En este 7 de octubre, Jornada Mundial del Trabajo Decente, como no podía ser de otra manera, las entidades que formamos la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente alzamos nuestra voz bajo el lema que guía nuestro compromiso este año: «Ante la exclusión, trabajo decente».
En febrero de 2026, durante la Campaña de la Fraternidad de Brasil, el papa León XIV hizo una llamada universal: «Es mi deseo que la reflexión sobre la dura realidad de la falta de vivienda digna (…) lleve no solamente a acciones aisladas -sin duda, necesarias- que acuden de modo emergencial en su auxilio, sino que genere en todos la conciencia de que el compartir (…) debe ser una actitud constante».
La crisis habitacional se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la exclusión. Tener empleo ya no garantiza acceder a una vivienda digna. Alquileres desorbitados y precios inasumibles obligan a muchas personas trabajadoras a compartir vivienda, endeudarse o renunciar a un proyecto de vida autónomo. Cuando el derecho a la vivienda se subordina a la lógica especulativa, el trabajo pierde su capacidad de sostener una vida digna.
Esta situación golpea con aún más dureza a la juventud: mientras que hace unos años tener unos estudios aseguraba, en cierta medida, una calidad de vida decente, una casa y un trabajo, la realidad a la que se enfrentan las personas jóvenes actualmente es muy diferente.
Frente a una cruda realidad atravesada por unas condiciones laborales precarias y la dificultad de acceso a una vivienda digna, nos encontramos con una «vida» digital que nos bombardea con que los viajes a Bali, la especulación con la vivienda, el rentismo, las inversiones en criptomonedas y vivir en una casa gigante es la norma entre los jóvenes y la vida que todas y todos deberíamos llevar.
La situación que vivimos la mayoría de los jóvenes es la dificultad para llegar a fin de mes, tener que compartir piso con desconocidos hasta los cuarenta años porque no hay forma de encontrar alquileres asequibles y mucho menos comprar un piso. Los sueldos no suben, pero la vida sí, y las condiciones laborales cada vez son más precarias.
Si bien la transmisión intergeneracional de la pobreza ya existía, se ha intensificado notablemente, y no por casualidad. La creciente especulación inmobiliaria -impulsada por fondos buitre, viviendas turísticas, pisos no declarados y abusos de propietarios- dificulta cada vez más que la clase trabajadora acceda a una hipoteca. Mientras tanto, las clases más acomodadas siguen acumulando vivienda, enriqueciéndose a costa de quienes luego alquilan a precios desorbitados porque no tienen otra opción.
Las personas trabajadoras sufren la crisis de vivienda, agravada por condiciones laborales precarias, contratos temporales, en muchas ocasiones a jornada parcial, o de prácticas sin remunerar que lejos de ser prácticas se convierten en trabajos realizados de manera gratuita.
El trabajo decente no puede desligarse del derecho a un techo digno: sin vivienda accesible, la exclusión se perpetúa, aunque exista empleo. Ya se está dando la paradoja de que algunas empresas tienen dificultades de encontrar personas trabajadoras dispuestas a prestarles su fuerza de trabajo por la dificultad de pagar un alquiler de vivienda cerca de su emplazamiento: lo que podría considerarse salario digno a unos precios razonables de vivienda ya ha dejado de serlo.
Por lo tanto, en esta jornada reclamamos condiciones laborales que permitan a las personas trabajadoras y sus familias vivir de forma digna: contratos indefinidos a tiempo completo, sueldos acordes al coste de la vida y medidas que favorezcan la conciliación familiar y personal de las personas trabajadoras. «No basta con exaltar la libertad individual o la iniciativa privada, si después se acepta que una multitud de personas siga viviendo sin un trabajo digno, sin tutelas y sin acceso a los bienes fundamentales» (Magnifica Humanitas, nº 58).
De la misma manera exigimos el desarrollo de políticas públicas que garainticen el derecho a una vivienda digna y asequible; la ampliación del parque público de vivienda; la regulación de los precios del alquiler; y el cese de la especulación que expulsa a familias enteras de sus barrios.
(Organizaciones firmantes: Cáritas, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica, JOC – Juventud Obrera Cristiana)
