Pedro Sánchez anuncia que va a «reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba». En esto estoy de acuerdo con el presidente electo. Según un informe de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), el abuso se produce casi en un 65% en ámbitos familiares.
Creo que es un dato desconocido por la opinión pública. Según las cifras, un 23% de los abusadores son los padres, el tío alcanza un 5,4%, en un 2,8 % se sitúa el abuelo, el hermano en un 2,1%, la madre en un 1,4% o las abuelas en un 0,3%. A estas cifras hay que sumar los casos que se dan en el ámbito educativo -un 3,7%- o en el eclesial -un 0,2%-. Da igual el número. Lo que importa, lo único que importa es la víctima.
Enzarzarse en una discusión numérica distrae; a lo sumo permitirá, si se ajusta a la realidad, evidenciar la magnitud del crimen o denostar el espacio donde se dé, si hablamos de datos falsos o proyectados por ecuación de encuesta. En 2021, en esta misma columna así lo dije y lo ratifico: «Donde hay un niño o niña, ahí debemos estar siempre para protegerlos. Siempre».
Por eso me alegra la propuesta presidencial de que los casos de abusos a menores no prescriban; en la Iglesia Católica, por ejemplo, así ya se daba; es una cuestión de justicia y prevención. Jesús de Nazaret, en el Evangelio, advierte de que es inevitable que los escándalos ocurran, pero ay de aquel que los provoque. O de quien no colabore para erradicarlos. Pues eso. Unamos fuerzas para proteger a la infancia porque obviar a una sola víctima es desprecio incalificable.
Artículo publicado en la sección de OPINIÓN del DIARIO SUR
