El papa León XIV ha definido lo sucedido en Ceuta como una «crisis humanitaria». La expresión nos ayuda a situarnos ante una realidad que no puede reducirse a cifras, fronteras o debates políticos. Estamos hablando, ante todo, de personas y de una situación que exige respuestas desde la dignidad humana, la responsabilidad y el bien común.
Desde Canarias conocemos bien esta realidad. Durante años hemos visto llegar a nuestras costas a miles de personas después de atravesar una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Hemos conocido sus historias, sus sufrimientos y también la enorme respuesta solidaria de nuestra sociedad. Pero esta experiencia nos ha enseñado igualmente que la acogida, siendo imprescindible, no basta.
La respuesta cristiana no consiste en escoger entre defender al migrante o defender a la población que acoge. No podemos aceptar esa falsa disyuntiva. La dignidad de quien llega y la dignidad de quien acoge forman parte de una misma preocupación por la persona y por el bien común.
Ante lo sucedido en Ceuta quisiera señalar cuatro principios que considero fundamentales.
El primero es la defensa incondicional de la dignidad humana.
En Arguineguín, ante el drama que conocemos tan de cerca en Canarias, León XIV afirmó: «Aquí llegan tantas vidas heridas, despojadas de casi todo, pero nunca de su dignidad». Y añadió después: «La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera».
Este debe ser siempre nuestro punto de partida. Quien atraviesa una frontera sigue siendo una persona con derechos, una historia y una familia. Nunca puede convertirse en una cifra, un problema o un instrumento al servicio de otros intereses.
Pero precisamente porque defendemos la dignidad humana debemos contemplar la realidad completa. También debemos cuidar a las sociedades que reciben, especialmente cuando soportan una presión extraordinaria. Defender al migrante y cuidar a la población que acoge no son objetivos contrapuestos. La dignidad de unos no puede construirse a costa de la inseguridad, el abandono o el deterioro de las condiciones de vida de otros.
El segundo principio es la defensa del bien común y la atención efectiva a la población de Ceuta.
La acogida necesita recursos, organización y responsabilidad. Cuando miles de personas llegan en un periodo muy breve a un territorio limitado, no basta con apelar a su solidaridad. Es necesario proporcionar los medios humanos y materiales adecuados y hacerlo con rapidez.
La experiencia de Canarias nos ha enseñado que no se puede dejar solos a los territorios que están en primera línea. Y esto vale también para Ceuta. La respuesta a una crisis humanitaria no consiste únicamente en atender a quienes han llegado. El Estado tiene también la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos que están soportando directamente sus consecuencias.
Ceuta necesita una presencia efectiva y suficiente del Gobierno de España: funcionarios que permitan agilizar los expedientes, personal sanitario y social, recursos para atender dignamente a los menores y a las personas más vulnerables y fuerzas de seguridad suficientes para preservar la convivencia y la tranquilidad de la población. Las medidas adoptadas deben traducirse cuanto antes en una mejora real de la situación que viven los ceutíes.
No podemos pedir a una población que sea solidaria y, al mismo tiempo, hacer que se sienta sola ante una situación que la supera. La solidaridad necesita estructuras que la hagan posible. De lo contrario, quienes llegan no reciben la atención que merecen y quienes acogen terminan soportando una carga que no pueden asumir solos. Defender la dignidad del migrante y garantizar el bien común de los ciudadanos de Ceuta son dos obligaciones que deben caminar juntas.
El tercer principio es mirar hacia los países de origen y tránsito y exigir también su responsabilidad.
En Arguineguín, León XIV pidió un «examen de conciencia» a las naciones de origen, a las de tránsito, a Europa y a la comunidad internacional. También recordó que existe «el derecho a no tener que migrar»: el derecho de una persona a poder permanecer en su tierra y construir allí una vida digna.
Esta llamada adquiere una importancia particular ante lo sucedido en Ceuta. Marruecos no es un país en guerra ni puede ser contemplado únicamente como víctima de circunstancias externas. Es un Estado con instituciones propias, mantiene una estrecha relación política y económica con España y con la Unión Europea y recibe importantes recursos y cooperación precisamente en ámbitos relacionados con el desarrollo y la gestión migratoria.
Esa cooperación debe llevar aparejada responsabilidad. No sería coherente mantener importantes acuerdos económicos, comerciales y de cooperación y, al mismo tiempo, eludir las obligaciones que corresponden a cada Estado respecto a sus ciudadanos y al control de sus fronteras.
La solidaridad internacional no puede convertirse en un camino de una sola dirección. España y Europa deben colaborar con Marruecos, pero también deben pedirle que asuma plenamente sus responsabilidades. Y entre ellas está impedir que las personas, especialmente los menores, puedan ser utilizadas como instrumento de presión o queden expuestas a situaciones que ponen en peligro su integridad y su vida.
No estamos hablando de señalar a un pueblo ni de buscar culpables. Estamos hablando de corresponsabilidad entre Estados. Precisamente porque existe cooperación y porque Marruecos es un socio relevante para España y para Europa, debe existir también una exigencia clara de cumplimiento de los compromisos asumidos.
Y aquí vuelve a aparecer el principio que debe orientar toda nuestra reflexión: la persona. Quien llega a Ceuta merece ser acogido y tratado dignamente; quien vive en Ceuta merece sentirse protegido y acompañado; y quien permanece en Marruecos tiene derecho a que su propio país vele por su futuro y por su dignidad.
El cuarto principio es combatir con firmeza las mafias y las redes que trafican con personas.
También aquí las palabras de León XIV en Canarias fueron muy claras. El Papa denunció la existencia de «mafias que trafican con la desesperación» y de «tratantes que esclavizan mujeres y niños».
Quienes hemos conocido de cerca la ruta canaria sabemos hasta qué punto estas redes se aprovechan de la necesidad. Prometen un futuro que muchas veces termina en explotación, sufrimiento o muerte.
Combatir a las mafias no significa criminalizar al migrante. Es exactamente lo contrario: significa protegerlo. La acogida y la persecución de quienes comercian con seres humanos forman parte de una misma defensa de la dignidad humana.
La situación de Ceuta vuelve a recordarnos que estamos ante una realidad demasiado compleja para responder con consignas. No podemos caer ni en la indiferencia ante quien necesita ayuda ni en una visión ingenua que ignore las responsabilidades, las causas y las consecuencias de estos movimientos de población.
Canarias ha demostrado que una sociedad puede responder con humanidad y solidaridad. Pero nuestra experiencia también nos dice que ningún territorio puede afrontar solo una realidad de esta magnitud.
Por eso, hablar de crisis humanitaria no significa renunciar al análisis de sus causas. Al contrario. Nos obliga a ampliar la mirada.
Acoger a quien llega, cuidar a quien acoge, exigir responsabilidad a los Estados y combatir a quienes trafican con seres humanos no son cuatro caminos diferentes. Son cuatro dimensiones de una misma respuesta.
Una respuesta que debe colocar siempre en el centro a la persona y su dignidad.
Mons. José Mazuelos Pérez
Obispo de Canarias
