La educación privada de Andalucía pide un mayor esfuerzo para garantizar un sistema educativo «más plural» sin discriminación hacia la concertada y privada

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Reproducimos, por su interés, la información que recoge hoy el Diario La Razón sobre la situación de la educación concertada y privada en Andalucía.

Lee aquí la información publicada originalmente en el Diario La Razón

CECE-A valora que los más de 500 centros privados concertados y privados de la federación han comenzando el curso sin incidencias respecto a la escolarización y al alumnado

La Federación de Centros de Enseñanza Privada de Andalucía CECE-A ha valorado la normalidad en el inicio de curso y resalta que en los más de quinientos centros que la conforman lo hayan hecho sin incidencias en lo que se refiere a la escolarización y al alumnado. Además de desear un buen curso, solicita un esfuerzo de nuestros gobernantes para que se superen lasdistinciones entre “lo público y lo privado” y se camine hacia un sistema educativo de calidad, plural, en donde las familias puedan ejercer los derechos reconocidos en las leyes y en nuestra Constitución y en donde sean los alumnos la principal preocupación.

Desde CECE-A agradecemos los esfuerzos de la Consejería para solucionar los problemas detectados en cuanto a las atribuciones docentes y equivalencias del profesorado debido en parte a la falta de validación de titulaciones por el cuerpo de Inspectores, recordando que este procedimiento es necesario hacerlo con agilidad pues afecta a las nóminas del profesorado.

Igualmente hay otras áreas que requiere de solución. Así, el curso comienza en la enseñanza concertada, sin refuerzos educativos al haberse suprimido los que venían concediéndose a los centros en años atrás, por lo que el alumnado más necesitado no tendrá este apoyo tan necesario. Igualmente empezamos este curso sin la implementación de los módulos de la partida de otros gastos tan necesaria para el pago del personal del PAS y el mantenimiento de las aulas, conociendo la Administración el enorme déficit que tienen los centros.

También, la política en materia de conciertos educativos no está teniendo en cuenta en muchos casos la demanda de las familias y aún hay centros en los que las familias deben abonar la educación infantil de segundo ciclo, porque la administración a pesar de estar las aulas llenas se niega a sostenerlas con fondos públicos.

En cuanto a las actuaciones, proyectos y programas de la Consejería enmateria de equidad, les recordamos que deben implantarse en todos los centros sin distinciones, porque afecta directamente al alumnado andaluz, los cuales no deben ser discriminados por el centro que eligen para cursar sus estudios, máxime cuando las normas de escolarización son las mismas para todos los centros sostenidos con fondos públicos. Por ello hay programas que deben extenderse a todas las familias, como el PROA (Programa de refuerzo, orientación y Apoyo) y los auxiliares de conversación en centros bilingües.

De la misma manera, comienza este año la implantación de la Formación Profesional dual, en la que CECE ANDALUCÍA, está trabajando intensamente, con una dotación extra de 2 horas para la tutorización de los alumnos en el primer curso.

En cuanto a los centros de Infantil de 0-3 años, estamos a la espera de iniciar las negociación para dar cumplimiento al acuerdo sobre la gratuidad progresiva para esta etapa y la modificación del Decreto que la regula.

Recordar que el gobierno andaluz ha tenido que devolver el dinero que el gobierno central le adjudicó sólo para la creación de más plazas públicas, a sabiendas de que Andalucía tiene uno de los índices más elevados de escolarización en esta etapa voluntaria, y un sobrante de 20.000 plazas vacantes, por lo que la creación de más plazas sólo de titularidad pública produciría un desastre en el sector con cierres y despidos en numerosos centros que están prestando este servicio tan necesario y beneficioso para los menores.

El gobierno central se ha negado a que Andalucía destine esta partida a garantizar la gratuidad de las plazas existentes en beneficio de las familias andaluzas, al contrario de lo que sí ha aceptado en el País Vasco, en consecuencia Andalucía debe afrontar esta gratuidad estructural con fondos propios.

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