El obispo ha establecido la creación de la Comisión diocesana de protección del menor y de las personas vulnerables.
Después de crear el pasado 21 de febrero la respectiva “oficina” al
frente de la cual se encuentra el sacerdote Domingo Navarro Mederos,
ahora los miembros de esta Comisión, que han de tener competencias
profesionales principalmente en las siguientes áreas: Psicología, en
Diálogo Pastoral y Acompañamiento Espiritual, en Derecho canónico y
Derecho Civil, vienen a completar el funcionamiento de este servicio.
«Consciente de que -como señala el Papa- los delitos de abuso sexual
ofenden a Nuestro Señor causan daños físicos, psicológicos y
espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles y
de que, para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se
necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada
de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia» –
tal y como recoge el decreto episcopal.
La normativa busca facilitar que las personas que tienen conocimiento o
se han visto afectadas por estos abusos puedan denunciar o informar a la
Iglesia, para garantizar así que se estudien convenientemente las
informaciones recibidas y se tomen oportunamente las medidas necesarias,
evitando el silenciamiento y ocultamiento de estos delitos cuando se
producen.
En este sentido, corresponde al director de la oficina recibir
eventuales denuncias e informaciones relativas a su ámbito de
competencia, para lo cual se ha habilitado un número de teléfono
exclusivo para este fin, el 627 273 006.
La Comisión tiene, entre otras funciones, las de: Proponer un protocolo
diocesano de prevención y actuación frente a los abusos sexuales a
menores y personas vulnerables, revisar su aplicación en la Diócesis,
presentar al Obispo propuestas para su mejora donde sea necesario, velar
para que todas las instituciones y ámbitos eclesiales católicos que
desarrollan su tarea pastoral en el territorio de la Diócesis sean un
lugar seguro libre de abusos sexuales, estudiar las novedades en la
legislación civil y canónica, presentar propuestas para su aplicación,
así como estudiar las medidas de acogida, acompañamiento y ayuda
pertinente a las víctimas de abuso.
