Cáritas lanza sus propuestas políticas ante las elecciones del 28 de abril para construir «una sociedad más justa»

Archidiócesis de Sevilla
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Como viene siendo habitual ante la convocatoria de elecciones generales, Cáritas Española ha hecho público su documento de Propuestas en el que se ofrecen una serie de medidas prioritarias para proteger “la dignidad de cada persona y los derechos que le son inherentes” y promover “la fraternidad y el bien común” que sirvan para construir “una sociedad humana, justa y democrática”.

Bajo el título ‘Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019’, el documento desarrolla ocho medidas concretas.

El objetivo de las mismas es “servir a la transformación de la realidad aportando al debate público, desde nuestra presencia diaria en las fronteras de la exclusión social, algunas ideas, tan urgentes como factibles y constructivas, para que las distintas formaciones políticas puedan articular respuestas cercanas, eficaces y de calidad a las necesidades de los más vulnerables”.

Las propuestas

Ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y del Protocolo adicional de 1995.
Garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza.
Acceso al derecho humano a la vivienda.
Inclusión plena del empleo del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.
Garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados y su tránsito a la vida adulta, por lo que Cáritas propone modificar la legislación de extranjería con a este colectivo de acuerdo a lo establecido en el marco internacional de la Convención sobre los derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Garantizar los derechos humanos también en los procedimientos de expulsión, solicitando la derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, con la que se pretende dar visos de legalidad a unos procedimientos de expulsión sumaria que se realizan sin ningún tipo de garantía.
Luchar contra el cambio climático y garantizar el derecho a la energía, adoptando una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como medidas activas para garantizar el derecho a una energía limpia para todas las personas.
Fortalecer la política de desarrollo y cooperación internacional, regida por los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, que cuente con más recursos y de más calidad, y que fortalezca el rol de la sociedad civil.

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