Cáritas Diocesana de Jaén pone en funcionamiento un servicio de mediación financiera

Diócesis de Jaén
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La diócesis de Jaén es una iglesia particular española sufragánea de la archidiócesis de Granada. Sus sedes son la Catedral de la Asunción de Jaén y Catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza.

Tratará de evitar los desahucios de las personas con menos recursos

Ante los innumerables casos de familias en situación de vulnerabilidad o de exclusión social que tienen enormes dificultades para hacer frente al pago de sus préstamos hipotecarios y deudas en general, Cáritas Diocesana de Jaén quiere poner a su disposición un Servicio de Mediación (no contemplado por el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno) que permita la búsqueda y canalización de soluciones a sus problemas financieros.

Este servicio, que Cáritas pone a disposición de los más necesitados con la esperanza de ser útiles y resolver problemas, tiene las siguientes características:

1.- Consiste en un servicio de asistencia y asesoramiento en casos de problemas financieros (préstamos, hipotecas, desahucios, etc…) que puedan tener las personas que atendemos, tanto por deudas pendientes, como si pretenden adeudarse por un motivo personal o profesional. Nuestro objetivo es que voluntarios especialistas en temas bancarios y jurídicos asesoren, informen y acompañen a las personas necesitadas en sus relaciones con las entidades bancarias, que evite malentendidos, errores, abusos o información deficiente. En este proceso, queremos ofrecer la posibilidad de resolver, buscando el mejor camino en cada caso, unas deudas que no se pueden pagar en este momento por la situación económica que padecen muchas familias, pero también asesorar ante futuros endeudamientos que eviten situaciones no deseadas. Este servicio incluye también el asesoramiento e información para conocer cómo poder actuar en la vía judicial.

2.- En estos momentos de crisis, los aspectos más acuciantes y dolorosos en los que ésta se manifiesta son, como señala la Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal publicada el pasado 3 de octubre, «el desempleo de tantos, en especial de tantos jóvenes; el debilitamiento de la conciencia de unidad y de solidaridad entre todos los españoles; los dramas que sufren tantas familias, en particular las que se ven expulsadas de sus casas por el desahucio». Por eso pretendemos que los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles, con especial atención a los emigrantes, y que se busquen con urgencia soluciones que permitan a las familias desahuciadas -igual que se ha hecho con otras instituciones sociales- hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle.

La solución no es dejar pasar dos años, ni creer que ya está todo resuelto. Es un momento muy bueno para reorientar a muchas familias en su situación económica. Las medidas que el Gobierno ha adoptado, pese a que no son las ideales (deja a muchas personas y familias «en situación de especial vulnerabilidad» al quedar fuera de la aplicación de las medidas contempladas, no resuelve el problema de la deuda pendiente, tampoco se impide a la entidad financiera empezar a reclamar –o seguir haciéndolo– la deuda y, por tanto, a seguir embargando los bienes del deudor, ni contempla la dación en pago o los lanzamientos en los supuestos de desahucios por impago de la renta), los dos años de aplazamiento que han aprobado las entidades bancarias, y con la conciencia social muy sensibilizada ante estas situaciones, nos proporcionan un tiempo para resolver muchos problemas. Este servicio está domiciliado en los Servicios Generales de Cáritas Diocesana para todas las Cáritas de la Diócesis de Jaén y para ejercerlo en colaboración con ellas.

3.- El servicio está destinado a atender personas y familias en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, para que no recaiga especialmente en ellos la dramática situación de vivienda que se vive en nuestro país, y cuya solución se pretende abordar desde la concepción de la vivienda como un mero bien de intercambio económico, sin contemplar su necesaria función social ni el cumplimiento del mandato constitucional del acceso de toda persona a una vivienda digna y adecuada.

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