza que tienen: Hay comunidades pobres que hacen un gran esfuerzo por intentar proteger a su gente en peores condiciones y sin embargo hay comunidades con niveles de renta superiores que, de forma relativa, de forma comparada, harían esfuerzos menores. Estamos muy preocupados en ese sentido. Una de las reglas de trabajo que tendríamos que iniciar en el futuro es un proceso de reducir las ineficiencias de nuestro sistema autonómico en los ámbitos que tienen que ver con la protección social de la gente.
-¿Qué papel está jugando la familia?
-La familia en este momento está sujeta a muchas tensiones. La familia siempre ha sido una riqueza en nuestro país. Pero hasta tal punto ha sido una riqueza que ha sido la gran olvidada por parte de las políticas públicas de los diferentes gobiernos. En ese sentido, se la está sometiendo a tal grado de tensión que, aunque han respondido con fuerza a las necesidades de sus núcleos cercanos, ya estamos encontrando debilidades. Porque, la de la familia, es una ayuda de emergencia, pero cuando esas situaciones de pobreza y exclusión se van extendiendo en el tiempo, va generando cierto grado de tensiones internas. Lo que estamos planteando como línea de actuación es que las políticas públicas de ayuda a la familia tiendan a mejorar o más bien a crearse, porque realmente en España no ha habido nunca una política pública de la familia seria. Las instituciones deben ayudar a que la familia, que todos entendemos como algo necesario en nuestra vida cotidiana, pueda ser sostenida de una forma razonable.
-¿Cómo están afectando los recortes?
-Si tradicionalmente, cuando había una crisis, lo primero que afectaba a la gente eran las situaciones relacionadas con el empleo, lo que estamos viendo es que hay dos grandes pilares de la vida de los hogares como son la vivienda y la sanidad que están empezando a afectar en los indicadores de la exclusión. Si se continúan produciendo recortes en esos ámbitos, se van a trasladar en mayor medida sobre todo a la población más pobre de nuestro país. Por ejemplo, todo lo que significa que el gasto farmacéutico se esté trasladando al pago directo por parte de las familias, perjudica a las familias más pobres de nuestro país. Significa que esas familias, o están detrayendo recursos de otros sitios para poder pagar las medicinas, o directamente se están dejando de medicar. Lo cual va a suponer un problema de salud pública de aquí a pocos años. Debemos empezar a plantear que nuestro modelo sanitario no puede estar basado en la reducción del gasto; pero en el ámbito de la vivienda no es que haya recortes sino que en general no ha habido una política pública que la apoye. Por lo tanto no es solamente un tema de ir reduciendo los recortes sino también de ir invirtiendo en aquellos ámbitos en los que habitualmente no se ha hecho como son la familia y la vivienda.
Antonio Moreno
