La exclusión social avanza en la Región de Murcia, según el informe de la Fundación FOESSA de Cáritas presentado esta mañana.
Cáritas Diócesis de Cartagena y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) han presentado hoy los resultados del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Región de Murcia, en el que se constata que la vulnerabilidad se cronifica y que más de 320.000 personas, un 20 % de la población, sufren exclusión social en sus distintas manifestaciones.
El obispo de Cartagena y presidente de Cáritas Diocesana, Mons. José Manuel Lorca Planes, resaltaba ante esta realidad que «tenemos mucho trabajo que hacer, tanto las instituciones como cada uno de nosotros», en especial los cristianos, porque «la invitación que hace el Evangelio es abrir posibilidades y crear nuevos horizontes de esperanza». En este aspecto, ha destacado el trabajo de la Iglesia a través de Cáritas en la lucha contra la pobreza, donde numerosas personas «están trabajando como voluntarios, conociendo los rostros de la gente que sufre y que tiene unas necesidades cada vez mayores».
El director de Cáritas Diocesana, Jesús Martínez-Pujalte López, subrayaba el rigor científico de los datos ofrecidos. «Este informe nos interpela y nos involucra en la lucha contra esa discriminación; la radiografía que nos ofrece debe animarnos a que todos asumamos en lo personal, en lo comunitario y en lo político la cuota de responsabilidad que tenemos en la construcción de oportunidades».
Los motores de la exclusión
La socióloga Marina Sánchez-Sierra Ramos, miembro del equipo técnico de la Fundación FOESSA y del equipo de estudios de Cáritas Española, ha presentado las conclusiones del informe, entre ellas que «no fallan las personas, sino que falla el sistema»: 3 de cada 4 hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, pero «este esfuerzo choca una y otra vez con barreras estructurales», de manera que los hogares que luchan por salir de la pobreza se encuentran con recursos insuficientes y respuestas poco adaptadas a su situación real.
Según los datos, el «epicentro de la desigualdad» en la Región de Murcia es la vivienda, con un 23 % de la población afectada por algún rasgo de exclusión residencial. La subida del precio de la vivienda y de los alquileres ha provocado que un 46 % de las personas inquilinas se encuentren en riesgo de pobreza y que 86.000 hogares destinen tantos recursos al pago de la vivienda y de suministros que, una vez realizado el pago, «quedan por debajo del umbral de la pobreza severa».
El segundo gran motor para la exclusión que apunta el informe FOESSA es el empleo, con un 11,6 % de los hogares murcianos, en los que viven 188.000 personas, afectados por problemas de exclusión en este ámbito. Algo que sucede no solo entre quienes se encuentran en situación de desempleo, sino también entre trabajadores: «Tener trabajo reduce el riesgo de exclusión, pero ya no lo elimina; el estancamiento de los salarios, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social» y que se traduzca en muchas ocasiones en situaciones de parcialidad involuntaria o inestabilidad laboral grave.
Además, un 26 % de la población de la Región de Murcia (unas 400.000 personas) se encuentra en riesgo de pobreza, un porcentaje notablemente superior al 19 % que presenta el conjunto de España. Una tasa que, desde 2018, se mantiene de forma sistemática por encima del 24 %, lo que supone una cronificación de la pobreza. A esto se suma que un 42 % de la población no puede afrontar gastos imprevistos.
El informe apunta que el sistema de garantía de ingresos no cubre estas necesidades: el Ingreso Mínimo Vital solo llega al 56 % de las personas en pobreza severa en la Región de Murcia, y el 57 % de los hogares en pobreza señalan no haber recibido información suficiente acerca de este ingreso.
Los datos también arrojan una «estructura relacional cada vez más desigual y erosionada» en la Región de Murcia. El aislamiento social se mantiene en niveles relativamente bajos en los hogares integrados, pero afecta al 15 % de los que sufren exclusión. También se ha visto afectada la solidaridad entre hogares: el porcentaje de aquellos que dan algún tipo de ayuda, mutuo o unilateral, se ha desplomado del 64 % en 2018 al 44 % en 2024. Se reivindica así la necesidad de reforzar el tejido relacional: «Donde hay vínculos, la exclusión se vuelve reversible; donde se rompen, la exclusión se acelera».
En el ámbito de la salud, más de 220.000 personas tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente, a los servicios y productos sanitarios que precisan, o a una atención médica adecuada para problemas de salud crónicos o graves. La población en exclusión severa, además, presenta una prevalencia de trastornos de salud mental del 10,8 %, frente al 1,7 % de quienes se encuentran integrados.
Los rostros de la pobreza
En cuanto a los perfiles que concentran la exclusión social en la Región de Murcia, las personas de nacionalidad extranjera presentan tasas de exclusión social 2,6 veces por encima de las de nacionalidad española (un 43 % frente a un 16 %).
La infancia y juventud también se ve especialmente afectada: los hogares con dos o más menores sufren una exclusión (32,7 %) que multiplica por dos la de los hogares formados solo por adultos (17 %); y los jóvenes, debido a la inestabilidad laboral y al difícil acceso a la vivienda, viven una «transición a la adultez más larga y frágil, con emancipaciones tardías o inviables».
También los hogares encabezados por una mujer presentan tasas de exclusión más altas, con un 23 % frente al 19 % cuando los encabeza un hombre. Una brecha que se amplifica al añadir la carga de cuidados, la posición laboral y el acceso a la vivienda. «En conjunto, estos rostros muestran que la exclusión social en la Región de Murcia no es un fenómeno disperso, sino socialmente concentrado que reproduce desigualdades que se acumulan y se transmiten».
Tres pilares para un «cambio de rumbo»
El informe plantea frente a este escenario un «cambio de rumbo: reconocernos interdependientes, porque nadie sostiene una vida digna en soledad, y ecodependientes, porque no hay bienestar posible sin una casa común habitable».
Para hacer posible este cambio el informe propone tres pilares fundamentales: una sociedad civil activa, «capaz de tejer vínculos, sostener a quienes quedan al margen y exigir respuestas colectivas»; unas instituciones públicas fuertes «que impulsen políticas coherentes en vivienda, empleo, migración, protección social o fiscalidad con un propósito claro: que nadie quede atrás»; y una clase política «valiente, capaz de mirar más allá del corto plazo electoralista y de construir consensos amplios a la altura de los desafíos que enfrentamos».
Por último, Sánchez-Sierra destacaba que «el informe nos sitúa ante una elección colectiva. Podemos seguir por el camino actual, marcado por el individualismo, la desigualdad y la insostenibilidad, que nos conduce a una sociedad del miedo, o podemos apostar por un cambio de rumbo valiente y compartido, capaz de construir un imaginario social basado en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad común». Para Cáritas y FOESSA, concluía, este segundo camino «no solo es posible, sino imprescindible».
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