Reflexión de la Delegación de Migraciones. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de marzo el nuevo reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Aunque la delegación de Migraciones reconoce que implica «un cierto avance», sugiere que el texto debería abarcar también otras reivindicaciones de organizaciones sociales y ONGs. «Las personas extranjeras internadas en estos CIE no son culpables de ningún delito, sino personas en situación administrativa irregular», afirma la Delegación de Migraciones en un comunicado.
«SON VÍCTIMAS, NO DELINCUENTES»
El Reglamento que regula el régimen de internamiento de los extranjeros, tan esperado y reclamado por las organizaciones que acompañan a inmigrantes, ha sido aprobado tras décadas sin una regulación completa del funcionamiento de los CIE. Desde la delegación de Migraciones de la diócesis de Málaga debemos decir que implica un cierto avance, pues beneficia tanto a las personas internas como a los funcionarios y demás personal de los centros.
Lamentablemente hemos vivido muchos años de una gran incertidumbre que ha legitimado abusos de forma continua ante el vacío legal existente. Sin embargo, hemos de recordar que las personas extranjeras internadas en estos CIE (que no son Centros Penitenciarios) no son culpables de ningún delito, sino personas en situación administrativa irregular, es decir, simplemente carecen de un visado para residir.
La Doctrina Social de la Iglesia nos anima a trabajar con determinación firme y perseverante por promover el bien común y la justicia. Desde esta perspectiva, Cáritas y Pueblos Unidos nos recuerdan que el Reglamento no recoge muchas de las resoluciones de carácter general de los Juzgados de control de los CIE, recomendaciones del Defensor del Pueblo y de Fiscalía y observaciones de las organizaciones sociales que acompañan el día a día de las personas internas.
Por ello, echamos de menos en este Reglamento aspectos muy importantes que deberían haber sido recogidos, como son:
• El Reglamento regula las condiciones de funcionamiento de los CIE pero no aborda los criterios de ingreso en los CIE. Recordamos que el internamiento es una medida excepcional, último recurso y que debe adoptarse valorando las circunstancias concretas del caso en el momento de solicitar o autorizar el internamiento, sin que sea suficiente la existencia de una orden de expulsión o devolución.
• Las funciones atribuidas a los servicios sociales no son acordes con la importancia de estos servicios en la detección y protección, por ejemplo, de posibles solicitantes de asilo, menores, víctimas de trata o violencia sexual y otros perfiles vulnerables.
• No se incluye el deber de informar y explicar a las personas extranjeras las causas por las que están en el CIE así como de las resoluciones administrativas y judiciales que se vayan produciendo durante su estancia.
• Las visitas de familiares no tienen garantizado ningún régimen de privacidad e intimidad y pueden ser limitadas en cuanto a número de personas, duración (30′) y solo en algunos días de la semana, y sin motivo aparente no se permite el uso de teléfonos móviles, limitando su derecho de libre comunicación.
• La tramitación de quejas al Juzgado de control de cada Centro no aúna el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad de las personas internadas con el principio de la celeridad, asegurando que estas quejas se entreguen al Juez de control rápidamente.
• Es preocupante que se continúe encomendando la gestión y custodia a la Policía y no a personal civil administrativo especializado, además de la introducción de vigilancia con armas de fuego con carácter general en los CIE, estas son usadas en Centros Penitenciarios con carácter residual, pero recordemos que no custodiamos delincuentes que cumplen condena, sino personas irregulares que tan sólo esperan pacientemente ser deportadas a su país de origen.
Otra reivindicación desoída es el reconocimiento a las ONG del derecho de acceder a los Centros para prestar atención a los extranjeros. Sólo es un derecho individual de cada interno. ¿Acaso hay algo que ocultar?, ¿no sería aconsejable permitir a las ONG desarrollar actividades formativas, educativas,…? La triste realidad es que son confinados y pasan largas jornadas de angustias y aburrimiento esperando un triste e incierto destino.
Debemos tratar con dignidad a quienes se juegan la vida buscando una oportunidad muy incierta, un futuro mejor en el «paraíso occidental», no deben ser criminalizados, puesto que no son delincuentes, sino víctimas de un sistema internacional injusto donde el «dios dinero» es el centro. Las políticas migratorias se limitan exclusivamente a medidas de seguridad y control de frontera, alimentado mensajes alarmista y percibiendo al extranjero como una amenaza.
Como nos recuerda José Luis Pinilla, director del Secretariado de Migraciones de la CEE, el acompañamiento y la defensa de las personas detenidas en los CIE por parte de numerosos voluntarios, muchos de ellos desde su motivación cristiana, nos anima a la esperanza. Y, sobre todo, hacen verdad, y no sueños, aquellas palabras del Papa Francisco en su vista a los refugiados del Centro Astalli, del Servicio Jesuita a Refugiados: «¡Tener siempre viva la esperanza! ¡Ayudar a recuperar la confianza! Mostrar que con la acogida y la fraternidad se puede abrir una ventana al futuro –más que una ventana, una puerta, y aún más–, ¡todavía se puede tener un futuro!».
El papa Francisco nos ha alertado sobre la «globalización de la indiferencia». Él nos recuerda a los cristianos que «de nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad». Exijamos y apostemos por políticas migratorias más justas y humanas en una sociedad acogedora con los inmigrantes, respetuosa con los Derechos Humanos y acorde con los valores humanizadores del Evangelio.
