La Mesa Diocesana de Atención y Acogida de Migrantes y Refugiados de Cádiz y Ceuta denunció a través del Círculo de Silencio del mes de mayo las muertes de migrantes en el mar y las “peligrosas operaciones” para impedir que solicitantes de asilo crucen las fronteras.
Reunidos, como es costumbre, en la Plaza de la Catedral de Cádiz, a través de la lectura de un manifiesto se puso como ejemplo el suceso del pasado 26 de abril en el que un avión del Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR), del ejercito del aire, localizó un cayuco a la deriva a 490 kilómetros al suroeste del El Hierro. Dicho cayuco, arrastrado océano adentro por el viento y las fuertes corrientes, albergaba en su interior una de las mayores tragedias acontecidas en Canarias desde agosto del año pasado. Se encontraron 17 cadáveres y tan sólo 3 supervivientes, quedándose en el mar una mayor parte de las víctimas.
Además, se desconoce el paradero de al menos 5 cayucos más, los cuales partieron desde Mauritania con un total de 283 personas a bordo. Así lo ha manifestado una portavoz de Caminando Fronteras, ONG española cuya labor es la de avisar a las autoridades cuando alguna patera se encuentra a la deriva para facilitar su rescate.
Por otro lado, se denunció “una realidad injusta que no puede quedar impune”. La semana pasada el prestigioso diario británico The Guardian publicaba un extenso artículo de investigación en el que analiza cómo los estados miembros de la Unión Europea ha realizado “peligrosas operaciones” para impedir que casi 40.000 solicitantes de asilo cruzaran las fronteras europeas.
“Se tratan de ‘operaciones peligrosas’ de devoluciones ‘en caliente’ que están directamente relacionadas con la muerte de más de 2.000 personas, según revela The Guardian en su investigación”.
Así, se asegura desde el Círculo de Silencio que “con el apoyo de la agencia de fronteras de la UE (Frontex), los países europeos son responsables de una de las mayores operaciones de expulsiones masivas de las últimas décadas. Entre las tácticas ilegales empleadas para rechazar sistemáticamente a miles de inmigrantes, incluidos niños que huyen de las guerras, se encuentran agresiones y el maltrato durante el arresto o traslado de las personas devueltas”.
Según uno de los principales expertos italianos en inmigración y derechos humanos, Fulvio Vassallo, “los últimos informes sugieren un aumentos en las muertes de migrantes que intentan llegar a Europa y, al mismo tiempo, un incremento en la colaboración entre países de la UE y países extracomunitarios, como Libia, por lo que han fracasado varias operaciones de rescate”.
Vassallo opina que “en las muertes en el mar desde el comienzo de la pandemia están directa o indirectamente relacionadas con el planteamiento de la UE de cerrar todas las entradas a Europa y la creciente política de externalización del control migratorio hacia países como Libia”.
Pese a la caída en las cifras de llegadas de migrantes, Italia, Malta, Grecia, Croacia y España han intensificado desde enero de 2020 su línea dura en política migratoria. Desde que comenzaron los controles parciales o totales de fronteras para contener la propagación del coronavirus, estos gobiernos han actuado de manera dura, injusta y vulnerando de manera sistemática los derechos humanos de los migrantes que intentan llegar a Europa.
Las prácticas ilegales más comunes que realizan estos países son:
- Pagar a países extracomunitarios o contratar barcos privados con el objetivo de interceptar embarcaciones en peligro en alta mar y llevar de vuelta a los pasajeros a centros de detención.
- Se repiten una y otra vez las denuncias de personas abandonadas en el mar, golpeadas, robadas, desnudadas en las fronteras y agredidas sexualmente en Croacia.
- Se han propinado palizas excesivas y prolongadas en Grecia.
- Se han ignorado llamadas de socorro de embarcaciones de migrantes por parte de Italia y Libia.
Por todo ello, el silencio de la Mesa Diocesana de Atención y Acogida de Migrantes y Refugiados de Cádiz y Ceuta de este mes simbolizó el rechazo a las prácticas inhumanas y a las políticas de control de fronteras que vulneran sistemáticamente los derechos humanos, el respeto a la vida y a la dignidad de las personas migrantes.
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