Cáritas Diocesana detecta un aumento de las peticiones de ayuda urgente en el sur y el área metropolitana de Santa Cruz.
La red de acogida de la entidad ha dado respuesta a más de 6.000
demandas de familias desde que se decretó el Estado de Alarma en nuestro
país
Santa Cruz de Tenerife, 5 de junio de 2020. Tras la declaración del
Estado de Alarma en nuestro país, y ante el aumento del impacto e
incidencia del Coronavirus (COVID-19), Cáritas Diocesana de Tenerife
puso en marcha una serie de medidas extraordinarias destinadas a
garantizar la atención de los colectivos de mayor vulnerabilidad.
En este sentido, se han mantenido en su gran mayoría los puntos de
atención a familias y personas vulnerables con los que Cáritas cuenta en
el territorio diocesano, ubicados en las diferentes parroquias y
arciprestazgos. En concreto, en la actualidad están abiertos112 puntos
de atención. Mientras, en las labores de información, orientación y
cobertura de ayudas básicas están implicados directamente más de 305
agentes de la entidad, (224 personas voluntarias y 67 sacerdotes), así
como el equipo técnico del Departamento de Animación al Territorio, que
está formado por 15 profesionales.
Desde el pasado 23 de marzo, Cáritas Diocesana de Tenerife tiene en
funcionamiento una línea de atención telefónica para canalizar las
posibles demandas de ayuda y asistencia por parte de la población,
aparte de las vías habituales de contacto a través de las parroquias y
puntos de atención de la Diócesis. A través de esta línea (662865326), y
también de nuestras redes sociales y la página web
(www.caritastenerife.org), se han registrado más de 1.900 demandas de
personas que han contactado para pedir información, asesoramiento y,
sobre todo, apoyo con la cobertura de alimentación y otras necesidades
básicas.
En cuanto a las respuestas ofrecidas por la entidad, en el mes de abril
se registraron 3.175 atenciones a hogares/familias, de los cuales 695
fueron nuevas solicitudes. Mientras, en el mes de mayo se realizaron un
total de 3.121 atenciones, de las cuales 348 fueron nuevas solicitudes.
A estas demandas de las familias se está pudiendo dar respuesta con
fondos propios de la entidad, mediante la entrega de vales/tarjetas de
compra en supermercados o entrega de packs de alimentos no perecederos.
De igual modo, también se está apoyando la compra de medicamentos
mediante vales en las farmacias y la adquisición de bombonas de gas
butano.
Por zonas geográficas, la mayor demanda de ayudas proceden del Sur de
Tenerife, en concreto de los arciprestazgos de Granadilla e Isora (sobre
todo de personas residentes en los municipios de Granadilla, Arona,
Adeje y Guía de Isora), así como el área metropolitana de Santa Cruz de
Tenerife y La Laguna, especialmente Taco, Santa Cruz Centro, La Salud,
La Cuesta y Ofra.
El aumento del desempleo, y las limitaciones impuestas por el Estado de
Alarma a los sectores productivos del Archipiélago, nos lleva a pensar
que durante los próximos meses las peticiones de ayuda que nos llegan
podrían continuar creciendo. No obstante, desde Cáritas se aplaude la
reciente aprobación del Ingreso Mínimo Vital, ya que entendemos que
supone un “paso decisivo en la lucha contra la pobreza severa”, que
además “nos dignifica como país, al reforzar nuestros sistemas de
garantías sociales para las personas excluidas y nos acerca a la media
europea en materia de ingresos mínimos”.
En esta línea, creemos que “era necesaria la existencia de un suelo
mínimo estatal común en todo el territorio, que limitara las
inequidades”. Este es un objetivo que queda cubierto con este ingreso
mínimo vital, al “asegurar un mismo derecho efectivo independientemente
del lugar de residencia y de los posibles cambios residenciales que se
puedan producir”.
Algo sumamente importante para Cáritas es que este recurso trata de
evitar la pobreza severa, dando una especial atención a los hogares con
hijos, aunque pierde capacidad protectora en los hogares de las familias
más numerosas. Valoramos, además, de forma positiva “el reconocimiento
que el Real Decreto-ley hace de los procesos de inclusión social, sin
que sean una condición imprescindible para poder acceder al ingreso
mínimo vital”.
El Real Decreto-ley, sin embargo, todavía deja muchos aspectos sujetos a
un desarrollo reglamentario posterior. La forma en cómo se acometa este
desarrollo será esencial para dar respuesta a una realidad de exclusión
social que es muy compleja y a la que el Ingreso Mínimo Vital no da
respuesta completa. En este sentido, la participación de las
organizaciones sociales en la elaboración del desarrollo reglamentario
podrá asegurar una mejor y mayor respuesta a la realidad.
