La plataforma Iglesia por el Trabajo Decente denuncia «la indolencia y pasividad de las instituciones públicas y empresarios» ante la negación de derechos a los trabajadores inmigrantes.

La mañana del viernes, 19 de febrero, amanecía con la noticia del incendio que, durante la madrugada, se había producido en el asentamiento junto al Polígono San Jorge de Palos de la Frontera, donde vivían unas 800 personas migrantes. Ante este nuevo desastre, la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente en Huelva, junto con el Secretariado Diocesano de Migraciones de nuestra diócesis, denunciaban, en un comunicado hecho público el pasado sábado, la situación en la que malviven estas personas y, en particular, la precariedad laboral a la que son sometidos.

Junto a asociaciones, colectivos y particulares, esta plataforma ha intentado responder, desde el primer momento, a la emergencia social atendiendo a las personas afectadas ofreciéndoles techo, alimento y ropa, reafirmando que “todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país”, por lo que ”cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad”, como expresa el papa Francisco, en su encíclica Fratelli tutti.

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