La diócesis de Guadix suma su condición de rural a la vivienda y el empleo como factores de exclusión social
Vivienda y empleo se consolidan como los principales motores de la exclusión social en Andalucía, a los que se suman, en la diócesis de Guadix, su condición de territorio rural, con una despoblación creciente y con dificultades para el acceso a los recursos sociales, económicos, sanitarios… Así se constata en el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, que se presentó el 10 de marzo, en el Hospital Real de Guadix. Un informe que destaca, además, la cronificación de la desigualdad y el profundo proceso de fragmentación social que se están dando en la comunidad andaluza, donde, en 2024, el 23% de la población -casi dos millones de personas- vive en exclusión social y el 10% lo hace en exclusión severa.
Presentó el informe Daniel Rodrigeiz de Blas, que es miembro del equipo de estudios FOESSA y coordinador del informe de Andalucía. Asistieron, el obispo de Guadix, monseñor Franciso Jesús Orozco; la directora de Cáritas Dicoesana, Adoración Morillas, y miembros de instituciones económicas de la ciudad y la comarca. También, el alcalde de Guadix, Jesús Lorente.
En la presentación, el obispo recordó el prestigio de los informes de FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), una fundación creada por Cáritas Española con el objetivo de servir a la sociedad a través de la realización de estudios de investigación sobre la realidad social, cultural y económica de España. También destacó que son preocupantes los datos que ofrece este último informe sobre la exclusión social y la pobreza en nuestra tierra.
El estudio subraya que “no fallan las personas, falla el sistema”: muchos hogares trabajan, buscan empleo y se forman, pero chocan con barreras estructurales que cronifican la vulnerabilidad. La vivienda aparece como el principal motor de la exclusión, al convertirse en un factor de expulsión de la estabilidad cotidiana, con un fuerte encarecimiento de los precios muy por encima de los salarios. Además, el empleo, lejos de garantizar la integración, se ha vuelto cada vez más precario, de modo que trabajar reduce el riesgo de exclusión, pero ya no lo evita. No es suficiente, en muchos casos, tener empleo.
El informe alerta también del deterioro de las relaciones sociales, del aumento del aislamiento y de la falta de redes de apoyo, así como de una exclusión creciente en el ámbito de la salud, donde muchas personas no pueden seguir tratamientos o comprar medicamentos por falta de recursos. Ante este modelo social agotado, FOESSA propone un nuevo pacto social basado en una sociedad civil más activa, instituciones públicas fuertes y una clase política valiente, capaz de mirar más allá del corto plazo electoralista y de construir consensos amplios.
EL INFORME FOESSA ANDALUCÍA EN DETALLE
La fractura social se consolida
El informe sitúa a Andalucía ante un proceso profundo y persistente de fragmentación social, fruto de más de dos décadas de crisis encadenadas -económica, sanitaria, inflacionaria y habitacional- cuyas fases de recuperación no han logrado cerrar las brechas abiertas. “No estamos ante una situación coyuntural, sino ante dinámicas estructurales que se consolidan”, ha explicado.
Según el informe, en 2024 la exclusión social afecta al 23,1 % de la población andaluza, es decir, que casi dos millones de personas en Andalucía tienen dificultades para participar con normalidad en la vida social. Una proporción claramente superior a la media estatal (19,3 %) que procede de una “mayor exposición histórica a la desigualdad, la precariedad laboral y la fragilidad de los mecanismos de la protección social”.
El 10,2 % de la población, en exclusión severa
Especialmente preocupante es el aumento de la exclusión severa, que alcanza ya al 10,2 % de la población, 270.000 personas más que en 2018, con procesos cada vez más largos y difíciles de revertir. Al mismo tiempo, se constata un retroceso de la integración plena: solo cuatro de cada diez personas no presentan hoy ningún indicador de exclusión social.
Rodríguez de Blas ha sido claro en su diagnóstico: “No fallan las personas, falla el sistema”. Frente a discursos que explican la pobreza y la exclusión desde la pasividad individual, los datos muestran que la mayoría de los hogares en exclusión no permanece al margen. Trabajan, buscan empleo, se forman, activan redes de apoyo familiar e intentan salir adelante. “Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, pero se encuentran con dispositivos fragmentados, recursos insuficientes y respuestas poco adaptadas a sus trayectorias reales”, ha señalado. Este hecho constata que la exclusión es el resultado de un contexto que dificulta la integración incluso cuando las personas hacen todo lo que está en sus manos. De esta forma, Rodríguez ha lamentado que “cuando el sistema falla de forma sistemática, la exclusión no solo se reproduce: se cronifica”.
Vivienda y empleo, principales motores de la exclusión
El Informe FOESSA identifica la vivienda como el principal eje de la exclusión social en Andalucía y afecta a casi una de cada cuatro personas.
Desde 2018, el precio de compra de la vivienda ha aumentado un 65 %, muy por encima de la evolución de los salarios, lo que ha generado un sobreesfuerzo residencial que empuja a más de 400.000 hogares andaluces a vivir por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda y suministros.
El informe advierte además de que, aunque solo el 15 % de la población vive de alquiler, este grupo concentra una vulnerabilidad muy elevada: el 43 % de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza. A ello se suman situaciones cada vez más extendidas de inseguridad residencial, que afectan a medio millón de personas, y viviendas inadecuadas con problemas de hacinamiento o insalubridad, en las que residen más de 1,2 millones de andaluces. “Mientras la vivienda no pase a ser un pilar real del Estado del Bienestar, la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social”, ha advertido Daniel Rodríguez.
Junto a la vivienda, el empleo es el segundo gran eje de la exclusión social. La mejora significativa en los indicadores de ocupación no se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida. Se trabaja más, pero trabajar ya no garantiza salir de la cuerda floja. El contexto actual de creciente inflación y fuerte encarecimiento de la vivienda en el que nos encontramos ha reducido de forma drástica la capacidad protectora del empleo. Los salarios han subido, pero no de manera proporcional, debilitando aún más la capacidad de los ingresos laborales para sostener proyectos de vida dignos.
En Andalucía, el salario medio es 7,6 puntos inferior a la media estatal y más de uno de cada diez hogares tiene como sustentador principal a una persona en situación de inestabilidad laboral grave. El empleo sigue siendo importante, pero no basta. “Reduce el riesgo de exclusión, pero ya no lo elimina y para demasiadas personas se ha convertido en una experiencia frágil y vulnerable”, ha subrayado Rodríguez.
Pobreza y garantía de ingresos: avances y protección insuficientes
Aunque en los últimos años se ha dado una evolución positiva en los indicadores de pobreza en Andalucía, pasando de un 15,9 % en 2021 a un 12,8 % en 2024 en la tasa de riesgo de pobreza, el informe refleja que Andalucía continúa situándose entre las comunidades con mayores tasas de riesgo de pobreza y pobreza severa, y una parte muy significativa de la población vive al límite de cualquier imprevisto. Casi la mitad de los hogares no puede afrontar gastos inesperados, uno de cada cinco no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 16 % acumula retrasos en los pagos relacionados con la vivienda.
En este contexto, Rodríguez de Blas ha asegurado que “el sistema de garantía de ingresos no está a la altura de las necesidades”. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha supuesto un avance relevante: en Andalucía alcanza a seis de cada diez personas en pobreza severa, una cobertura superior a la estatal. Sin embargo, no llega a todas las personas que lo necesitan, en parte por problemas de acceso, información y acompañamiento. Además, ha alertado del debilitamiento de la protección autonómica debido a la drástica caída de la Renta Mínima de Inserción Social, que ha dejado un vacío de protección allí donde el IMV no llega, llega tarde o resulta insuficiente. “La prioridad pasa por reforzar la renta mínima autonómica como complemento del IMV”, ha asegurado.
Deterioro de las relaciones sociales
El coordinador del informe ha puesto el foco en un factor preocupante: el deterioro de las relaciones sociales. “Los problemas ligados al conflicto y al aislamiento social afectan a medio millón de personas y se han duplicado desde 2018”, ha expuesto. Además, las dificultades relacionales se multiplican allí donde las condiciones de vida son más frágiles. “En el conjunto de Andalucía, el 6 % de los hogares no cuenta con nadie a quien recurrir ante una dificultad grave. Entre los hogares en exclusión social esta proporción se duplica y alcanza el 13 %”, ha apuntado Daniel Rodríguez.
Uno de cada cinco hogares sufre exclusión vinculada a la salud
El informe sostiene que la exclusión en la dimensión de la salud aumentó de forma notable durante la crisis sanitaria y, lejos de revertirse, “se ha cronificado”. “Hoy, uno de cada cinco hogares sigue sufriendo exclusión vinculada a la salud”, ha compartido Rodríguez. El principal motor de esta situación es el económico. “Las dificultades para comprar medicamentos o seguir tratamientos por falta de recursos se han duplicado en los últimos años y afectan hoy a más de 1,3 millones de personas”, ha concretado. La erosión de la equidad en el acceso a la sanidad, con un modelo de doble velocidad con los sistemas público y privado, y la incidencia de la exclusión en la salud mental (4 % en la población en integración plena, frente al 22 % en exclusión severa), son aspectos que certifican que “la salud se ha convertido en uno de los espejos más claros de desigualdad social”.
Los rostros de la exclusión social en Andalucía
La exclusión social en Andalucía tiene “rostros claros y repetidos”. Así, afecta a casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera (48 %), más del doble de quienes tienen nacionalidad española (20 %). La exclusión no solo es económica, también es cívica y democrática: más de 580.000 personas viven en Andalucía en hogares sin derecho a votar ni a ser elegidas.
El segundo rostro es el de la infancia y la juventud. Casi tres de cada diez menores viven en situación de exclusión (29 %). “La juventud andaluza afronta un proceso de emancipación marcado por la inestabilidad laboral y un acceso a la vivienda cada vez más restringido. Se trata de una transición bloqueada que convierte la juventud en una etapa prolongada de vulnerabilidad social”, afirma Daniel Rodríguez.
Finalmente, la exclusión afecta con mayor intensidad a quienes viven en hogares encabezados por mujeres. A la brecha de ingresos se suman la precariedad laboral, la carga de los cuidados y las dificultades de acceso a la vivienda.
Hacia un nuevo pacto social
El Informe FOESSA Andalucía constata un modelo social con signos evidentes de agotamiento que genera “desigualdad, precariedad y fragmentación social”. Rodríguez afirma que “la exclusión social es la expresión de grietas profundas en nuestro modelo de desarrollo” y ha denunciado, además, que se trata de un modelo “ecológicamente insostenible”.
Frente a un relato profundamente individualista, el informe plantea un cambio de rumbo sustentado en tres pilares fundamentales: “Una sociedad civil activa, capaz de tejer vínculos, sostener a quienes quedan al margen y exigir respuestas colectivas; Instituciones públicas fuertes que impulsen políticas coherentes en vivienda, empleo, migración, protección social y fiscalidad para que nadie quede atrás y el cuidado sea el centro del pacto social; Y una clase política valiente, capaz de mirar más allá del corto plazo electoralista y de construir consensos amplios a la altura de los desafíos que enfrentamos”, concluye Rodríguez.
Sobre la Fundación FOESSA
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) fue creada por Cáritas Española en 1965 con el objetivo de servir a la sociedad a través de la realización de estudios de investigación sobre la realidad social, cultural y económica de España.
A lo largo de estas seis décadas se han presentado nueve macrodiagnósticos. El que hoy presentamos es el cuarto estudio andaluz y forma parte de 22 informes territoriales que se desprenden del IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado el pasado 5 de noviembre. Los resultados de esta investigación se basan en la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), realizada en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares en todo el país, 596 en Andalucía.
