La Mesa Diocesana de Atención y Acogida de Migrantes y Refugiados de Cádiz y Ceuta, llevó al Círculo de Silencio del mes de abril la última tragedia ocurrida en la ruta migratoria canaria.
El pasado domingo un cayuco fue localizado por un pesquero cuando navegaba a 120 millas al sur de la isla de El Hierro, perdido en la inmensidad del océano. Viendo la precariedad del estado de las personas que lo ocupaban, los pescadores les lanzaron agua y galletas, permaneciendo junto a ellos en la zona hasta la llegada de los servicios de rescate.
Los migrantes que han sobrevivido contaron que habían salido de Nuakchot, en Mauritania, hacía 18 días, con 69 personas en la embarcación. Cuando llegaron los servicios de rescate encontraron a 23 personas subsaharianas a bordo del cayuco, de las cuales 4 habían fallecido, otras 6 se encontraban en muy mal estado y fueron evacuadas en primer lugar en helicóptero, y otros 10 ocupantes de diversa gravedad fueron trasladados por un segundo helicóptero. Con estos 4 fallecidos son ya 47 las personas muertas en este 2021 en su intento de llegar a las costas de las Islas.
Así, reunidos, como es costumbre, en la Plaza de la Catedral de Cádiz, a través de la lectura de un manifiesto se denunció “el bloqueo” de migrantes en Canarias, que convierte a las islas en un lugar de “vulneración de derechos”.
El informe Migraciones Canarias, emergencia previsible, elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), defiende que la acogida de migrantes en campamentos no recoge una “estrategia de inclusión, sino de retención de las personas”.
En este sentido, se aseguró que “lo más lamentable es que la situación que se está viviendo en Canarias era previsible. Ya en febrero de 2019, FRONTEX publicó un informe en el que advertía de un aumento de las llegadas a Canarias desde África Occidental”. Así, cuando la llegada de pateras y cayucos aumentaron de manera drástica en 2020, el sistema de acogida de Canarias “no estaba preparado para su recepción”, convirtiendo el incremento de llegadas en una “crisis humanitaria”. “El campamento precario instalado en el muelle de Arguineguín, que hacinó durante meses y meses a miles de migrantes fue la mejor representación del fracaso en la gestión de llegadas y de la política de contención en las islas. La falta de asistencia letrada a pie de puerto, la retención de más de 72 horas por falta de plazas de acogida, entre otras, fueron algunas de las vulneraciones de derechos identificadas en el muelle de Arguineguín, llamado el ‘muelle de la vergüenza’”.
Por otro lado, el Círculo de Silencio de Cádiz y Ceuta demandó protección para las personas y colectivos que defienden los derechos de los migrantes y refugiados en la Frontera Sur. En este sentido, denunció la expulsión de Helena Maleno de Marruecos. La periodista y activista española, defensora de los derechos humanos, llevaba dos décadas viviendo en Marruecos y actualmente ejercía de portavoz del colectivo Caminando Fronteras, desde el que ayudan a migrantes que se encuentran en dificultades en el mar durante su viaje a España. Maleno fue deportada a Barcelona en enero de este año, cuando llegó al aeropuerto de Tánger, ciudad en la que reside con sus dos hijos desde más de 20 años. Tres meses después, ha hecho público todo lo ocurrido para exigir al Gobierno de España una “protección eficaz” y “la reparación después del hostigamiento y la persecución sufrida por ella y su familia en Marruecos, a raíz de un informe policial sobre su labor, enviado por España a las autoridades marroquíes.
Son muchos los colectivos que han mostrado su repulsa a este hecho y su solidaridad con Helena. La Iglesia, a través de la Red Migrantes con Derechos, también ha pedido justicia para Helena y pide al Gobierno, junto a otras organizaciones, que cese la criminalización de la activista y se proteja a ella y a su familia.
Por todo ello, el silencio de la Mesa Diocesana de Atención y Acogida de Migrantes y Refugiados de Cádiz y Ceuta de este mes se mostró como un signo de solidaridad con los migrantes que están sufriendo en Canarias y con Helena Maleno porque, según afirmaron, “creemos que proteger la vida de los demás no es un delito sino un deber”.
