Monseñor Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la CEE, analiza en un decálogo, publicado en la revista Ecclesia el 6 de abril de 2019, los aspectos que están en juego para los ciudadanos en las próximas citas electorales.
Los españoles estamos llamados a las urnas para participar, en pocas semanas, en elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas.
«Cada cita electoral, cada etapa de la vida pública es una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de referencia que inspiran la justicia y el derecho. Cada uno puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa común» (Francisco, Mensaje en la Jornada Mundial de la Paz 2019).
Un voto libre y responsable ha de tener como punto de partida el conocimiento suficiente de los partidos en liza, su inspiración ideológica con los programas que la interpretan y la credibilidad de las personas que han de traducirlas a medidas de gobierno. El votante también valora cuál ha sido el comportamiento de partidos y personas en el ciclo político que concluye.
Por su parte, un elector cristiano, en su juicio, ha de tener en cuenta la luz de la fe, la enseñanza de la Iglesia y los imperativos éticos que de ellas dimanan. Se requiere, pues, un discernimiento de las opciones electorales aun sabiendo que ningún programa político agota las exigencias del Evangelio; tampoco puede esperarse de la política la salvación, ni de ningún programa de gobierno el establecimiento pleno de la justicia y el bien. El elector católico procurará inclinarse por aquel que, a su juicio, conduzca con mayor eficacia hacia el bien común de la sociedad aceptando que la misma fe cristiana puede conducir a compromisos políticos diferentes. (Cfr. Pablo VI Octogesima advenies) Muchas veces no habrá otra salida que la del bien posible, la del mal menor o la opción menos oscura, actitud siempre preferible a la de la indiferencia.
Ante las próximas elecciones, subrayo algunos asuntos de especial relevancia:
En sus 40 años de vigencia, la Constitución ha mostrado ser un instrumento válido para la convivencia entre los españoles. El respeto a las normas de convivencia política que en ella se establecen sigue siendo el cauce adecuado para abordar los diversos problemas y desafíos que se nos presen tan como sociedad. Incluso quienes propongan modificarla han de respetar el procedimiento legal establecido en ella.
En este cambio de época, la economía globalizada con sus grandes desajustes, la gran transformación tecnológica y la creciente capacidad de manipulación antropológica y de conciencia están suscitando problemas y generando caminos de supuesta solución que hacen crecer la inquietud y la desconfianza mutua entre personas y pueblos a escala mundial, europea y también entre nosotros.
Esta situación pide a los católicos y a todos los ciudadanos que quieran acompañarnos, un compromiso ético y de acción ciudadana que, más allá del importante y necesario derecho y deber del voto que ahora ejerceremos, extienda su acción, en ambientes e instituciones, a lo largo de toda nuestra vida social.
Por eso, en las elecciones próximas y en la acción ordinaria en la vida social y pública conviene tener en cuenta:
La dignidad sagrada de la vida humana desde su inicio a su fin natural. Esta promoción y defensa radical de la vida ha de ser un dique ante los abusos del «paradigma eficientista de la tecnocracia» (Laudato si’, 189) que afecta a la vida en todo su desarrollo. Hoy, se quiere dar por firme la dramática aceptación social del derecho al aborto y se promueve la eutanasia bajo el atractivo disfraz de muerte digna. La vida ha de ser protegida activamente y, en todo caso, promover el derecho-deber de la objeción de conciencia a los actos que quieran destruirla.
En una situación de grave crisis demográfica y con grandes zonas de nuestro territorio semiabandonadas, es imprescindible un apoyo claro y decidido a la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer abierto a la vida. Un apoyo que habrá de expresarse en el acceso a la vivienda, en particular a los jóvenes; en el reconocimiento –incluso económico– del trabajo doméstico y de los cuidados; en los beneficios fiscales, y de otro orden, especialmente a las familias numerosas; en el salario familiar, etc. Las zonas de la «España vacía» precisan un apoyo especial.
En este mismo contexto es muy importante una comprensión antropológica respetuosa del significado esponsal de la diferencia sexual y su vínculo con la transmisión de la vida que impregne la educación y la acción social. Es preocupante la reducción de la persona a individuo de una especie animal más y la confusión entre el necesario respeto y cuidado de los animales y su incipiente equiparación en dignidad y derechos con la persona humana.
Los cambios que la revolución tecnológica está provocando en tantos órdenes de la vida, la importancia de la conciencia, la libertad responsable y las actitudes necesarias para la convivencia, reclaman un gran esfuerzo en la calidad de la enseñanza. Ha de garantizarse el derecho de los padres a escoger el modelo de educación integral que desean para sus hijos, lo cual exige un apoyo equitativo a los centros de iniciativa social y una regulación satisfactoria de la enseñanza religiosa escolar. El artículo 27 de la Constitución es la expresión básica del pacto educativo que la sociedad española precisa.
La incipiente «salida de la crisis económica» se ha saldado con una extendida situación de precariedad laboral y de incertidumbres varias que dificultan la organización de la vida personal y familiar. Ante las nuevas situaciones, parece imprescindible buscar juntos un nuevo «pacto social». También parece necesario abordar la reforma del «Estado del bienestar». En ambos casos se ha de buscar el bien común y huir de la defensa de intereses corporativos o ideologizados que buscan rédito electoral a corto plazo. Son convenientes políticas que favorezcan la libre iniciativa social, la incorporación de los jóvenes a la vida laboral, el trabajo que asegure la renta familiar, la justa distribución de la riqueza y la moralidad en la vida económica, así como el cuidado del medio ambiente. Reclaman una especial atención los más desfavorecidos de la sociedad: pobres, inmigrantes, enfermos y ancianos que viven solos, etc.
Los inmigrantes, además de ser una llamada al reconocimiento de la dignidad humana y de la fraternidad universal que nos piden cuidar la acogida y la integración de los que llegan, nos recuerdan las obligaciones de nuestra nación con sus pueblos de procedencia, pues la solidaridad internacional es una exigencia del orden moral, más aún en una economía globalizada. La política ha de abordar las causas del problema migratorio y buscar ahí las posibles soluciones. Cáritas española ha presentado a los partidos unas propuestas sobre los asuntos de los puntos 5 y 6.
Los graves problemas surgidos en la organización territorial del Estado piden a los católicos y a todos los ciudadanos favorecer una «cultura del encuentro». Esta cultura se sostiene en un diálogo que tenga en cuenta el bien que ha supuesto nuestra convivencia de siglos y se desarrolle dentro del cauce de la ley y de las instituciones comúnmente aceptadas, en el horizonte de los desafíos globales que afectan a las nacionalidades y regiones de España. Tanto en el campo de la identidad nacional como en el de la identidad personal, el llamado «derecho a decidir» no es moralmente legítimo en sí mismo, pues supondría la absolutización de la voluntad de poder desvinculada de la moralidad del contenido de la decisión y del marco social e institucional donde se toman las decisiones. Si, además, el ambiente cultural en el que se promueve, de manera acrítica, tal autodeterminación está dominado por emociones y sentimientos, el riesgo de decidir en contra de la dignidad de la persona, de la justicia y del bien común es muy alto. Se entronizan los sentimientos y se reclaman como derechos.
La crisis global y el positivismo relativista que domina en la cultura occidental están poniendo en riesgo la democracia representativa que cada vez encuentra menos resortes para regenerarse. Por eso son tan importantes las fuentes de valor moral de carácter «pre-político». Entre éstas, destaca el factor religioso como integrante de los bienes de una sociedad. Por ello, es muy importante que los poderes públicos, desde una laicidad abierta y positiva, favorezcan la vida y expresión religiosa de los ciudadanos no solo en el ámbito privado sino en su acción pública en favor del bien común. También los creyentes han de comprometerse, pues «la política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad» (Francisco, Mensaje en la Jornada Mundial de la Paz 2019).
Europa como ámbito de paz y de promoción de los derechos fundamentales sigue siendo un proyecto donde los cristianos han de estar presentes. Quizá la «construcción europea» peque de exceso de burocracia y de resabios de ingeniería social en tantas de sus directivas; también de cierta cerrazón en la defensa de su situación privilegiada. No obstante, sigue siendo en el mundo un signo positivo de respeto a la dignidad y de organización de la convivencia entre las personas y los pueblos. La acogida de la vida y la solidaridad con otros ayudarían a reverdecer sus mejores raíces.
Ante alguno de los problemas de nuestras sociedades europeas, qué gran valor tiene que resuenen de nuevo con fuerza palabras fundantes de nuestra vida en común: «¡No matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás actos impuros! ¡Ama a tu prójimo como a ti mismo; la verdad nos hace libres, no podéis servir a Dios y al dinero; tratad a los demás como queréis que ellos os traten; sois hermanos!».
Las obligaciones cívicas de los ciudadanos no se extinguen con el ejercicio del voto en unas elecciones. Tras ellas, es obligado acatar el resultado, respetar las instituciones y seguir colaborando al bien del cuerpo social. Esto será difícil sin tener en cuenta lo que el Papa Francisco aconsejó el pasado 4 de marzo a un grupo de jóvenes políticos reunidos por la Pontificia Comisión para América Latina: «Ser católico en la política no significa ser un recluta de algún grupo, una organización o partido, sino vivir dentro de una amistad, dentro de una comunidad. Si tú al formarte en la Doctrina Social de la Iglesia no descubres la necesidad en tu corazón de pertenecer a una comunidad de discipulado misionero verdaderamente eclesial, en la que puedas vivir la experiencia de ser amado por Dios, corres el riesgo de lanzarte un poco a solas a los desafíos del poder, de las estrategias, de la acción, y terminar en el mejor de los casos con un buen puesto político pero solo, triste y con el riesgo de ser manipulado».
Pidamos al Señor que nos ilumine y a la Inmaculada Concepción y a Santiago apóstol que intercedan por nosotros para que nuestro voto sea responsable y libre y las elecciones que se anuncian contribuyan a la paz y al bien común de nuestro pueblo.
Luis J. Argüello
Obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la CEE
(Descarga aquí el artículo de la revista Ecclesia en pdf)
