Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), Manos Unidas denuncia la creciente violencia y exclusión que sufren los pueblos originarios, especialmente en territorios de América Latina en los que Estados, compañías privadas y organizaciones ilícitas tratan de extraer beneficios a través de su explotación económica.
La pandemia de COVID-19 ha agravado las desigualdades que soporta la población indígena, que tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en extrema pobreza que la no indígena, según datos de Naciones Unidas. Hoy, los 476 millones de indígenas en el mundo –un 6,2 % de la población global– sufren una mayor vulneración de sus derechos, con graves dificultades de acceso a la salud, a la educación y a la toma de decisiones sobre su desarrollo.
Los pueblos indígenas hacen frente, asimismo, a una violencia que ha crecido en la pandemia. En 2020, Latinoamérica continuó siendo la región mundial con más asesinatos de defensores de derechos humanos, con 264 muertes, en torno a 50 más que en 2019, según el último informe de Front Line Deffenders. Casi la mitad de estos defensores –el 40%– fueron asesinados por defender los territorios y los derechos de los pueblos indígenas.
Desprotección, violencia directa y violencia estructural contra los pueblos indígenas
Manos Unidas, que en los últimos cinco años ha destinado más de 14 millones € a 163 proyectos para apoyar a comunidades indígenas en América Latina, recibe, constantemente, alertas de las organizaciones con las que trabaja. «De norte a sur, nuestros socios denuncian el aumento de los ataques contra líderes indígenas y campesinos», asegura Mariana Ugarte, responsable de proyectos de Manos Unidas en México y Perú.
«Los pueblos indígenas enfrentan una violencia de mil caras: primero, la estructural, con el abandono institucional y la negación de sus derechos; y, por otro lado, una violencia directa que va desde campañas de difamación y amenazas, intimidación policial y hostigamientos, pasando por detenciones y encarcelamientos sin pruebas, hasta llegar a agresiones, desalojo de comunidades, violencia sexual, secuestros y asesinatos de líderes indígenas», afirma Ugarte. «Tras estas muertes se encuentra la tala ilegal, el tráfico de tierras, la minería, el agronegocio, el narcotráfico…–continúa– pero el marco que acoge todo ello es el mismo: un modelo económico extractivista, el centralismo de las políticas estatales y el racismo estructural».
En la región amazónica, con un asesinato cada dos días durante 2020, los pueblos indígenas reclaman a Gobiernos y agencias multilaterales que protejan la vida de líderes y defensores ambientales y de derechos humanos. El Acuerdo de Escazú parecía avanzar en esa demandada protección, al ser el primer mecanismo internacional que obligaba a los países a proteger a los defensores ambientales. Sin embargo, no ha sido ratificado por algunos de los países con mayor número de ataques contra defensores de la tierra, como Colombia, Brasil, Perú, Guatemala y Paraguay, entre otros.
El narcotráfico contra los kakataibo en la Amazonía peruana
Según datos del Instituto del Bien Común, socio local de Manos Unidas, durante la pandemia ha habido una docena de asesinatos de líderes indígenas solo en la Amazonía peruana. El pueblo más golpeado ha sido, sin duda, el kakataibo, con cuatro líderes asesinados. En este caso, es el narcotráfico la principal causa de las amenazas y ataques que sufren estas comunidades apoyadas por Manos Unidas.
«En enero de 2020 –relata Mariana Ugarte–, el líder kakataibo Arbidio Meléndez informó al Relator Especial de Naciones Unidas para la situación de los defensores de los derechos humanos acerca de las amenazas que su pueblo estaba recibiendo. Arbidio fue asesinado dos meses después cerca de su comunidad. Ya en 2021, Herasmo García, integrante del comité de control forestal de la comunidad de Sinchi Roca, denunció las amenazas que sufrían por parte de invasores de tierra y narcotraficantes. Herasmo fue secuestrado y asesinado poco después; al igual que ocurrió, dos días antes, con Yenes Ríos, otro líder indígena de Puerto Nuevo. Ambos estaban amenazados y ambos habían solicitado protección».
Según Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común, «la desprotección se ha agravado con la pandemia y se ha generado el escenario propicio para que las economías ilegales invadan los bosques y aumente la violencia». «La presión a los territorios indígenas –continúa Hallazi– aumenta al no existir una debida protección jurídica de las tierras comunales; es decir, es necesario que el Estado titule sus tierras y las proteja de ser invadidas por actividades ilegales. Proteger jurídicamente el territorio y proteger a las personas amenazadas: en eso estamos trabajando con el apoyo de organizaciones como Manos Unidas».
Exigiendo justicia para Bernardo Caal en Guatemala
CIDSE, alianza internacional de organizaciones católicas de la que Manos Unidas forma parte, es una de las múltiples entidades que han alzado la voz en defensa de Bernardo Caal, líder indígena maya q’eqchi’ encarcelado en Guatemala.
Caal, que espera desde hace años poder apelar su sentencia, fue condenado por robo y retención de trabajadores de una de las hidroeléctricas presentes en un territorio habitado por hasta 38 comunidades maya q’eqchi’. Estas poblaciones, que necesitan del río Cahabón para su sustento, se opusieron a la construcción de siete represas hidroeléctricas en esa cuenca. Bernardo interpuso medidas cautelares contra el proyecto y, en 2017, los tribunales reconocieron que se violó el derecho a la consulta previa a las comunidades, lo que no impidió las explotaciones hidroeléctricas y tampoco fue obstáculo para que, en 2018, Caal fuera sentenciado a más de siete años de prisión por acusaciones que carecen de pruebas objetivas, según las organizaciones.
En una carta reciente desde la cárcel, Bernardo Caal denuncia que el pueblo q’eqchi’ tiene «sus ríos secuestrados para hacer funcionar las centrales hidroeléctricas» mientras que las comunidades «no tienen electricidad y permanecen en la oscuridad. Esto se llama despojo, exclusión, discriminación y racismo», señala el líder indígena en su carta.
Comunidades aisladas y desalojos ilegales en Paraguay
En Paraguay, uno de los países con más desigualdad en la distribución de tierras –en el que menos del 2,5 % de la población posee más del 85 % de las tierras cultivables–, Manos Unidas acompaña a indígenas y campesinos del Chaco paraguayo que ven desaparecer su hábitat ante el avance de monocultivos y tierras dedicadas a pastos ganaderos. Para Carlos Vicente Alconcé, responsable de los proyectos de la ONG en Paraguay, Ecuador y Brasil, «la causa principal de la violencia hacia las poblaciones indígenas del país es el acaparamiento de tierras por parte de grandes empresas y particulares dedicados al agronegocio».
En palabras de Lidia Ruiz, coordinadora ejecutiva de Tierraviva, organización con la que Manos Unidas trabaja en el país, «es muy doloroso ver el abandono de los indígenas del Chaco, excluidos de políticas públicas que garanticen sus derechos más básicos, mientras el Gobierno destina enormes inversiones a mega infraestructuras que solo benefician a empresas ganaderas y de granos, que a medio plazo provocarán serios daños en las tierras reivindicadas por las comunidades; las mismas comunidades que no tienen acceso a agua potable, a salud, a educación, energía y vías de comunicación».
Según Tierraviva, durante la pandemia han aumentado los desalojos violentos de comunidades. «Solo de mayo a julio ha habido diez desalojos –afirma Ruiz–, promovidos por empresas agroganaderas y ejecutados por grupos armados privados». Estos desalojos vienen precedidos o acompañados de violencia física, incendios provocados, fumigaciones con agrotóxicos… «En la comunidad Loma Piro’y, por ejemplo, civiles armados con escopetas y picanas eléctricas atacaron a las familias, incluyendo a los niños, y varias viviendas, la iglesia y la escuela fueron incendiadas», denuncia Ruiz.
«Un caso muy significativo es el de la comunidad Payseyamexyempa’a, con la que estamos trabajando junto a Manos Unidas para fortalecer sus huertas familiares y sus sistemas de agua», explica Ruiz. A pesar de que la comunidad ha conseguido recuperar una parte de las tierras que tuvo que abandonar hace cuatro años, las familias se encuentran en una situación de pobreza extrema a raíz del aislamiento al que están sometidas, rodeadas por fincas de terratenientes. «Para salir o entrar a sus tierras deben pedir «permiso» a los hacendados para que les dejen utilizar sus caminos «privados» –señala Ruiz–. En todos los rincones del país, los grandes propietarios tratan por distintas vías de amedrentar a los indígenas, incluso con personas armadas a su servicio, con la perspectiva de que las comunidades abandonen algún día las tierras en las que viven».
En los últimos cinco años, Manos Unidas ha apoyado directamente a más de medio millón de personas integrantes de pueblos indígenas de todo el mundo, a través de un total de 225 proyectos con una inversión de más de 17 millones de euros. Para Alconcé, la ONG debe continuar «al lado de estas poblaciones, fortalecer la seguridad jurídica de sus territorios, impulsar iniciativas agroecológicas para la alimentación de las familias, ofrecer herramientas de formación para que las comunidades conozcan y reclamen sus derechos y, en definitiva, permanecer junto a ellas en la lucha por sus derechos, sus bosques y su propia supervivencia».
