Este miércoles 14 de enero se han dado a conocer las principales conclusiones que arroja el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Melilla, presentado por Daniel Rodríguez, sociólogo de la Fundación FOESSA y coordinador del estudio, Eduardo Resa Huerta, vicario episcopal de Melilla, y José Miguel Santos Paradas, director de Cáritas de la diócesis de Málaga y Melilla. Con este primer estudio territorial en la ciudad de Melilla, la Fundación FOESSA da respuesta a una deuda histórica en su esfuerzo por conocer la situación de exclusión social en todos los territorios del país.
Melilla se encuentra entre los territorios con mayores niveles de desigualdad de España. En la actualidad, el 31,9% de la población se encuentra en situación de exclusión social, lo que equivale a unas 27.000 personas que experimentan distintas formas de exclusión en su vida cotidiana. Se trata, además, de una exclusión notablemente más elevada que la del conjunto de España, donde afecta al 19,3% de la población.
En Melilla se da además una situación poco frecuente: la exclusión severa alcanza al 19,2% de la población, unas 16.000 personas, y supera a la exclusión moderada, que se sitúa cerca del 13%. Este dato dibuja un escenario de exclusión no solo más extendida, sino también más intensa, más concentrada y con consecuencias mucho más profundas sobre las trayectorias vitales de quienes la padecen.
La exclusión social se consolida como elemento estructural
Durante su intervención, José Miguel Santos aseguró que “la realidad que nos muestra el Informe FOESSA es sumamente expresiva de nuestra situación”. “Estamos construyendo una sociedad desigual en la que la exclusión social se consolida como elemento estructural, en la que se producen graves brechas sociales, entre las que destaca la brecha generacional, con la vivienda y el empleo como ejes articuladores de los procesos de exclusión”, apostilló.
El vicario episcopal señaló, por su parte, que “para FOESSA estas investigaciones sociales no son un añadido retórico a la acción socio-caritativa de la Iglesia, sino parte esencial de la misma, que reconoce que la razón y la experiencia van de la mano”.
No fallan las personas, falla el sistema
Frente al discurso que atribuye la pobreza y la exclusión a la pasividad individual —a la supuesta falta de esfuerzo o a una dependencia de las prestaciones—, el informe revela que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa ponen en marcha acciones orientadas a mejorar su situación.
“Las personas y los hogares en situación de exclusión no permanecen inactivos. Muy al contrario, la mayoría trabaja o intenta acceder al empleo, participa en procesos de formación, activa redes familiares y comunitarias y sigue itinerarios de inclusión. Sin embargo, estas estrategias chocan una y otra vez con obstáculos estructurales que limitan sus posibilidades reales de integración. No fallan las personas, falla el sistema”, aseguró Daniel Rodríguez, coordinador del estudio.
El empleo precario y la vivienda, nudos de la exclusión
Los principales nudos de la exclusión son el empleo precario y la vivienda. La vivienda expulsa del acceso a una vida digna y, al mismo tiempo, el empleo ha perdido capacidad para compensar esa expulsión. En este contexto, la vivienda se ha convertido en el epicentro de la desigualdad en Melilla. Es la dimensión de la exclusión más extendida: el 45% de la población melillense presenta algún rasgo de exclusión residencial. Entre 2018 y 2024, el Índice de Precios de la Vivienda aumentó un 37% en Melilla, una evolución claramente desconectada de la mejora salarial.
La presión es especialmente intensa en el mercado del alquiler. En Melilla, el 27% de la población vive en régimen de alquiler, ocho puntos más que en el conjunto de España, lo que sitúa a la ciudad en una posición de mayor fragilidad de partida. Pero el problema no es solo el acceso, sino, sobre todo, el coste. Más de un tercio de los hogares melillenses soporta gastos excesivos de vivienda y, entre quienes viven de alquiler, más del 60% destina más de un tercio de su presupuesto al pago del alquiler y de los suministros.
Esta sobrecarga tiene un reflejo directo en las condiciones de vida: el 69% de las personas inquilinas se encuentra en situación de pobreza, lo que evidencia hasta qué punto el alquiler se ha convertido en un factor de empobrecimiento estructural. Esta combinación sitúa a Melilla entre los territorios con mayor proporción de hogares con sobreesfuerzo residencial.
“A ello se suma un condicionante estructural propio: un territorio reducido, sin posibilidad real de expansión, donde la oferta de vivienda crece muy lentamente. El resultado es un mercado altamente tensionado que empuja los precios al alza y estrecha cada vez más las opciones disponibles”, apuntó el sociólogo de la Fundación FOESSA.
Las consecuencias de esta presión se reflejan con claridad en las condiciones de vida de la población. Alrededor de 30.000 personas viven en viviendas con graves déficits de habitabilidad, insalubridad o hacinamiento. En este último aspecto, el hacinamiento grave alcanza niveles muy superiores a los del conjunto de España, evidenciando hasta qué punto el problema residencial en Melilla no es solo de precio, sino también de calidad y dignidad. “La vivienda se ha convertido en el gran cuello de botella de la integración social en Melilla. Hoy es, más que nunca, un ‘derecho fake’”, denunció.
En Melilla se registra además una exclusión laboral más intensa que en el resto del país. El 18% de la población sufre exclusión vinculada al empleo, cuatro puntos por encima de la media estatal. Entre 2018 y 2024, el empleo creció un 5% en la ciudad, frente al 12% a nivel estatal. A esta situación se añade un elemento especialmente preocupante: la pérdida real de poder adquisitivo de las personas trabajadoras.
En términos nominales, entre 2018 y 2023 los salarios en Melilla aumentaron un 5,9%, muy por debajo del 17% registrado en el conjunto de España. Una vez descontada la inflación acumulada en ese periodo, en términos reales, los salarios en Melilla han perdido un 10% de poder de compra. “Es decir, aunque se trabaje, hoy se llega a fin de mes con mayor dificultad que hace unos años”, apostilló.
Las cifras de desempleo reflejan con claridad la magnitud del problema. En 2024, la tasa de paro en Melilla alcanza el 28%, frente al 11% en el conjunto de España. Y si se mira el paro de larga duración —el más difícil de revertir y el que más erosiona las trayectorias vitales— la distancia es aún mayor: 16% en Melilla frente al 4% a nivel estatal. Aquí el desempleo no solo es más frecuente, sino también más persistente, más cronificado.
Personas migrantes, jóvenes y mujeres
Además, esta realidad no se distribuye de manera homogénea. Hay perfiles claramente más expuestos a la exclusión laboral: el 43% de las personas nacidas en el extranjero se ven afectadas por el desempleo, al igual que el 40% de los menores de 30 años y el 29% de las mujeres. Tres grupos que concentran buena parte de la vulnerabilidad laboral y que encuentran mayores barreras de acceso al empleo.
El problema más extendido es el desempleo en todos los activos del hogar, que afecta al 14% de los hogares, el doble que en España. Son hogares donde nadie trabaja y donde las posibilidades de salida de la exclusión se reducen drásticamente. En definitiva, los datos dibujan un mercado laboral profundamente desigual.
En este contexto, el empleo sigue funcionando como un factor protector, pero ya no actúa como un blindaje frente a la exclusión. Trabajar reduce el riesgo, pero no lo elimina: el 13,7% de las personas ocupadas en Melilla se encuentra en situación de exclusión social. “La precariedad, los bajos salarios y las dificultades para acceder a empleos estables hacen que tener trabajo no garantice una vida digna”, subrayó.
Pobreza y garantía de ingresos en la Ciudad de Melilla
Más de cuatro de cada diez personas —el 41,4% de la población— se encuentran en riesgo de pobreza, y una de cada cinco vive en situación de pobreza severa en la ciudad de Melilla. Alrededor de 35.000 y 18.000 personas, respectivamente. “Son cifras muy elevadas, muy por encima de las del conjunto de España, donde el riesgo de pobreza afecta al 19,7% de la población y la pobreza severa al 8,4%. En Melilla, la pobreza no es un fenómeno residual: es una realidad ampliamente extendida”, apuntó.
Pero no solo preocupa la magnitud, sino también la evolución. En 2024, el riesgo de pobreza ha dado un salto muy significativo, aumentando un 34% en un solo año y prácticamente duplicándose respecto a 2018. En este contexto, el Ingreso Mínimo Vital juega un papel fundamental. Su despliegue ha sido importante en Melilla: hoy llega a cerca del 11% de los hogares y cubre a dos de cada tres personas en pobreza severa, situando a la ciudad entre los territorios con mayor cobertura del Estado.“Sin embargo, pasados ya cuatro años desde su puesta en marcha, una parte significativa de los hogares en pobreza severa afirma no haber recibido información suficiente para solicitar el IMV. Esto nos dice algo muy claro: sin acompañamiento, sin información accesible y sin apoyo administrativo, una política clave como el IMV no llega a desplegar todo su potencial para reducir la pobreza y la exclusión”, afirmó.
Las relaciones sociales avanzan hacia una red rota y desigual
Las relaciones sociales son un elemento central en las dinámicas de exclusión. Los problemas graves de conflicto social en los hogares —como malos tratos, relaciones familiares muy deterioradas, adicciones severas o antecedentes penales— tienen una presencia mucho menor que en el conjunto de España; la mitad (3% vs 6,1%).
Además, si observamos la evolución de las relaciones tras la pandemia, el balance general es positivo —el 86% de los hogares afirma que sus vínculos se mantienen o incluso se han fortalecido—, pero esta imagen se rompe cuando miramos a quienes están en exclusión severa. En estos hogares, el deterioro relacional casi se triplica (35%) Es decir, quienes más necesitarían apoyo son precisamente quienes más han visto erosionarse sus redes.
Junto a estas fragilidades, Melilla destaca por un capital social muy activo. Seis de cada diez hogares ayudan de manera regular a otros hogares, una proporción claramente superior a la del conjunto de España. Pero este capital convive con una realidad profundamente preocupante: la discriminación. En Melilla, casi cuatro de cada diez hogares declaran haber sufrido algún tipo de discriminación y, en nueve de cada diez casos, esa experiencia se ha traducido en una pérdida real de oportunidades. Lo que evidencia que la discriminación actúa como una barrera directa para la integración social.
Los rostros de la exclusión
Los datos muestran con claridad que la exclusión social en Melilla no se reparte de forma aleatoria. Tiene rostros muy concretos. El primer gran eje de desigualdad tiene que ver con el origen y la nacionalidad. Las tasas de exclusión entre las personas con nacionalidad extranjera alcanzan el 75%, casi el triple que entre quienes tienen nacionalidad española, donde la exclusión afecta al 26% de la población.
Pero la exclusión en Melilla no se explica solo por la nacionalidad. También presenta un marcado patrón religioso que refuerza y solapa estas desigualdades. El 38% de los hogares musulmanes se encuentra en situación de exclusión social, una proporción claramente superior a la del conjunto de la población melillense.
La infancia es uno de los rostros más nítidos de la exclusión social en esta ciudad. Los datos muestran una brecha generacional muy marcada: el 44% de los menores de 18 años vive en hogares en situación de exclusión, una proporción que triplica ampliamente la de las personas mayores de 65 años, situada en el 12%. Esta desigualdad no es casual. Se intensifica especialmente en los hogares con dos o más menores a cargo, donde la exclusión alcanza al 47%, frente al 18% de los hogares compuestos solo por personas adultas.
“Estas cifras ponen de relieve cómo las necesidades de cuidado, el sobrecoste asociado a las etapas de crianza y la insuficiencia de ingresos estables tensionan de forma severa los presupuestos familiares y elevan de manera significativa el riesgo de exclusión”, explicó el coordinador del estudio.
La situación de la juventud en Melilla presenta, a primera vista, una posición comparativamente mejor que la del conjunto de España: la tasa de exclusión social entre la población joven se sitúa en el 23%, frente al 27% registrado a nivel estatal. Sin embargo, esta aparente ventaja resulta engañosa si no se interpreta a la luz del contexto demográfico y social específico del territorio.
Melilla cuenta con una estructura poblacional marcadamente joven, lo que tiende a diluir porcentualmente la incidencia de la exclusión entre la juventud. A ello se suma que una parte significativa de la población joven permanece integrada en hogares familiares amplios, con niveles muy bajos de emancipación residencial, lo que amortigua estadísticamente algunos de los indicadores clásicos de exclusión —especialmente los vinculados a la vivienda y a la autonomía económica— sin que ello implique una integración social efectiva.
De hecho, por ejemplo, si se observa la dinámica laboral, la situación de los jóvenes melillenses es de clara desventaja tanto si se les compara con el resto de la población del territorio como con la juventud a nivel estatal: la tasa de paro juvenil alcanza el 41%, más del doble que en el conjunto de España (20%).
“Así pues, en Melilla, la juventud no aparece tan excluida como en el conjunto de España no porque tenga trayectorias más sólidas, sino porque permanece más inmersa en estructuras familiares y comunitarias que amortiguan el riesgo. La exclusión no desaparece: se concentra en los hogares y se proyecta hacia el futuro”, apostilló.
Otro de los rostros claros de la exclusión en Melilla está vinculado al género y a la composición del hogar. La exclusión social afecta al 34% de la población que vive en hogares encabezados por una mujer. En este contexto, la monoparentalidad se revela como una de las situaciones de mayor vulnerabilidad: en Melilla, el 47% de los hogares monoparentales se encuentra en exclusión social.
De un modelo agotado a un nuevo pacto social
El informe apunta a que la exclusión social que atraviesa hoy Melilla no es el resultado de fallos individuales, sino la expresión de un modelo que ha puesto el beneficio por encima de las personas, de las comunidades y del territorio. Un modelo que genera desigualdad, rompe redes de apoyo, tensiona la convivencia y, al mismo tiempo, deteriora el medioambiente.
Frente a esta realidad, la salida no puede ser individual ni fragmentada. Tiene que ser colectiva. “Requiere reconocer que vivimos en interdependencia —que nadie puede sostener una vida digna en soledad— y asumir nuestra ecodependencia —que no hay bienestar posible sin cuidar el entorno que lo hace viable—. Hoy, cuidar a las personas y cuidar el planeta forman parte de la misma respuesta. Estamos, en definitiva, ante una decisión colectiva. Podemos mantener un modelo que reproduce desigualdad, inseguridad y desgaste social y ecológico, o podemos apostar por otro que refuerce los lazos, garantice derechos y haga del cuidado un principio compartido. Desde FOESSA y Cáritas tenemos claro que solo este segundo camino permite abrir un horizonte de dignidad y esperanza”, concluyó Daniel Rodríguez.
