Al hilo de las noticias publicadas con motivo del reciente informe sobre bienes inmatriculados de la Iglesia Católica presentado por la Conferencia Episcopal Española al Gobierno de España el pasado 24 de enero, la Archidiócesis de Sevilla realiza las siguientes aclaraciones:
En primer lugar, del total de doscientos noventa y cinco inmuebles que constan en el aludido informe cabe señalar ocho incidencias que se reseñan a continuación:
Tres inmuebles son propiedad de la Archidiócesis de Sevilla por otros títulos jurídicos diferentes al de inmatriculación, y en concreto:
- Gines: uso religioso privado. Titular: Archidiócesis de Sevilla por título de cesión del Ayuntamiento.
- Puebla de Cazalla: casa nº 12. Titular: Arzobispado de Sevilla por título de compraventa.
- San Juan de Aznalfarache: casa. Titular: Diócesis de Sevilla por expediente de dominio.
Cinco inmuebles no pertenecen a la Archidiócesis de Sevilla, ni han sido inscritos a su nombre, sino que lo fueron mediante certificación de dominio expedida por el Ordinario del Lugar a favor de sus legítimos propietarios en el marco del citado artículo 295 del Reglamento Hipotecario.
- Monasterio de Ntra. Sra. del Rosario (Arahal). Titular: Congregación Orden Santo Domingo.
- Monasterio de la Santísima Trinidad (Carmona). Titular: Religiosas Agustinas Recoletas.
- Convento de la Purísima Concepción (Marchena). Titular: Congregación Orden Santa Clara.
- Iglesia San José de Sevilla. Titular: Delegación en Sevilla de la Prelatura del Opus Dei.
- Santa Inés. Titular: Comunidad Religiosa.
En segundo lugar, de conformidad con estas aclaraciones, se concluye que no cabe hablar de “error” en la inscripción registral de los inmuebles reseñados, ni de devolución al Estado ni a otras instituciones públicas o privadas, toda vez que constan inscritos a favor de sus legítimos propietarios.
La Archidiócesis de Sevilla subraya el ejercicio de transparencia que viene realizando la Iglesia en España sobre este asunto y quiere manifestar que siempre ha actuado con rigor en el marco de la legalidad y en coordinación con las entidades competentes.
Sevilla, 26 de enero de 2022
