El delegado diocesano de Migraciones, Ramón Muñoz Porras, reflexiona sobre el anuncio del ministro del Interior de abrir un Centro de Internamiento de Extranjeros en Málaga.
El ministro del Interior ha anunciado en el Senado que en Málaga se abrirá un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) En estos centros se retienen y custodian a personas extranjeras que están pendiente de expulsión. Hace unos años, tras un largo proceso de denuncia y movilizaciones, se consiguió que se cerrara el centro de Internamiento de Capuchinos por las malas condiciones de habitabilidad y la falta de garantías de los derechos de las personas allí recluidas.
Los CIEs tienen que cambiar. El informe del Defensor del Pueblo del 2016 señala que: “resulta imprescindible realizar una revisión profunda de la configuración de los centros y del modelo de gestión policial existente”. Estos centros no tienen carácter penitenciario, por lo que se ha de extremar el celo a la hora de regular las condiciones de vida de las personas en ellos internadas.
El problema de la emigración no se soluciona blindando fronteras, con las expulsiones sumarias “en caliente” o aumentando presión sobre las personas que están en nuestro país en situación “irregular”. Estas políticas, que pretenden ser disuasorias, no consiguen sus objetivos. El hambre, la miseria, las persecuciones, las guerras… provocan realmente el “efecto llamada”. Hay que ir a la raíz del problema, abordar sus causas.
Miremos esta realidad con los ojos de la fe. No fijemos nuestra atención en las estadísticas, sino en los rostros de las personas que se juegan su vida, por desgracia muchas la pierden, buscando un mayor bienestar para ellas y sus familias. Y, Al igual que Cristo, hacer nuestro su dolor, “no pasar de largo”. Por eso, en esta ocasión, debemos exigir a D. Juan Ignacio Zoido que, antes de crear nuevos centros, cumpla su compromiso de elaborar un plan de mejora de estos establecimientos y oiga, no solo a los representantes políticos, sino también a las ONGs que trabajan con emigrantes y conocen bien esta problemática. Ellas pueden ofrecer alternativas más respetuosas con el derecho a la libertad para estas personas, ¡que no han cometido ningún delito!
Ramón Muñoz
