El 59,1% de las personas que viven en régimen de alquiler están en riesgo de pobreza
La situación de Ceuta es manifiestamente peor que la del conjunto de España. Las problemáticas relacionadas con la exclusión social están mucho más extendidas, ya que en su conjunto alcanza al 28,5% de la población ceutí, lo que significa que aproximadamente 23.000 personas enfrentan procesos de exclusión de diversos grados.
Así se desprende del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Ceuta presentado este martes por Fernando Sotomayor, director de Cáritas Ceuta; Daniel Rodríguez, sociólogo de la Fundación FOESSA y coordinador del estudio y Francisco Jesús Fernández Alcedo, vicario episcopal. Con este primer estudio territorial en la ciudad de Ceuta, la Fundación FOESSA da respuesta a una deuda histórica en su esfuerzo por conocer la situación de exclusión social en todos los territorios del país.
Durante su intervención, el director de Cáritas Ceuta explicó que “la realidad que nos muestra el Informe FOESSA es sumamente expresiva de nuestra situación”. “Estamos construyendo una sociedad desigual en la que la exclusión social se consolida como elemento estructural, en la que se producen graves brechas sociales, entre las que destaca la brecha generacional, con la vivienda y el empleo como ejes articuladores de los procesos de exclusión”, apostilló.
El vicario episcopal señaló, por su parte, que “para FOESSA estas investigaciones sociales no son un añadido retórico a la acción socio-caritativa de la Iglesia, sino parte esencial de la misma, que reconoce que la razón y la experiencia van de la mano”.
En esta ciudad autónoma, se da un hecho excepcional: la exclusión severa (15,8%, 13.000) es mayor que la exclusión moderada (12,7; unas 10.000 personas), algo que no ocurre en la mayoría de territorios. La exclusión social severa afecta además a una proporción mucho mayor de población en Ceuta (15,8%); casi el doble que en España (8,8%). “Esto nos muestra un escenario donde no solo hay más exclusión, sino una exclusión más intensa, más concentrada y con un impacto mucho más profundo en las trayectorias de las personas”, explicó Daniel Rodríguez.
Pese a las enormes dificultades que afrontan a diario los hogares en exclusión social severa, tres de cada cuatro activan estrategias de inclusión, pero se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados. “No fallan las personas, falla el sistema. El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia”, indicó.
Vivienda y empleo, los motores de la exclusión
La exclusión social funciona en esta ciudad autónoma sobre dos motores principales que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. La vivienda se ha convertido en el epicentro de la desigualdad, ya que el 38% de la población ceutí está afectada por algún rasgo de exclusión residencial.
En el mercado del alquiler, la presión es especialmente intensa. El 59,1% de las personas que viven en régimen de alquiler están en riesgo de pobreza, lo que sitúa a la ciudad entre los cinco territorios con mayor proporción de hogares tensionados por el tema de la vivienda.
Las consecuencias de esta presión afectan de lleno a la vida cotidiana de miles de familias en la ciudad. En Ceuta, más de 3.100 personas viven en una vivienda insegura, ya sea por inestabilidad en la tenencia o por dificultades legales que ponen en cuestión la propia permanencia en el hogar. A esto se suma un dato aún más contundente: alrededor de 21.200 personas residen en viviendas inadecuadas, marcadas por problemas de hacinamiento, de habitabilidad o de insalubridad.
El empleo se recupera, pero el bolsillo y la integración no lo nota
Pese a que el mercado laboral ha mejorado en los últimos años, lo ha hecho en menor proporción que en el conjunto de España. Entre 2018 y 2024, el empleo ha crecido un 5,9% en la ciudad, frente al 12% a nivel estatal. Los factores estructurales que lastran esta recuperación es una tasa de paro muy elevada, un tejido productivo reducido y un peso importante de la economía sumergida.
La pérdida real de poder adquisitivo de las personas trabajadoras es otro elemento preocupante. Sobre el papel, entre 2018 y 2023 los salarios en Ceuta han aumentado un 5,9%. Pero este dato, tomado en bruto, no refleja lo que ha pasado en la vida cotidiana de la gente. “Cuando descontamos la inflación acumulada en ese periodo —es decir, cuando calculamos cuánto valen hoy esos salarios en términos reales— la conclusión es contundente: los sueldos en Ceuta han perdido un 8% de poder de compra”, detalló el coordinador del informe.
En Ceuta, el 23,5% de la población sufre exclusión en el empleo, casi diez puntos más que la media estatal. “En esta ciudad autónoma, trabajar reduce claramente el riesgo de exclusión, pero no lo elimina, porque el mercado laboral ceutí sigue marcado por la precariedad, el bajo poder adquisitivo y las dificultades estructurales para acceder a un empleo estable y suficiente”, apostilló Daniel Rodríguez.
El perfil de quienes más sufren el desempleo dibuja un patrón muy claro: el 50% de las personas nacidas en el extranjero está afectado, así como el 41% de los menores de 30 años y el 37% de las mujeres. “Estos tres grupos concentran la vulnerabilidad laboral y ven cómo las puertas de acceso al empleo se les cierran con más fuerza que al resto de la población”, apostilló.
Las políticas de inclusión deben centrarse, ante todo, en reducir el desempleo, porque es el principal generador de exclusión social en la ciudad. “Pero no podemos quedarnos ahí: es imprescindible abordar también la precariedad, que convierte a muchos trabajadores en ‘falsos integrados’ incapaces de sostener un proyecto de vida digno incluso teniendo empleo. Y, además, en un territorio como Ceuta, no es posible diseñar una política integral de empleo sin incorporar la realidad de la irregularidad, que distorsiona el mercado laboral, debilita los derechos y deja sin protección a una parte de la población activa”, apuntó.
En un contexto en el que la exclusión está muy ligada a la ausencia material, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) desempeña un papel importante. Uno de cada 5 hogares en pobreza severa no percibe el IMV y un grupo importante no ha oído hablar de él, lo que evidencia que las barreras informativas y administrativas siguen dejando fuera a parte de quienes más lo necesitan.
Hacia una red rota y desigual
En cuanto a la situación de las relaciones sociales, la Ciudad Autónoma presenta una situación más favorable que la del conjunto de España. De hecho, los hogares afectados por problemas de conflicto —malos tratos, relaciones internas muy malas, problemas graves de alcohol o drogas, antecedentes penales, etc.— alcanzan en España el 6,1%, mientras que en Ceuta se sitúan en torno al 3%. Lo que sugiere que la convivencia intrafamiliar mantiene una cierta estabilidad incluso en contextos de dificultad.
La herida más profunda de todas es la ausencia de una red de relaciones. Mientras que en el conjunto de la población ceutí el 17,8% señala que sus relaciones se han deteriorado, entre los hogares en exclusión esa cifra se duplica, alcanzando el 36,8%. “Es decir, quienes más apoyo necesitarían son precisamente quienes más han visto debilitarse su red de relaciones, quedando más expuestos a la soledad y a la falta de sostén cotidiano”, indicó.
Otra característica destacada de Ceuta es el peso de la ayuda mutua. Casi la mitad de los hogares —un 48,7%— participan en redes de apoyo: dan y reciben ayuda en momentos de necesidad. Un 16% adicional presta ayuda, aunque no la reciba. Esto sitúa a Ceuta claramente por encima de la media estatal en cuanto a hogares que ayudan a otros, y por debajo en hogares que dependen solo de ayuda externa. “Es un capital social sólido, muy propio de la ciudad, que actúa como un amortiguador social informal y que sostiene a muchas familias en situaciones difíciles”, apuntó.
Junto a ese capital comunitario aparece, sin embargo, un dato preocupante: la discriminación. En Ceuta, casi cuatro de cada diez hogares (38,9%) dicen haber sufrido algún tipo de discriminación. Y entre los hogares en exclusión, la cifra se dispara hasta el 59,1%. Los motivos más frecuentes están relacionados con las creencias religiosas (42,9%), la nacionalidad u origen étnico (39,8%) y el no dominio del castellano (32,5%). “La discriminación no es un fenómeno marginal: es una barrera muy real para la integración y la convivencia, y golpea con más fuerza precisamente a quienes ya viven en condiciones de mayor vulnerabilidad”, apuntó.
Los perfiles de la exclusión
El primer rostro de la exclusión está influido por el origen y la nacionalidad. Las tasas de exclusión entre quienes tienen nacionalidad extranjera (39%) duplican a las de quienes tienen nacionalidad española (18%). Pero no solo se concentra por origen o nacionalidad; también presenta un marcado patrón religioso que refuerza estas desigualdades. En Ceuta, la incidencia de la exclusión social entre los hogares musulmanes alcanza el 44%, una proporción muy superior a la del conjunto de la sociedad ceutí.
La infancia y la juventud configuran el segundo rostro y concentran una vulnerabilidad singular: la tasa de exclusión entre menores de 18 años (41%) es más de tres veces superior a la de las personas mayores de 65 años (12%). Además, los hogares con dos o más menores a cargo presentan una incidencia de la exclusión del 41%, muy por encima del 12% de los hogares formados solo por adultos.
“Esta pauta sugiere que las necesidades de cuidado y el sobrecoste en etapas de crianza tensan los presupuestos familiares y elevan los riesgos, un diagnóstico respaldado por la sobrerrepresentación de hogares con menores de edad dentro de la exclusión: estos hogares suponen el 79% de toda la población excluida en Ceuta”, señaló.
El tercer rostro está relacionado con el género y la composición del hogar. La exclusión afecta al 34% de la población en hogares encabezados por una mujer, frente al 26% cuando los encabeza un hombre. La brecha es acusada y se amplifica si añadimos la carga de cuidados, la posición laboral y el acceso a la vivienda.
En el caso de la monoparentalidad, la situación es preocupante: muestra un nivel de exclusión notablemente alto (37%). Esta vulnerabilidad se explica por la confluencia de ingresos insuficientes y cargas de cuidado, ya que la mayoría de estos hogares en exclusión están encabezados por mujeres y además tienen menores a cargo.
Cuidar la vida, no consumirla
El informe describe un modelo social agotado, que produce desigualdad, precariedad y fractura. “Vivimos en una sociedad que desgasta tanto a las personas como al planeta: una estructura económica que consume recursos naturales y humanos más rápido de lo que puede regenerarlos”, detalló.
Seguir con las mismas políticas y valores conduce al colapso social y ecológico. El informe propone un cambio de paradigma: pasar de una sociedad centrada en el crecimiento y el rendimiento a otra basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica.
“Este nuevo modelo reconoce que dependemos unos de otros y del entorno natural, y que el bienestar no puede medirse solo por el consumo individual, sino por la capacidad de ‘biencuidar’: garantizar vidas dignas y sostenibles para todos. El informe nos invita a elegir un cambio de rumbo valiente, construir un nuevo imaginario social basado en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida. Ese es el camino que, desde FOESSA y Cáritas, creemos posible y necesario”, indicó el coordinador del informe.
