Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Manos Unidas denuncia la creciente violencia y exclusión que sufren los pueblos originarios, especialmente aquellos que habitan territorios de América Latina en los que Estados, compañías privadas y organizaciones ilícitas tratan de extraer beneficios a través de su explotación económica.
Desde la oenegé de la Iglesia Católica, consideran que “la pandemia ha agravado y hecho más visibles las desigualdades que soporta la población indígena, que tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en extrema pobreza que la no indígena, según datos de Naciones Unidas”.
Por tanto, “hoy, los 476 millones de indígenas en el mundo –un 6,2 % de la población global– sufren una mayor vulneración de sus derechos, con graves dificultades de acceso a la salud, a la educación y a la toma de decisiones sobre su propio desarrollo”.
Los pueblos indígenas hacen frente, asimismo, a una violencia que ha ido creciendo durante la pandemia y que adquiere muy diversas formas. “En 2020, Latinoamérica continuó siendo la región mundial con más asesinatos de defensores de derechos humanos, con 264 muertes, en torno a 50 más que en 2019, según el último informe de Front Line Deffenders. Casi la mitad de estos defensores –el 40%– fueron asesinados por defender, precisamente, los territorios y los derechos de los pueblos indígenas”.
Desprotección, violencia directa y violencia estructural
Manos Unidas, que en los últimos cinco años ha destinado más de 14 millones de euros a 163 proyectos para apoyar a comunidades indígenas en América Latina, recibe, constantemente, alertas de las organizaciones con las que trabaja. “De norte a sur, nuestros socios denuncian el aumento de los ataques contra líderes indígenas y campesinos”, asegura Mariana Ugarte, responsable de proyectos de Manos Unidas en México y Perú.
“Los pueblos indígenas enfrentan una violencia de mil caras: primero, la estructural, con el abandono institucional y la negación de sus derechos; y, por otro lado, una violencia directa que va desde campañas de difamación y amenazas, intimidación policial y hostigamientos, pasando por detenciones y encarcelamientos sin pruebas, hasta llegar a agresiones, desalojo de comunidades, violencia sexual, secuestros y asesinatos de líderes indígenas”, afirma Ugarte. “Tras estas muertes se encuentra la tala ilegal, el tráfico de tierras, la minería, el agronegocio, el narcotráfico…–continúa– pero el marco que acoge todo ello es el mismo: un modelo económico extractivista, el centralismo de las políticas estatales y el racismo estructural”.
En la región amazónica, con un asesinato cada dos días durante 2020, los pueblos indígenas reclaman a Gobiernos y agencias multilaterales que protejan la vida de líderes y defensores ambientales y de derechos humanos. El Acuerdo de Escazú parecía avanzar en esa demandada protección, al ser el primer mecanismo internacional que obligaba a los países a proteger a los defensores ambientales. Sin embargo, no ha sido ratificado por algunos de los países con mayor número de ataques contra defensores de la tierra, como Colombia, Brasil, Perú, Guatemala y Paraguay, entre otros.
En los últimos cinco años, Manos Unidas ha apoyado directamente a más de medio millón de personas integrantes de pueblos indígenas de todo el mundo, a través de un total de 225 proyectos con una inversión de más de 17 millones de euros.
