El Señor sintió compasión de las muchedumbres hambrientas, decaídas y vejadas y procuró remediar sus necesidades (Mt 9,36 y Mc 8,2).
El mismo Señor vive ahora en su Iglesia, y cuantos están unidos a El por la fe y el amor han de tener sus mismos sentimientos (Flp 2,5).
Especialmente quienes, como nosotros los obispos, tenemos el deber de hacer “presente al Señor Jesucristo en medio de los fieles” (LG 21).
Por fidelidad a nuestra misión hemos de sentir, como Cristo Jesús, las necesidades y las angustias de los hombres.
Magnitud del problema del paro
Entre ellas sobresale por su dramatismo el problema del paro, permanente y endémico en las diócesis del Sur, inherente a una secular estructura de la sociedad, cuya reforma radical se difiere una y otra vez; problema agravado en los últimos tiempos hasta límites intolerables.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el último trimestre de 1975 eran 363.800 los obreros parados en el Sur: 284.200 en Andalucía, 36.500 en las Canarias, 24.500 en la región de Murcia y 18.600 en Badajoz.
Alcanzaban el 12,4 por 100 de la población activa de la región. Más del doble del 5,42 por 100 calculado para el conjunto nacional.
Este fenómeno del desempleo es, sin duda, el que más cuestiona la racionalidad de nuestro sistema económico. Hace un año, los obispos del Sur afirmábamos en un comunicado conjunto que la situación del paro en la región “pone al descubierto los defectos de unas estructuras socioeconómicas que redundan en perjuicio de los más débiles, así como también en la desigual participación de las regiones en los beneficios del desarrollo. Contentarse con salir de la crisis, sin arbitrar reformas en sus raíces permanentes, sería desperdiciar una ocasión para afrontar en profundidad los problemas de la España del Sur” (XIV Reunión, 10 de enero de 1975).
Dolorosas consecuencias
Con todo, la gravedad de la situación actual del paro nos lleva a centrar, de momento, nuestra atención en la tragedia que implican las sobrecogedoras cifras antes referidas.
Tragedia personal, porque el trabajador en paro siente tal frustración y tan amarga desesperanza que afectan negativamente a su talante y corroen de un modo profundo su personalidad.
Tragedia familiar, porque en muchos casos se hace imposible o muy difícil satisfacer las necesidades más perentorias de la familia y mantener la concordia en el hogar. Muy difícil cuando se percibe el seguro de desempleo. E imposible cuando no se cuenta con esta ayuda o se agota el plazo de asistencia y se causa baja en la Seguridad Social.
Tragedia social, porque, aparte de la inquietud y el malestar general del paro, que agudiza las tensiones latentes, se desaprovecha el potencial más valioso – el trabajo humano – para que el sur de España pueda multiplicar sus extraordinarios recursos naturales y salir, al fin, de su secular subdesarrollo.
Tragedia, en fin, de carácter espiritual y moral, porque la amargura y la desesperanza del obrero sin trabajo y de sus familias inciden negativamente sobre la vida cristiana.
El derecho al trabajo
La Iglesia ha repetido con insistencia que el derecho al trabajo es uno de los derechos fundamentales del hombre. Derecho que brota, como ya dijo León XIII, de “la necesidad que el hombre tiene del fruto de su trabajo para atender a la defensa de su vida, defensa obligada por la naturaleza misma de las cosas, a la que hay que plegarse por encima de todo” (RN 32).
Pío XII afirmó que “es evidente que el hombre tiene el derecho natural a que se le facilite la posibilidad de trabajar” (La solennità: AAS 33 [1941] 415).
Juan XXIII reiteró “el derecho y la obligación que a cada individuo corresponde de ser el primer responsable de su manutención y de la de su familia, lo cual implica que los sistemas económicos permitan y faciliten a cada ciudadano el libre y provechoso ejercicio de las actividades de producción” (Mater et Magistra, 55: AAS 53 [1961] 415).
En relación con tal derecho, el Concilio enseña que “es deber de la sociedad ayudar, según sus circunstancias, a los ciudadanos para que puedan encontrar la oportunidad de un trabajo suficiente” (GS 67).
¿A quién corresponde el deber?
La doctrina es clara, pero suscita una cuestión fundamental: ¿a quién o a quiénes corresponde el gravísimo deber de que el derecho a trabajar sea efectivamente reconocido?
Decir que a la sociedad no es suficiente. La sociedad está constituida por personas privadas, familias, grupos sociales, instituciones privadas y públicas y la Administración del Estado.
De no concretar la parte y la gravedad del deber de dar trabajo que corresponde a todos y cada uno de los elementos que integran la sociedad, se corre el riesgo de que se traslade la obligación propia a los hombres ajenos y que, unos por otros, se deja sin efectiva solución el problema del paro.
En primer lugar, tienen el deber de crear puestos de trabajo aquellas personas, grupos sociales e instituciones que disponen de recursos para invertir. “Quienes pueden invertir capital y consideren, en vista del bien común, si pueden conciliar con su conciencia en no hacer, en los límites de sus posibilidades, tales inversiones y echarse a un lado con vana cautela” (Pío XII, Levae capita, 26: AAS 45 [1953] 39-40).
En segundo lugar, proceden contra conciencia aquellos que, multiplicando egoístamente sus empleos, restan a sus compañeros puestos de trabajo (Pío XII, Ibíd..).
Pero la mayor responsabilidad corresponde, a quienes deciden la política económica tanto en el plano nacional como internacional. Porque “donde la iniciativa privada permanece inactiva o es insuficiente, los poderes públicos tienen la obligación de procurar, en la medida mayor posible, puestos de trabajo, emprendiendo obras de utilidad general y facilitar con consejos y otras ayudas el fomento del trabajo para quienes lo buscan” (Pío XII, Ibíd.).
Para cumplir con esta obligación cualquier Estado necesita ingentes medios económicos que, por fuerza, ha de recabar de la sociedad.
En este sentido, es necesario reconocer que nuestro sistema fiscal es injusto y debe ser profundamente modificado para que logre una más equitativa distribución de la renta.
Hemos de recordar, por otra parte, a los contribuyentes la gravísima responsabilidad moral que contraen cuando defraudan los impuestos o cuando utilizan su presión social para boicotear los propósitos de la Administración en sus intentos por reformar, hasta hacerlo equitativo, el sistema fiscal.
Justicia y pleno empleo
El “pleno empleo” no puede ser considerado como una mera opción de carácter técnico, sino como una grave y absoluta obligación de justicia que recae proporcionalmente sobre las personas, los grupos sociales y las instituciones que puedan facilitar puestos de trabajo.
Por tanto, cualquiera que sea el sistema económico vigente, en la mente de los que deciden la política económica, el criterio de la rentabilidad inmediata – la cual suele conseguirse con inversiones en regiones más industrializadas – ha de tener un vigoroso correctivo en el deber primordial de que todos los obreros encuentren el trabajo que necesitan y de que las regiones deprimidas alcancen el nivel de vida, de cultura y de esperanza que en justicia les corresponde.
Para conseguirlo hay que movilizar adecuadamente los recursos materiales existentes o potenciales, aplicar los mejores procedimientos técnicos y facilitar formación profesional de los trabajadores.
Conciencia de solidaridad humana
Grave es, a su vez, el deber de los que influyen en la formación de las conciencias y de la opinión pública.
En sus manos está la posibilidad de despertar vivos sentimientos de solidaridad humana y cristiana de tal forma que cada cual, según sus posibilidades y responsabilidad, contribuya a procurar que el derecho al trabajo y a vivir una vida conforme con la dignidad personal, sea efectivamente reconocido a todo ser humano y en cualquier circunstancia.
A los cristianos que actúan en este campo han de servirle de estímulo las recientes palabras de Pablo VI: “Nos alegramos de que la Iglesia tome conciencia, cada vez más viva, de la propia forma esencialmente evangélica, de colaborar a la liberación de los hombres. Y ¿qué hacer?. Tratar de suscitar cada vez más numerosos cristianos que se dediquen a la liberación de los demás … Todo ello, sin que se confunda con actitudes tácticas ni con el servicio a ningún sistema político, debe caracterizar la acción del cristianismo comprometido” (Evangelio nuntiandi, 8 diciembre 1975, n.38).
Propuestas de acción
Al acabar esta nota pastoral consideramos de plena actualidad lo que dijimos hace ya tres años en nuestro documento colectivo “La conciencia cristiana ante la emigración”:
“Sin asumir competencias técnicas, y ateniéndonos al sentir más común sobre el particular, consideramos obligada y urgente la creación de puestos de trabajo en la España meridional. Para lograrlos en medida suficiente deben concurrir, creemos, estos factores:
a) Ante todo, las inversiones masivas de la Administración Pública que transformen efectivamente la infraestructura económica de la región y la doten de medios de comunicación, de instituciones educativas y de industrias básicas, aunque no sean inicialmente rentables, que aseguren el despegue económico y la transformación de las estructuras de la sociedad.
b) Los recursos de las instituciones bancarias y de ahorro, ubicadas en nuestra región, aplicados a la creación de riqueza y de trabajo entre nosotros, superando los incentivos de mayor seguridad o rentabilidad que ofrezcan otras zonas más industrializadas y, por tanto, no tan necesitadas. Esta orientación tendría que ser facilitada y potenciadas por el propio Estado.
c) El capital privado de la propia región para el que constituye un deber inexcusable de su posición privilegiada poner en plena explotación sus recursos patrimoniales y financieros con verdadero sentido social en las inversiones.
d) Sobre todo, no puede ni debe faltar una participación popular bien organizada en la que los trabajadores se constituyan en artífices de su propia promoción”.
Recomendación final
Exhortamos a todos los fieles e instituciones a solidarizarse con cuantos sufren los efectos del paro, haciéndoles sentir, con el mayor respeto a su dignidad personal, la verdad de su apoyo fraterno.
Sobre todo, hemos de fomentar en nosotros mismos y en los ambientes en que actuamos las virtudes cristianas de la austeridad, la laboriosidad y la solidaridad que son fundamentales para que todos los esfuerzos personales y colectivos y las medidas que se hayan adoptado o se adopten por los poderes públicos puedan producir el efecto vehementemente anhelado por todos de que no exista en nuestras tierras ningún obrero sin trabajo y de que el bienestar, la justicia social y la paz de Dios sean gozosamente compartidas.
Córdoba, Pascua de 1976
