La Catedral y el Arzobispado de Sevilla, además de su destacada dimensión religiosa y artística, conservan en sus archivos un destacado patrimonio documental que testimonia su actividad, su estructura institucional y su relación con la sociedad a lo largo del tiempo.
En ellos desarrollan su labor los archiveros, encargados de la descripción documental, una tarea técnica que consiste en analizar e identificar los documentos -su procedencia, cronología y tipología- y registrar esta información de forma normalizada. Este trabajo facilita su organización y comprensión dentro del cuadro de clasificación, algo fundamental para interpretarlos correctamente.
Como reflejo de esta prolongada labor archivística, han llegado hasta nuestros días distintos testimonios documentales en los que queda constancia de la figura del archivero, así como del reconocimiento y desempeño de sus funciones específicas.
En este sentido hoy presentamos, como pieza destacada del mes, dos documentos del siglo XIX en los que se menciona expresamente al archivero.
El primer documento que mostramos es un expediente de enajenación de fincas del Cabildo y pertenece al Fondo Capitular del Archivo de la Catedral.
Se trata de un testimonio de gran interés no solo por la información que contiene, sino también porque permite apreciar de manera directa la labor desempeñada por los archiveros eclesiásticos en la gestión y certificación documental.
En él podemos leer cómo Antonio de San Martín y Castillo, Presbítero y Oficial Mayor Archivero de la Catedral -quien además figura como académico de la Real Academia de la Historia- certifica que, según los documentos conservados en el archivo bajo su custodia, constan diversas enajenaciones realizadas sobre varias fincas pertenecientes al Cabildo.
A continuación, el documento incorpora una detallada relación de dichas propiedades, especificando la ubicación de cada una de ellas y el valor económico asignado, lo que convierte este expediente en una valiosa fuente para el estudio de la administración patrimonial de la institución catedralicia en el siglo XIX.
Finalmente, Antonio de San Martín valida la información con su firma, fechada el tres de diciembre de 1822, dejando constancia de la autenticidad de los datos por la autoridad del archivero como garante de la documentación conservada.
El segundo documento es un extenso inventario relativo a pleitos judiciales y expedientes matrimoniales, fechado en 1858 y perteneciente al Fondo Arzobispal del Archivo General del Arzobispado.
Este expediente constituye un claro ejemplo de las funciones desarrolladas en el ámbito archivístico, especialmente en lo relativo a la organización, revisión y control de la documentación administrativa y judicial producida por la institución eclesiástica. El inventario fue entregado al archivero por orden del Sr. Provisor para su colación, término que hace referencia al proceso de cotejo y comprobación de los documentos con el fin de verificar su exactitud e integridad.
Al final del mismo encontramos la firma y rúbrica de Joaquín María de Torres y Úbeda, quien deja constancia de su intervención indicando expresamente su cargo mediante la abreviatura de la palabra “Archivista”.
Este detalle resulta especialmente significativo, ya que evidencia cómo la figura profesional del archivero aparecía reconocida dentro de la propia documentación administrativa, mostrando el papel esencial que desempeñaban estos oficiales en la conservación, organización y validación de los fondos documentales.
María Nieto Lozano
Técnico Superior de los Archivos Históricos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla.
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