Justicia para San Patricio

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Huelin respiró tranquilo el pasado lunes cuando la comisión de conciliación entre los representantes de la administración educativa, de la titularidad del colegio San Patricio y del consejo escolar firmaron un acta en la que se garantizaba la continuidad del concierto.

Ni siquiera procedía abrir ningún expediente contra el centro, puesto que el órgano jurisdiccional competente ya había archivado el procedimiento al entender que no había habido discriminación hacia un alumno del centro con disforia de género.

Los medios de comunicación se hicieron eco, no obstante, del apercibimiento que la administración realizaba en esa misma comisión como consecuencia de dos irregularidades detectadas en el centro: concretamente la obligatoriedad del uniforme y el cobro de unas tasas por gastos de gestión. Algunos interpretaron este tirón de orejas como si tuviera relación con el objeto de la polémica, pero nada más lejos de la realidad. De la lectura del acta se desprende que hace referencia al carácter gratuito que debe tener la enseñanza en los centros concertados. Es decir, que no se puede exigir a las familias que asuman el coste del uniforme ya que los centros sostenidos con fondos públicos no pueden exigir ningún otro sobrecoste como sería el caso si el uniforme fuera obligatorio. Ni una sola mención a si falda o pantalón. Comentábamos algunos padres que es como si detuvieran a un ciudadano por conducir bajo los efectos del alcohol y, tras hacer la prueba de alcoholemia y salir negativa, para impedir que se vaya de rositas, le ponen una multa por llevar un piloto roto. Eso es lo que ha hecho la administración con el colegio San Patricio. Someterlo a una inspección con lupa para descubrir alguna irregularidad que llevarse a los medios. Y lo consiguió. Me pregunto cuántos colegios públicos o privados serían capaces de salir indemnes de una de estas. En fin, el colegio acepta la llamada de atención, corrige la deficiencia (de hecho ya la había corregido con anterioridad a la reunión, como se hace para pasar la segunda visita a la ITV) y aquí paz, y después gloria.

Pero el barrio ha vuelto a temblar. La familia del menor anuncia que se va a querellar contra la directora del centro y el obispo. Parece ser que la familia opina que la fiscal de violencia contra la mujer y contra la discriminación por identidad sexual y de género, Flor de Torres, no hizo bien su trabajo archivando el caso.

¿Cuánto tiempo vamos a tener que soportar un triste revuelo mediático cada vez que se habla de nuestro colegio? Triste por el profundo desconocimiento que tanto los políticos, como en ocasiones algunos medios de comunicación, tienen de la realidad de esta gran familia que es San Patricio. Hay que recordar que un grupo de más de 100 familias pedimos una reunión con la delegada, Dña. Patricia Alba, en octubre de 2013, y que todavía no ha tenido un momento para que le podamos explicar el porqué de nuestra postura. Nadie conoce como nosotros la realidad de integración y la absoluta felicidad con la que el alumno venía al colegio. Las madres y padres, el centro, la Fundación, no hemos hecho otra cosa que buscar el bien de ese niño, apoyándonos en los informes de los especialistas en disforia de género. Nadie podrá negar nunca el trato exquisito que todos le hemos dado tanto a él, como a los hermanos, como a la madre. De hecho, muy pocos se han alegrado de que esta haya tomado la decisión de cambiarlo de centro, puesto que sabemos que en ningún sitio lo van a respetar y a querer tanto como se le ha respetado y querido aquí. El silencio (la procesión va por dentro) de muchas madres y padres ante este caso, es una prueba más de la calidad humana de la comunidad educativa, cuando lo fácil para todos habría sido caer en la tentación de salir al ruedo mediático con malos modos.

¿Qué más tenemos que hacer entonces los padres y el centro para que se nos deje de juzgar? Si el juez no permite inscribir al niño como niña, si la fiscal no ha visto delito en no permitir a un niño ir vestido de niña y usar el baño de las niñas; si la administración educativa reconoce que se cumplen todos los puntos del concierto ¿Por qué seguir acusándonos? ¿Alguien cree que Flor de Torres, recientemente reconocida además con la medalla de Andalucía por el gobierno autonómico, se habría saltado una denuncia al más mínimo atisbo de discriminación hacia Gabi? ¿Cómo hay que demostrar la inocencia en este país? Apedrear al débil –hoy en día, reconozcámoslo, un centro católico es un blanco fácil–, sigue siendo un entretenimiento para muchos. Más aún cuando conviene esconder otros temas de las portadas de los medios de comunicación. Somos muchos los que queremos justicia para San Patricio, lo contrario es el linchamiento.

Ana Isabel Villalba Cisneros y Susana Atencia Jiménez, madres del colegio San Patricio

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