En una emotiva muestra de solidaridad, más de 60 ciudadanos se congregaron frente a la Iglesia de la Purísima Concepción en Huelva, este miércoles, 24 de abril, por la tarde, para participar en el Círculo de Silencio. Este acto, que tuvo lugar de 19:30 a 20:00 horas, sirvió como plataforma para la lectura de un manifiesto que resalta la importancia del próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y reconoce especialmente a las trabajadoras del hogar y los cuidados, cuyo día internacional se celebró el pasado 30 de marzo.
El manifiesto puso énfasis en la lucha continua por los derechos laborales y la dignificación de las condiciones de trabajo de quienes dedican su vida al cuidado de otros. “El aumento de las migraciones de las mujeres del Sur global para atender las necesidades de cuidados del Norte global es fruto de una división sexual del trabajo que naturaliza el papel de las mujeres como cuidadoras, además del escaso o nulo valor que el conjunto de la sociedad otorga a los trabajos del hogar y cuidados”, expresó el manifiesto.
El evento, organizado por el Secretariado Diocesano de Migraciones en colaboración con entidades como Cáritas o la Hermandad Obrera de Acción Católica de Huelva (HOAC) entre otras, también contó con momentos de reflexión, creando un ambiente de comunidad y apoyo mutuo. Los asistentes, portando carteles y velas, manifestaron su compromiso con la causa y su deseo de ver un cambio significativo en la legislación y en la percepción pública de estas profesiones y migrantes.
Puede leer el manifiesto íntegro a continuación:
Los trabajos de cuidados incluyen todo lo que hacemos para sostener la vida y abarcan una gran cantidad de actividades y relaciones imprescindibles para el funcionamiento del sistema socioeconómico.
La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto que los trabajos del hogar y los cuidados son SERVICIOS ESENCIALES que sin embargo se desarrollan en condiciones laborales precarias y que están infravalorados por el conjunto de la sociedad.
Tanto si se trata de trabajos de cuidados remunerados como no remunerados son desempeñados mayoritariamente por mujeres. En el caso de los trabajos del hogar y cuidados remunerados se trata de mujeres migradas, empobrecidas y en situaciones de extrema vulnerabilidad, lo cual las expone más fácilmente a la explotación y abuso por parte de las personas empleadoras.
El aumento de las migraciones de las mujeres del Sur global para atender las necesidades de cuidados del Norte global es fruto de una división sexual del trabajo que naturaliza el papel de las mujeres como cuidadoras, además del escaso o nulo valor que el conjunto de la sociedad otorga a los trabajos del hogar y cuidados.
Todo ello está generando el fenómeno de las llamadas CADENAS GLOBALES DE CUIDADOS, tal que los cuidados de las hijas e hijos de las mujeres que migran son asumidos por otras mujeres de su familia en sus países de origen, perpetuando sistemas de cuidados que siguen recayendo en las mujeres en condiciones de absoluta precariedad.
La progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, el envejecimiento de la población y el cambio del modelo de familia nuclear hacia otros tipos familiares diversos, ha generado en los países occidentales como España una crisis de cuidados que se está soportando a costa de la explotación de las mujeres más vulnerables: migradas, racializadas y empobrecidas.
El Estado entre tanto, está ausente o contribuyendo con políticas públicas insuficientes, basadas en transferencias monetarias escasas que apuntalan la estructura familista de los cuidados que vincula a las mujeres a dichos trabajos, y sostiene un sistema de contrataciones en precario a mujeres migradas que genera constantes situaciones de abuso y explotación por parte de las personas empleadoras. Tampoco está respondiendo a las necesidades de cuidados de larga duración, dado que ha optado por su mercantilización a través de centros residenciales, que también han mostrado durante la pandemia, graves carencias de recursos humanos y medios para atender a las personas residentes dignamente.
Estas situaciones están repercutiendo en la vida cotidiana de las trabajadoras del hogar y cuidados, que carecen de tiempo para desarrollar su propio proyecto de vida, atender a sus propias familias en la distancia y preservar su salud física y mental. Especialmente grave es la situación que viven las trabajadoras en RÉGIMEN DE INTERNAS, que se encuentran en situación administrativa irregular y por tanto están más expuestas a soportar situaciones de abuso y explotación.
La Ley de Extranjería es un escollo más para estas mujeres que se ven abocadas a trabajar sin contrato y sin permiso de trabajo en SERVICIOS ESENCIALES como el trabajo del hogar y cuidados, sufriendo situaciones de EXPLOTACIÓN, ABUSO e INJUSTICIA SOCIAL permitidas por el Estado.
El próximo día 30 de marzo se conmemora el DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR y por ello la PLATAFORMA DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORAS DEL HOGAR Y CUIDADOS DE ANDALUCÍA invita al conjunto de administraciones públicas, a las organizaciones sociales y empresariales, a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad civil a sumarse a las siguientes demandas y reivindicaciones de las trabajadoras del hogar y cuidados:
1. Que se reconozca el valor social de los trabajos del hogar y de los cuidados.
2. Que se incorpore el derecho universal a los cuidados en la Constitución Española.
3. Que se garantice la efectiva ratificación del Convenio 189 de la OIT para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar y cuidados: cotizaciones por salarios reales, aplicación de la prevención de riesgos laborales, eliminación real del despido por desistimiento o de fórmulas como la “pérdida de confianza por parte de la persona empleadora”.
4. Que se derogue la modalidad de contratación en régimen de interna.
5. Que se garantice el acceso universal a los servicios de educación, sanidad y protección social de las personas trabajadoras del hogar y cuidados teniendo en cuenta específicamente, las enfermedades profesionales derivadas del trabajo del hogar y cuidados, la escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años de las personas en situación irregular y la protección social de las familias monomarentales.
6. Que se implante un sistema público integral de cuidados en cuyo desarrollo se impliquen los tres niveles de la administración pública y que cuente con la participación de las asociaciones y colectivos de las personas trabajadoras del hogar y cuidados, las organizaciones sociales, la academia y el conjunto de la sociedad civil. Dicho sistema debe dotarse de un fondo público mínimo que garantice su efectiva aplicación.
7. Que se promueva desde todas las instancias una nueva cultura del cuidado poniendo en marcha programas de información, formación y sensibilización dirigidos tanto al fomento de la profesionalización del sector como a la promoción de la corresponsabilidad social en los cuidados.
8. Que se generen espacios comunitarios de cuidados en nuestras ciudades y pueblos, que atiendan a la diversidad social y de necesidades de la población y faciliten el desarrollo de los cuidados colectivos: centros sociales para mujeres migradas, programas de movilidad y transportes compartidos, espacios verdes que estimulen el fomento de la autonomía personal, programas específicos de alquileres de viviendas en régimen cooperativo, etc.
9. Que se desarrollen en el sistema educativo programas dirigidos al alumnado y al conjunto de la comunidad educativa que contemplen la sensibilización y formación sobre los trabajos del hogar y cuidados, el fomento de la corresponsabilidad social en los cuidados y la diversidad de las familias actuales, así como la formación del personal de los centros educativos en herramientas que promuevan la interculturalidad y prevengan comportamientos o conductas racistas.
10. Que se promueva un Pacto Social por los Cuidados por la dignificación del trabajo del hogar y los cuidados y la valorización social de los mismos. Este Pacto debe dotarse con los fondos públicos suficientes para atender todas las políticas, programas y proyectos que se deriven de su aplicación y en su financiación deben participar los tres niveles de gobierno: estatal, autonómico y local en función de sus responsabilidades y competencias.
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